Regula algunos aspectos del Sistema Único de Información -SUI- precisando que las personas prestadoras de servicios públicos a que se refiere la Ley 142 de 1994 deben reportar la información a través del Sistema Único de Información-SUI, de acuerdo con las variables definidas en la Resolución 13092 de 2002 de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y, en consecuencia, no deberán seguir reportando información al Sistema Sívico.
 

Establece los parámetros para la publicación de documentos a través de los medios electrónicos de consulta externa de la Superintendencia, relacionados con el Sistema de Gestión Documental, ORFEO, y la página web de la Entidad.
 

Emite concepto cuando una empresa de servicios públicos no ha celebrado contrato verbal o escrito, para que se le preste los servicios de acueducto y aseo a una persona propietaria de un inmueble.
 

Determina la procedencia de cobros retroactivos por concepto de incentivo a la disposición final y la aplicación del artículo 150 de la ley 142 de 1994 y si en caso de proceder dichos cobros retroactivos, dichos costos pueden ser trasladados por el respectivo operador del servicio de recolección y transporte, y por ende a los usuarios finales del servicio público de aseo.
 

Solicita la actualización y reporte de los Planes de Emergencia y Contingencia de los prestadores de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, y se señalan la forma, formularios y formatos para el reporte de dichos planes a través del Sistema Único de Información - SUI.
 

La presente resolución aplica a todas las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado en el territorio nacional, a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios de acueducto y alcantarillado.
 

Adopta el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. Modificó el artículo 227 de la Ley 1753 del 2015, en el sentido de fortalecer el ejercicio de las funciones de la superintendencia de servicios públicos domiciliarios. En la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios seguirá funcionando, con vocación de permanencia, el Fondo Empresarial creado por la Ley 812 del 2003, a través de un patrimonio autónomo cuyo ordenador del gasto será el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios. Este Fondo podrá financiar a las empresas en toma de posesión para: 1) pagos para la satisfacción de los derechos de los trabajadores que se acojan a los planes de retiro voluntario y en general las obligaciones laborales y, 2) apoyo para salvaguardar la prestación del servicio. Igualmente, podrá contratar y/o apoyar el pago de las actividades profesionales requeridas en áreas financieras, técnicas, legales y logísticas a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a la empresa objeto de toma de posesión, así como los estudios necesarios para determinar la procedencia de dicha medida y las medidas preventivas de acuerdo con lo establecido en la Ley 142 de 1994.
 

Dicta medidas temporales para garantizar la prestación de los servicios públicos domiciliarios ante la declaratoria de emergencia sanitaria asociada al COVID-19.
 

Da recomendaciones a los gobernadores y alcaldes para garantizar la movilidad y obligación de brindar protección al personal adscrito a la prestación de los servicios públicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado, Aseo, Energía Eléctrica, Gas Natural y Gas Licua-do de Petróleo (GLP) ante la declaratoria de emergencia sanitaria asociada al COVID-19.
 

Acciones preventivas y contingentes para mantener la calidad y continuidad en la prestación de los servicios públicos esenciales de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, en el marco de las medidas de emergencia nacional asociadas al COVID-19.
 

Compila las normas y comportamientos esperados por parte de los prestadores en la aplicación de la normatividad expedida por el Gobierno Nacional y las Comisiones de Regulación en el marco de la Emergencia Sanitaria y el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el Territorio Nacional.
 

Establecen los aspectos para aplazar la publicación en el SUI de las toneladas efectivamente aprovechadas cuando se presenten inconsistencias en la calidad de la información reportada por los prestadores de la actividad de aprovechamiento, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, y en especial las conferidas por el artículo 53, nuevo, 79 numerales 1, 4, 8, 22, 36 de la Ley 142 de 1994.
 

Mantiene la medida de suspensión de la atención presencial al público en todas las sedes y puntos de atención de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
 

Habilita un esquema de reporte temporal de información financiera y operativa a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios durante las emergencias sanitaria, económica, social y ecológica de que trata el Decreto 417 de 2020.
 

Reanuda los términos procesales de todas las actuaciones administrativas en curso en todas las dependencias de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, sus-pendidos mediante la Resolución No. SSPD- 20201000009755 del 25 de marzo de 2020, desde el día jueves dos (2) de abril de 2020, fecha a partir de la cual, inclusive, correrán los términos para todos los efectos de ley. Se exceptúa de esta medida los términos procesa-les relacionados con la publicidad de los actos emitidos en el marco de las actuaciones administrativas que cursan en la Dirección General Territorial y en las Direcciones Territo-riales de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en cuyos expedientes no obre la dirección de correo electrónico que hagan posible la comunicación y/o notificación de las decisiones, de trámite o de fondo, que puedan generarse durante el procedimiento. Igualmente, suspende la atención al público de manera presencial en todas las sedes de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios hasta el día lunes trece (13) de abril de 2020, inclusive, para lo cual se dispondrán de todos los canales virtuales habilitados por la entidad para recibir peticiones, consultas y demás solicitudes ciudadanas.
 

