Regula algunos aspectos del Sistema Único de Información -SUI- precisando que las personas prestadoras de servicios públicos a que se refiere la Ley 142 de 1994 deben reportar la información a través del Sistema Único de Información-SUI, de acuerdo con las variables definidas en la Resolución 13092 de 2002 de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y, en consecuencia, no deberán seguir reportando información al Sistema Sívico.
 

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios es una entidad descentralizada de carácter técnico, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonial, adscrita al Departamento Nacional de Planeación. (Artículo 1.2.1.2)
 

Modifica parcialmente la Resolución SSPD 20101300048765 del 14 de diciembre de 2010, respecto de la información a cargar en el Sistema Único de Información - SUI, por parte de las alcaldías municipales y distritales, y autoridades ambientales, y se derogan los cargues de información de gobernaciones y gestores departamentales
 

Indica el Trámite de las solicitudes de viabilidad y disponibilidad de los servicios de acueducto y alcantarillado
 

Reglamenta el reporte de información de costos medios por inversiones ambientales adicionales para la protección de cuencas y fuentes de agua al Sistema Único de Información (SUI) que deben efectuar los prestadores del servicio público domiciliario de acueducto a los que les aplica la presente resolución, mediante el Sistema Único de Reporte de Información de Cálculo Tarifario (Suricata).
 

Actualiza y adopta el Programa de Gestión Documental, como instrumento archivístico de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Dicho programa se implementará en todas las dependencias y grupos internos de trabajo de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en el desarrollo sistemático de los procesos de gestión documental con el fin de lograr la planificación, procesamiento, manejo y organización de la documentación producida y recibida, desde su origen hasta su destino final, para facilitar su uso, conservación y preservación de acuerdo con el cronograma establecido para ello.
 

Exhortan a todas las empresas del sector a cumplir con su deber de garantizar una medición precisa, fiable y real. Cualquier desviación de la normativa en perjuicio de los usuarios será considerada un incumplimiento grave y estará sujeta a las acciones de control pertinentes. No pueden aceptarse prácticas que comprometan la transparencia o la justicia en la facturación de servicios eléctricos. La confianza de los usuarios, tanto en las empresas como en los organismos de control, y la integridad del sistema dependen de nuestra capacidad para asegurar que los consumos de los usuarios se midan correctamente. Insisten sobre la obligación que impone la ley de determinar el consumo facturable al usuario a través de instrumentos de medida idóneos y que, por regla general, debe hacerse de manera individual. Si bien existen casos excepcionales en los cuales puede determinarse el consumo facturable mediante las formas de estimación que permite la ley, es obligación de las empresas justificar plenamente, con todo el soporte probatorio, que la determinación del consumo facturable al usuario no fue posible hacerse a través de su equipo de medida individual por causas ajenas a la empresa. Justificación que, a criterio de esta Superintendencia, debe presentarse por cada uno de los periodos en que se estime el consumo.
 

Establece las fechas para el cargue de Información Financiera anual con corte a 31 de diciembre de 2023 a todas las personas prestadoras de servicios públicos domiciliarios.
 

Imparte recomendaciones sobre las obligaciones de las autoridades departamentales y municipales frente a la promoción, conformación y fortalecimiento de los Comités de Desarrollo y Control Social.