Conceptúa respecto de los programas y talleres incluidos en los Planes Institucionales de Capacitación, cuya temática sea la formación en materia de negociación colectiva, especialmente, referente a los capacitadores y el monto máximo destinado para pago, estableciendo que es un deber de la entidad identificar los capacitadores internos, externos o centros de enseñanza que cumplan los criterios pedagógicos para brindar las capacitaciones y que no existe en la Ley un límite de presupuesto que deba ser observado para este tipo de actividades.
 

Confirma las funciones de la Secretaría Jurídica Distrital de acuerdo a sus competencias y funciones básicas en asuntos normativos a nivel Distrital, en relación a la pregunta en referencia señala como una de las funciones de la Subsecretaría Jurídica Distrital, intervenir y proponer fórmulas de arreglo directo cuando surjan conflictos entre los organismos y entidades distritales y que para el caso en concreto de tratarse de un conflicto distinto al anterior, es decir, entre un ciudadano o un usuario y la ETB, se debe acudir en primer lugar, a la misma Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá ETB, presentando sus peticiones, quejas o recursos en las oficinas físicas, oficinas virtuales, la línea gratuita de atención al usuario, Oficina de Defensoría del Cliente, exclusivamente para atender los casos extremos de fallas en el servicio.
 

Las normas sobre sismo resistencia contenidas en el Acuerdo Distrital 20 de 1995, fueron derogadas con ocasión de la expedición de la Ley 400 de 1997, que de forma expresa de-rogó el Decreto Nacional 1400 de 1984. En ese sentido, por disposición del artículo 2 de la Ley 400 de 1997, modificado por el artículo 183 del Decreto Ley 019 de 2012, ninguna autoridad distrital podrá expedir ni exigir el cumplimiento de normas técnicas o de construcción en materia de sismo resistencia diferentes a las contempladas en dicha Ley ni en las disposiciones que la reglamenten, ni siquiera las contenidas en el Acuerdo Distrital 20 de 1995 que versen sobre dichas materias de sismo resistencia, por cuanto tal y como se ha expuesto en precedente, el propósito de la Ley 400 de 1997 es adoptar disposiciones y dictar normas para la construcción de edificaciones sismo resistentes, tal y como lo precisó claramente la Corte Constitucional en la Sentencia C-193 de 2006.
 

Emite concepto jurídico frente a la vigencia del Decreto Distrital 166 de 2010 "Por el cual se adopta la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones", teniendo en cuenta la posterior entrada en vigencia del Acuerdo Distrital 584 de 2015 Por medio del cual se adoptan los lineamientos de la política pública de mujeres y equidad de género en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones.
 

Informa sobre la vigencia del Acuerdo Distrital 642 de 2016 Por el cual se autoriza al Alcalde Mayor en representación del Distrito Capital para participar, conjuntamente con otras entidades descentralizadas del orden Distrital, en la constitución de la Empresa Metro de Bogotá S.A., se modifican parcialmente los Acuerdos Distritales 118 de 2003 y 257 de 2006, se autorizan compromisos presupuestales y se dictan otras disposiciones en relación con el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá.
 

Emite concepto jurídico sobre la existencia en la legislación colombiana de las Entidades sin Ánimo de Lucro de Hecho.
 

Precisa que los edificios o conjuntos sometidos a régimen de propiedad horizontal en la ciudad de Bogotá D.C., son personas jurídicas de naturaleza civil, sin ánimo de lucro, y que para su administración se hace necesaria la designación de una persona natural o jurídica, quien hará las veces de representante legal. En este caso dicha representación legal, será ejercida por el denominado administrador, el cual será designado por la asamblea de propietarios o en caso de que exista un consejo administrador, será este el que realice dicho nombramiento. No obstante, es pertinente resaltar, que en caso de que sea una persona jurídica la designada como administradora del edificio o conjunto sometido a régimen de propiedad horizontal, será el representante de esta, quien a su vez se desempeñará como representante legal de los inmuebles sometidos a propiedad horizontal.
 

Las inhabilidades constituyen una clara limitación al derecho a la igualdad y al reconocimiento de la personalidad jurídica de las personas que resultan rechazadas del ámbito contractual del Estado, en el sentido de que no accedan a la contratación estatal como colaboradores en la consecución de los fines propios del Estado. Aunado se reitera que el régimen de inhabilidades e incompatibilidades para contratar con el estado, se encuentra consagrada en las Leyes 80 de 1993, 1474 de 2011 y 1778 de 2016, así como en las que las modifiquen o complementen.
 