Exceptúa de esta medida los términos procesales relacionados con la publicidad de los actos emitidos en el marco de las actuaciones administrativas que cursan en la Dirección General Territorial y en las Direcciones Territoriales de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en cuyos expedientes no obre la dirección de correo electrónico que hagan posible la comunicación y/o notificación de las decisiones, de trámite o de fon-do, que puedan generarse durante el procedimiento. Si las partes suministran un correo electrónico al cual se pueda efectuar la notificación, se levantará la suspensión de térmi-nos y se aplicará lo previsto en el artículo 1 de la Resolución SSPD No. 20201000009965 del 1 de abril de 2020. Extender la suspensión de atención presencial al público en todas las sedes de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a la que se refiere el artículo 2º de la Resolución SSPD No. Resolución No. 20201000009965 del 1 de abril de 2020, hasta el 26 de abril de 2020, inclusive.
 

Prorroga la suspensión de términos para las actuaciones disciplinarias que cursan en la Oficina de Control Disciplinario, la atención al público de manera presencial en todas las sedes y puntos de atención de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios hasta el treinta (30) de junio de 2020 y reanuda los términos procesales relacionados con la publicidad de los actos emitidos en el marco de las actuaciones administrativas que cursan en la Dirección General Territorial y en las Direcciones Territoriales de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
 

Establece la tarifa para el año 2021 de la contribución especial a la cual se encuentran sujetos los prestadores de servicios públicos domiciliarios y/o quienes desarrollen las actividades complementarias a dichos servicios, definidas en las Leyes 142 y 143 de 1994 y se dictan otras disposiciones
 

Reglamenta el reporte de información de costos medios por inversiones ambientales adicionales para la protección de cuencas y fuentes de agua al Sistema Único de Información (SUI) que deben efectuar los prestadores del servicio público domiciliario de acueducto a los que les aplica la presente resolución, mediante el Sistema Único de Reporte de Información de Cálculo Tarifario (Suricata).
 

Exhortan a todas las empresas del sector a cumplir con su deber de garantizar una medición precisa, fiable y real. Cualquier desviación de la normativa en perjuicio de los usuarios será considerada un incumplimiento grave y estará sujeta a las acciones de control pertinentes. No pueden aceptarse prácticas que comprometan la transparencia o la justicia en la facturación de servicios eléctricos. La confianza de los usuarios, tanto en las empresas como en los organismos de control, y la integridad del sistema dependen de nuestra capacidad para asegurar que los consumos de los usuarios se midan correctamente. Insisten sobre la obligación que impone la ley de determinar el consumo facturable al usuario a través de instrumentos de medida idóneos y que, por regla general, debe hacerse de manera individual. Si bien existen casos excepcionales en los cuales puede determinarse el consumo facturable mediante las formas de estimación que permite la ley, es obligación de las empresas justificar plenamente, con todo el soporte probatorio, que la determinación del consumo facturable al usuario no fue posible hacerse a través de su equipo de medida individual por causas ajenas a la empresa. Justificación que, a criterio de esta Superintendencia, debe presentarse por cada uno de los periodos en que se estime el consumo.
 

Adopta las directrices de contratación que deben implementar los agentes especiales y los liquidadores las empresas de servicios públicos domiciliarios con capital público, intervenidas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en el marco de la toma de posesión y la orden de liquidación.
 

Establece el reporte de información técnico-operativa sobre las condiciones de prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, en relación con el inicio y terminación del fenómeno de La Niña. Lo anterior, con el fin de realizar seguimiento a las condiciones de prestación, así como a las medidas adoptadas por las empresas para garantizar la calidad y continuidad en la prestación de estos ante la ocurrencia de dicho fenómeno climático.
 

Fija la tarifa de la contribución especial que los contribuyentes deben pagar en el año 2025, en el uno por ciento (1%) de la base gravable establecida para la vigencia.
 

Fija el plazo para la presentación del informe de Auditoría Externa de Gestión y Resultados (AEGR) para los Auditores Externos y/o responsables del Control Interno de los servicios públicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.