Respuesta a solicitud de concepto sobre facultades del Alcalde Mayor para devolver las ternas de los alcaldes locales elaboradas por las Juntas Administradoras Locales.
 

Resuelve consulta acerca de la Política Pública Distrital de Comunicación Comunitaria adoptada mediante el Decreto Distrital 150 de 2008.
 

Conceptúa respecto a las actividades que deben desarrollarse al interior de la entidad para la atención de los derechos de petición presentados de manera anónima y verbal.
 

Concluye que los Decretos Distritales 1853 de 1983, 325 de 1992 y 736 de 1993 no se encuentran vigentes, porque de acuerdo con el artículo 91.2 de la Ley 1437 de 2011 han perdido fuerza ejecutoria. Esto en razón a que el artículo 481 del Decreto Distrital 190 de 2004 derogó expresamente el Acuerdo 6 de 1990 y sus reglamentarios, entre ellos los mencionados Decretos.
 

Con la expedición del Acuerdo 740 de 2019 Por el cual se dictan normas en relación con la organización y el Funcionamiento de las Localidades de Bogotá, D.C., se entienden derogados los anteriores Acuerdos del Concejo de Bogotá y/o Decretos del Alcalde Mayor, mediante los cuales se realizaba reparto de competencias y/o delegación de funciones a los Alcaldes Locales o Juntas Administradoras Locales, en especial lo pertinente en el Acuerdo 06 de 1992, Decreto 854 de 2001, Decreto 610 de 2010 y todos los demás Acuerdos, Decretos y Resoluciones mediante los cuales, antes de la vigencia del Acuerdo 740 de 2019, se realice tal delegación de funciones y competencias.
 

Tratándose de contratos de prestación de servicios profesionales, la idoneidad del futuro contratista está supeditada a la acreditación de su formación profesional a través del título de idoneidad o profesional, y al cumplimiento de los requisitos que el ordenamiento jurídico exige para el ejercicio de estas, requisitos que de no ser verificados por la entidad pública, vulnerarían el principio de selección objetiva para adelantar esta modalidad de contratación.
 

Señala el régimen de inhabilidades e incompatibilidades para las personas que aspiren a ser elegidos como diputados, concejales o ediles en el Distrito Capital, así como el término en que deben desvincularse los contratistas para poder ser elegidos en estas corporaciones.
 

Precisa que la idoneidad hace referencia a la aptitud de una persona para ser adecuado y apropiado para la ejecución de ciertas actividades y, tratándose de contratos de prestación de servicios profesionales propiamente dichos, la idoneidad también contempla entre otros aspectos, acreditar su formación profesional y el cumplimiento de los requisitos que el ordenamiento jurídico exige para el ejercicio de estas.
 

Precisa que la inhabilidad para ser elegido edil, de que trata el numeral 4 del artículo 66 del Decreto Ley 1421 de 1993, aplica para quien, dentro del término de 3 meses anteriores a la inscripción de la candidatura, haya ejecutado en la localidad contrato celebrado con organismo público de cualquier nivel distrital o nacional. Es decir, que el aspirante a ser elegido edil, no podrá haber ejecutado dentro de los tres (3) meses anteriores a la inscripción de la candidatura, contrato suscrito con cualquier entidad pública, cuya ejecución deba realizarse precisamente en la localidad para la cual se inscribió. Significa lo anterior, que la ejecución del contrato debe estar por fuera de los tres meses anteriores a la fecha de la inscripción de la candidatura, tal y como se advierte de la disposición legal antes enunciada, y como se ha esbozado de los apartes transcritos de las sentencias del Consejo de Estado, a efecto de evitar incurrir en la inhabilidad para ser elegido edil. Ello, por cuanto la inhabilidad no se genera por la ejecución misma del contrato, sino por el hecho de que dicha ejecución se realice en la localidad donde se inscribió como candidato a edil.
 

Señala que los actos administrativos se presumen legales mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por lo tanto son de obligatorio cumplimiento y cuando fueren suspendidos, no podrán ejecutarse hasta tanto se resuelva definitivamente sobre su legalidad o se levante dicha medida cautelar.
 

Precisa que los empleados de libre nombramiento y remoción como los que ocupan cargos de gerencia pública, conforme al numeral 2 del artículo 47 de la Ley 909 de 2004, pueden ser libremente nombrados y removidos en ejercicio del poder discrecional que tiene la Administración para escoger a sus colaboradores, toda vez que ocupan lugares de dirección y/o confianza dentro de la entidad pública razón por la cual, no gozan de las mismas prerrogativas en igualdad de condiciones que para los empleados pertenecientes al régimen de carrera, como lo señaló el Departamento Administrativo de la Función Pública en el concepto 84491 de 2017. Es por lo anterior, que la declaratoria de insubsistencia de un empleado de libre nombramiento y remoción obedece a la facultad discrecional del nominador, fundada en la necesidad de mejoramiento del servicio y en el derecho de escoger a sus colaboradores, por tratarse de cargos de dirección, confianza y manejo.
 

Conceptúa que el Fondo de Prestaciones Económicas Cesantías y Pensiones - FONCEP si tiene la competencia para sustituir al Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD en el pago de obligaciones pensionales de ex trabajadores del IDRD de acuerdo a la posición unánime adoptada por las entidades que son cabeza de los Sectores Hacienda y Cultura, Recreación y Deporte, con base en el artículo 2 del Decreto Distrital 339 de 2006 y Decreto 629 de 2016.
 

Conceptúa que la capacidad de las Empresas Industriales y Comeciales del Estado para ser concedentes de los proyectos de Asociaciones Público Privados - APP, debe ser analizada de acuerdo a las reglas y requisitos exigidos en las leyes vigentes en el momento de su radicación ante las entidades públicas, y por consiguiente, ello no implica el cumplimiento de los supuestos definidos en las Leyes 1882 de 2018 y 1955 de 2019.
 

Conceptúa respeto a que el régimen de Inhabilidades e incompatibilidades definido en la Constitución Política y en la Ley para la función pública, no establece ninguna causal, relacionada con que el servidor público ejecute las recomendaciones de una instancia asesora creada al interior de la entidad pública, en la que este haga parte, y a su vez, en ejercicio de sus funciones definidas en el manual de funciones, adelante o dirija las actuaciones administrativas tendientes a tramitar los diferentes procedimientos de contratación o de selección de contratistas definidos en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1508 de 2012 y 1882 de 2018.
 

Señala que en el pliego de condiciones se debe fijar las reglas de selección objetivas, justas, claras y completas que permitan elaborar la oferta o propuesta de acuerdo con las necesidades de la entidad administrativa.
 

Concluye la Sección Primera del Consejo de Estado y el Departamento Administrativo de la Función Pública, que se incurrirá en la inhabilidad prescrita en el numeral 4 del artículo 66 del Decreto Ley 1421 de 1993, la persona que dentro de los tres (3) meses anteriores a la fecha de inscripción de la candidatura como edil, hubiese intervenido en la celebración de contratos con el Distrito Capital. Por el contrario, si dicha celebración se realizó antes del plazo citado, no estaría inhabilitado para aspirar a la Junta Administradora Local.
 

Señala el régimen de inhabilidades e incompatibilidades a cargos de elección popular en corporación públicas del orden territorial con relación a la celebración o suscripción de contratos con entidades públicas.
 

concepto jurídico frente a la definición del plazo y obligaciones condicionales en los contratos estatales
 

Concluye que el cobro persuasivo de las obligaciones claras, expresas y exigibles a favor del Fondos de Desarrollo Local y que estén contenidas en cualquier acto proferido con ocasión de la actividad contractual, radica en cabeza de los alcaldes locales. En tanto, el cobro coactivo y el otorgamiento de facilidades de pago de las mismas obligaciones es de competencia de la Secretaría Distrital de Hacienda a través de la Oficina de Gestión de Cobro de la Subdirección de Cobro No Tributario.
 

conceptúa frente a la función de las autoridades municipales y distritales expedir copia de las actas de Asamblea General, cuando le son negadas a algún copropietario, tal como lo dispone el parágrafo del artículo 47 de la citada disposición.
 

Deterrmina si la incompatibilidad para el ejercicio de la abogacía contenida en el ordinal 1 del artículo 29 de la ley 1123 de 2007 se aplica a los abogados que al momento de contratar estén ejerciendo acciones populares contra la entidad contratante, y por ende, si incluye lo dispuesto en el Decreto Distrital 430 de 2018.
 

Conceptúa sobre la aplicación del Decreto 142 de 2020  obras publicas y horarios en el sentido de que no hay restricción de circulación para la construcción o ejecución de obras públicas y que dicha actividad se encuenra exonerada de turnos establecidos con el fin de dar cumplimiento a la misionalidad y fines sociales, de acuerdo con el Anexo No. 1 del Decreto 143 de 2020, y dentro del marco de la emergencia sanitaria decretada por el Ministerio de Salud y Protección Social y la calamidad pública declarada en el distrito capital mediante Decreto Distrital 87 de 16 de marzo de 2020.
 

Teniendo en cuenta que se desconoce el nivel al que pertenecen los servidores públicos que han contratado parientes en la alcaldía local, se responde de manera general que dependiendo del nivel de los servidores públicos éstos no pueden contratar con la respectiva entidad pública a sus cónyuges o compañeros permanentes, ni las personas que tengan vínculos de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, conforme a la Ley 80 de 1993.
 

Concepto, respecto de la viabilidad jurídica para realizar negociación sectorial en el Sector Administrativo de Salud, y concretamente sobre la viabilidad de establecer una mesa sectorial en la Secretaría Distrital de Salud.
 

Emite concepto respecto de si se presenta doble militancia en el evento en el que un ciudadano renuncie a su pertenencia a la colectividad política con la que se presentó a unas elecciones, sin que sea miembro de una corporación pública al momento de renunciar, y se inscribe en otra tiempo después, (es decir, sin que se presente simultaneidad), resultando elegido en un cargo de elección popular.
 

La Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos emite concepto sobre impedimento para participar en la junta directiva de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.A.B.-ESP
 

Análisis de la aplicación de los artículos 135 modificado por la Ley 1383 de 2010 y 136 del Código Nacional de Tránsito modificado por el artículo 205 del Decreto 018 de 2012 y Decreto Ley 2106 de 2019.
 

Petición en grado de consulta sobre inicio de actividades de producción de programas y anuncios de televisión en la ciudad de Bogotá
 

Lineamientos sobre la modalidad de liquidación de contratos
 

Análisis de la normatividad aplicable para los contralores territoriales para el periodo iniciado en el 2016, así como el marco jurídico procedente en la elección del Contralor Distrital en la vigencia del Acto Legislativo 04 de 2019.
 

Establece que conforme lo prescribe el Acuerdo Distrital 18 de 1999, el DADEP no goza de competencia alguna para adquirir bienes inmuebles con el fin de incrementar su patrimonio, en su lugar, le compete, entre otras funciones, llevar a cabo la administración de los bienes inmuebles, así como la conformación del inventario general del patrimonio inmobiliario Distrital.
 

Emite concepto sobre la vigencia de la Directiva 3 del 1 de abril de 2020, que trata sobre la suspensión del Programa Bogotá se Mueve Mejor, y concluye que se encuentra vigente por el artículo 6 del Decreto Distrital 207 de 2020 y por el artículo 4 del Decreto Distrital 216 de 2020, continuando así la suspensión de manera temporal del programa.
 

Confirma la vigencia del Decreto Distrital 080 de 2016, que actualiza y unifica las normas comunes a la reglamentación de las Unidades de Planeamiento Zonal, al establecer que no ha sido modificado ni derogado, ni ha sido objeto de decisiones judiciales de nulidad o suspensión.
 

Profiere concepto de vigencia sobre el Decreto Distrital 489 de 1998, "Por el cual se limita el expendio y consumo de bebidas alcohólicas en parques y escenarios recreativos o deportivos" precisando que no se encuentra vigente dado que la Ley 1801 de 2016 derogó expresamente el Decreto Ley 1355 de 1970 y a su vez las normas que lo reglamentaban, entre ellos el Decreto citado.
 

Concluye que la Directiva 4 de 2020 de la Alcaldesa Mayor se encuentra derogada por los artículos 4 y 5 del Decreto Distrital 207 de 2020 y por el artículo 4 del Decreto Distrital 216 de 2020, además porque el Decreto Nacional 593 del 20 de abril de 2020 que fue el fundamento de la Directiva 4 de 2020 fue derogado expresamente por el Decreto Nacional 636 de 2020.
 

Profiere concepto de vigencia normativa sobre los artículos 10, 11, 18, 19, 33, 34 y 35 del Decreto Distrital 323 de 1992, precisando que no se encuentran vigentes y que los aspectos que tienen que ver con la malla vial local se encuentran sustituidos por la normativa posterior y de mayor jerarquía, operando la prevalencia de la aplicación normativa, siendo el Decreto Distrital 190 de 2004 (Capítulo 1, Artículo 164 sobre Componentes del Sistema de Movilidad) el que regula la materia.
 

Informa que las medidas adoptadas para la protección de población en alto riesgo en la Capital a causa del Covid-19, indicadas en el Decreto Distrital 176 de 2020 se encuentran vigentes y se reiteran en el Decreto Distrital 207 de 2020.
 

Concluye que las disposiciones contenidas en el Decreto Distrital 981 de 1957 por el cual se reglamenta las edificaciones en la parcelación "La Floresta" fueron derogadas de manera tácita por nuevas disposiciones del orden nacional, municipal y local que regularon el asunto la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. Sin embargo, en aplicación del principio de la ultraactividad de la ley, el Decreto 981 de 1957 continúa produciendo efectos a pesar de su derogatoria tácita ya que se sigue aplicando a los hechos ocurridos durante su vigencia, pues por su contenido regulador en materia urbanística creó derechos adquiridos conforme a sus previsiones para aquellas situaciones que así se consolidaron durante el tiempo de su vigencia.
 

Conceptúa sobre alcances de la inexequibilidad del parágrafo 1 del artículo 8 de la Ley 1843 de 2017, con referencia a las direcciones físicas y electrónicas registradas por el propietario del vehículo, las cuales corresponden a aquellas registradas por el propietario en el Registro Único Nacional de Tránsito RUNT, dado que, conforme al parágrafo 3 del artículo 8 de la Ley 1843 de 2017, es responsabilidad de los propietarios de rodantes actualizar la dirección de notificación en dicho registro, so pena de que la Secretaría de Movilidad envíe orden de comparendo a la última dirección registrada en el RUNT, la cual se presume actualizada.
 

Emite concepto jurídico en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto Distrital 323 de 2016, mediante el cual se estable que corresponde a la Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos Expedir los conceptos jurídicos que sean requeridos a la Secretaría Jurídica Distrital, siempre y cuando no correspondan a otra dependencia.
 

Emite concepto referente a las inhabilidades contempladas por la ley para ejercer el cargo de Alcalde local.
 

Señala que la Alcaldía Local es una dependencia de la Secretaría Distrital de Gobierno responsable de las competencias asignadas a los Alcaldes Locales. En este sentido, se ocupa de facilitar la acción del Distrito Capital en las localidades y ejecutar las funciones delegadas por el Alcalde Mayor, o desconcentradas según las disposiciones legales, en cumplimiento de los fines del Distrito Capital.
 

Considera dar aplicación a lo previsto en el parágrafo 3 del artículo 23 de la ley 136 de 1994, adicionado por el artículo 2 de la Ley 1148 de 2007, para que la presidencia del Concejo de Bogotá, D.C., dentro del marco de autonomía de que está investido, adopte las medidas que considere convenientes, para viabilizar la implementación de las sesiones de la plenaria y de las comisiones de manera no presencial, por razones de orden público, en atención a las condiciones de salubridad y/o de salud pública, que actualmente se presentan en el Distrito Capital.
 

Análisis de los supuestos fácticos y jurídicos para que proceda la revocación del acto de apertura del proceso de selección; conceptos que se deben reconocer cuando al revocar el acto de apertura del proceso de selección se genera un daño antijurídico a los interesados que presentaron oferta; los eventos en que procede declarar desierto un proceso de selección - facultad discrecional de la administración; y suspensión del proceso de selección mediante acto administrativo
 

Emite concepto sobre las prohibiciones para los parientes de miembros de las Juntas Administradoras Locales.
 

Conceptúa que la norma exigible al contrato de concesión No. 68 de 2016, es el artículo 24 de la ley 643 de 2001 con la modificación efectuada por el artículo 23 de la ley 1393 de 2010 en razón a que el pago que realizan los concesionarios del juego de apuestas permanentes en la ciudad de Bogotá D.C., no es de caracter tributario.
 

Emite concepto sobre honorarios honorarios a percibir por parte de los miembros de junta directiva de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB-ESP con ocasión de las sesiones que se lleven a cabo durante la medida de cuarentena.
 

Emite concepto sobre aplicación del artículo 49 de la Ley 1955 de 2019
 

Determina que no será inhabilidad para contratar con el Distrito haber presentado una acción popular contra ese ente territorial en el ejercicio que como ciudadano tiene derecho la persona a presentar acciones en causa propia, en el marco del númeral 1°del artículo 29 de la Ley 1123 de 2007 y el parágrafo del artículo 45 del Decreto 430 de 2018.
 

conceptúa frente a la relación que se desarrolla con base en la subordinación del contratante hacia el contratista, la cual debe contextualizarse sobre el tipo de contrato que se está ejecutando, toda vez que, el cumplimiento de un horario, el traslado a un sitio especifico o el seguimiento de instrucciones; no implica per se la existencia de una relación laboral, ya que en situaciones contractuales específicas, es necesario el seguimiento estricto de metodologías de ejecución contractual o periodos de dedicación previamente pactados con el contratante.
 

Conceptúa sobre la compatibilidad de una persona que funge como edil para inscribirse y ser elegido como Consejero Local de Propiedad Horizontal, y sobre la restricción de la capacidad jurídica de un edil en su condición de administrador y representante legal de una propiedad horizontal para participar de manera personal y activa en las actividades precontractuales, que conllevan a la suscripción de actos contractuales en nombre de la copropiedad.
 

Conceptúa sobre adición, prórroga y renovación de contratos de prestación de servicios, en el marco del estado de emergencia, en el sentido de no encontrarse pronunciamiento sobre la obligación de renovación, prórroga y adición de contratos cuyos objetos no están asociados a la gestión y mitigación de la situación de emergencia. Para la continuidad de dichos contratos, los ordenadores del gasto y representantes legales de las respectivas entidades, deberán valorar las necesidades particulares de sus áreas, para determinar la renovación o las condiciones de continuidad de sus contratistas.
 

Conceptúa sobre adición, prórroga y renovación de contratos de prestación de servicios, en el marco del estado de emergencia, en el sentido de que la extinción del plazo es una de las causales de terminación normal del contrato y frente a dichas causales no se ha generado un pronunciamiento particular por parte del gobierno nacional que modifique dichas causales u obligue a la renovación del mismo, y respecto de la prórroga, tampoco se incorporó en la reglamentación expedida por el gobierno nacional con ocasión del estado de emergencia, una prórroga automática de los contratos estatales sin distinción de su objeto, por el contrario, se estableció la posibilidad de exceder las limitaciones de cuantía que preveía el Artículo 40 de la Ley 80 de 1993, siempre y cuando los objetos contratados permitan una mejor gestión y mitigación de la situación de emergencia, valoración que deberá hacer el supervisor del contrato, en el marco de sus competencias. Así mismo conceptúa en relación al proceso de terna para la designación de Alcaldes Locales de Bogotá, que ser residente para efectos de ser alcalde local implica estar de asiento o establecido en una localidad, esto es, que en la misma habita o ejerce de manera permanente una profesión o un empleo, o se está personalmente al frente de un establecimiento de comercio.
 

Emite concepto sobre la jurisprudencia y normas internacionales (Convención de las Naciones Unidas) existentes entre los años 2000 y 2018 que respalden los actos, asistencia o acompañamiento del núcleo familiar cuando asistían al adulto mayor, sin haber un proceso de interdicción en un Juzgado de familia y Las Leyes que amparan los derechos y protección a los niños, niñas y adolescentes, pueden dar alcance a los adultos mayores, desde que fecha y que normas lo reglamentan.
 

Profiere concepto de vigencia sobre el artículo 3, literal e) del Decreto Distrital 106 de 2020, precisando que tácitamente la restricción de solo prestarán el servicio solicitado a través de llamada telefónica o de plataforma tecnológica se modifica por El servicio público de transporte de pasajeros individual tipo taxi podrá ofrecerse por cualquier medio a partir de las cero horas (00:00) del 1 de junio de 2020. Servicio que habrá de ofrecerse en cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos para el efecto por el Ministerio de Salud y Protección Social, incluyendo la posibilidad de recoger pasajeros en la vía, siempre que no exista medida expresa que lo desautorice. Concluyendo que resulta obligatorio para el servicio de taxi, atender el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del coronavirus COVID-19, inserto en la Resolución 677 del 24 de abril de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, en particular lo dispuesto acerca del reporte de la información de los pasajeros.
 

Concepto jurídico respecto del alcance de las excepciones del Decreto Distrital 169 de 2020.
 

Resuelve preguntas en relación con el Proyecto de Acuerdo de Armonización Presupuestal 219 de 2020, especialmente en cuanto a las competencias del Concejo de Bogotá, D.C., para realizar modificaciones al presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de Bogotá, D.C..
 

La Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos emite concepto sobre el alcance estricto del parágrafo 4° del artículo 1° del Decreto Legislativo 540 de 2020 respecto del contenido del artículo 6 del Decreto Legislativo 491 de 2020, frente al trámite a cargo de la Secretaría Distrital de Planeación respecto a las autorizaciones para la localización de antenas.
 

Precisa el alcance del Decreto Distrital 007 de 2021 y las excepciones al mismo.
 

Precisa que la jurisprudencia constitucional avala la condición establecida en el numeral 3 del artículo 10 y parágrafo del Decreto Distrital 092 de 2021, referentes a requisitos para participar en las elecciones de Consejos Locales y Distrital de Vendedores Informales, como consecuencia de que el primer requisito se trata de información de carácter público y el segundo requisito no es una prohibición absoluta. Deben entenderse además, como parte de un procedimiento que procura preservar los principios de moralidad pública y transparencia en el ejercicio de la toma de decisiones en asuntos públicos.
 

Concepto pago honorarios miembros junta directiva.
 

Concepto sobre servidor público del Distrito, abogado, se encuentra en incompatibilidad para llevar un trámite de sucesión notarial.
 

Cocepto sobre inhabilidad para ser candidato a edil.
 

Profiere concepto sobre asistencia de servidores públicos a reuniones presenciales y virtuales con ocasión de la emergencia sanitaria.
 

Concepto referente a la calidad de servidores públicos de la junta directiva de la EAAB-ESP.
 

Profiere concepto jurídico sobre la construcción urbanística, infracción y su respectiva caducidad, entre otros.
 

Solicita concepto jurídico en el marco del trámite del proyecto de acuerdo Por el cual se adopta la revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C. con relación a la obligación de realizar un cabildo abierto, la Secretaria Jurídica Distrital responde, que la realización del cabildo abierto para la aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá puede ser realizarse en sesiones extraordinarias.
 

Imparte concepto jurídico en relación con el término legal para llevar a cabo el estudio y aprobación del proyecto de acuerdo Por el cual se adopta la revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá en el Concejo Distrital.
 

Imparte concepto jurídico en relación con la prohibición para el ingreso de animales a los establecimientos comerciales y se precisa interpretar que el ingreso de animales de asistencia se encuentra abiertamente permitido en el parágrafo 1 del artículo 117 sin condición que delimite o le obligue a acreditar su condición.
 

Emite concepto sobre la autorización para el movimiento de tierras. Se realizan las siguientes orientaciones en virtud del concepto: 1. El movimiento de tierras sin la autorización previa se considera una infracción en materia ambiental y puede ser susceptible de una sanción urbanística. 2. Las infracciones se encuentran en la Ley 1801 de 2016 (núm.. 2, art.135), Decreto Ley 2811 de 1974 (art.183) y Ley 1333 de 2009 (art.5). 3. Los inspectores de policía pueden conocer de estos comportamientos que atentan contra la convivencia en materia de urbanismo, y ambiente (art.206, Ley 1801 de 2016). 4. El procedimiento aplicable es el contemplado en el art 223 y ss. de la Ley 1801 de 2016 y la prevista en la Ley 1333 de 2009 como infracción ambiental. 5. Los municipios en la materia tienen funciones de control y vigilancia del medio ambiente, también deben velar por la aplicación de normas de policía en el municipio, velar por el cumplimiento de normas mineras y ambientales. 6. Las funciones del inspector de policía en materia ambiental se encuentran en las siguientes normas art 96 y ss. de la Ley 1801 de 2016.
 

Informa que el Decreto Distrital 1561 de 1979 no está vigente, ya que fue derogado tácitamente por el artículo 28 del Acuerdo Distrital 11 de 1988, modificado por el artículo 2 del Acuerdo Distrital 9 de 1992 y por las leyes 322 de 1996, 1575 de 2012 y 1796 de 2016, que tienen mayor jerarquía normativa, explicando que a la vigencia del artículo 28 del Acuerdo 11 de 1988, se indica que la Secretaría Jurídica Distrital no tiene competencia para analizar su vigencia, por lo que la petición será trasladada al Concejo de Bogotá para el análisis correspondiente.
 

Aclara que los proyectos de actos administrativos relacionados con la modificación de la estructura organizacional y las funciones de la Secretaría Distrital del Hábitat, así como la definición de la nueva planta de personal, no corresponden a proyectos específicos de regulación debido a que tienen efectos jurídicos individuales y concretos, por lo que no están sujetos al requisito de publicación en el portal
 

Informa que el Decreto Distrital 765 de 1999 sigue vigente y no ha sido derogado por una norma posterior, específicamente por el Decreto Distrital 824 de 2019, aunque existe una vigencia parcial según el análisis de la Secretaría Distrital de Planeación, por lo que se solicita unificar la posición institucional respecto a su vigencia para emitir un pronunciamiento claro y coherente.
 

Profiere concepto de vigencia sobre el Decreto Distrital 192 de 2021, precisando que no se evidencia derogatoria tácita, ni adiciones en materia de normas de presupuesto y/o hacienda pública.
 

Imparte concepto jurídico en relación con las proposiciones supresivas, aditivas, sustitutivas, asociativas o transpositivas en relación de los Planes de Ordenamiento Territorial.
 

Solicita concepto sobre la obligación de realizar un cabildo abierto, en el marco del trámite del proyecto de acuerdo, por el cual se adopta la revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C., la Secretaria Juridica Distrital, responde que, la realización del cabildo abierto para la aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá puede ser realizada en sesiones extraordinarias.
 

Emite concepto sobre cómo se incluye dentro de los Decretos Distritales 277 de 2021 y 318 de 2021 a los establecimientos de venta alimentos, restaurantes, comidas rápidas y cocinas ocultas. al respecto se emiten las siguiente orientaciones: La reglamentación vigente en materia de reactivación económica para los establecimientos que se dediquen a alguna actividad económica, como la indicada en la solicitud, está contenida en la Resolución 777 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social, y lo dispuesto en los artículos 2 y 3 del Decreto Distrital 277 de 2021. El horario que deben manejar estos establecimientos si venden bebidas embriagantes es entre las 10:00 a.m. y las 3:00 a.m., así mismo deben implementar los protocolos de bioseguridad contenidos en la Resolución 777 de 2021 . Los establecimientos que no expendan alcohol, no están cobijados por la prohibición horaria, y en ese sentido, pueden funcionar dentro del horario que, de acuerdo con la libertad económica, disponga su propietario y/o administrador. El art.83. Ley 1801 de 2016, faculta a los alcaldes para fijar horarios para el ejercicio de la actividad económica y establece las competencias de las autoridades de policía, en relación con los establecimientos de comercio. De otra parte, la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., tiene funciones relacionadas con la inspección, vigilancia y control de los establecimientos de comercio que funcionan en el Distrito Capital.
 

Solicita dar respuestas a los interrogantes consultados relacionados en esencia con la planeación contractual y presupuestal en los contratos estatales para una adecuada ejecución, la Secretaria Jurídica responde que, de manera excepcional y debidamente justificada para no afectar el ejercicio básico de la función pública de la entidad u organismo, podrán adicionarse y prorrogarse estos contratos hasta la siguiente vigencia través del mecanismo de las reservas presupuestales.
 

Solicita le aclaren, cual es el término de caducidad que se aplica a la infracciones urbanísticas, especialmente a la construcción de edificaciones con un mayor número de pisos al autorizado por la normatividad urbanística, la Secretaría Jurídica responde, que le corresponderá a cada autoridad conforme al ámbito de sus competencias, evaluar y determinar de acuerdo a los derroteros legales aplicables a cada acaso en particular, la procedencia o no de la declaratoria de caducidad de la potestad administrativa en materia de infracciones urbanísticas.
 

Se emite concepto sobre el término de prescripción o caducidad en materia de infracciones urbanísticas. Se hace la siguiente orientación: hay que señalar que en materia de derecho urbanístico existe una norma, artículo 138 de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, la cual de manera específica reglamenta la caducidad de la potestad sancionatoria del Estado en materia de infracciones urbanísticas, en los casos de: parcelar, urbanizar, intervenir, y construir en terrenos aptos para estas actuaciones. Al respecto se aclara que esta norma no hace alusión a lineamiento alguno para contabilizar el término de caducidad, toda vez que el único criterio que valora a este efecto está directamente relacionado con la ejecución de estas actuaciones en terrenos aptos para la construcción. De otra parte, se debe tener en cuenta el artículo 226 de la Ley 1801 de 2016 que consagra que, respecto de las conductas contrarias a la convivencia cometidas en bienes de uso público, bienes fiscales, zonas de reserva forestal, bienes de propiedad privada afectados al espacio público, bienes de las empresas de servicios públicos, o bienes declarados de utilidad pública o de interés social, cultural, arquitectónico o histórico, no opera la caducidad de la acción policiva. Se concluye que le corresponderá a cada autoridad conforme al ámbito de sus competencias, evaluar y determinar de acuerdo a los derroteros legales aplicables a cada acaso en particular, la procedencia o no de la declaratoria de caducidad de la potestad administrativa en materia de infracciones urbanísticas.
 

Imparte concepto jurídico en relación con los tipos de establecimientos de comercio no enlistados por el artículo 1 del Decreto 442 de 2021 respecto al aforo y a la solicitud del carnet de vacunación.
 

Indica que con la actualización de la Política Pública de Mujer y Equidad de Género adoptada mediante el CONPES 14 de 2020, el Decreto Distrital 166 de 2010 perdió fuerza vinculante, pues los objetivos, alcances, derechos y resultados, entre otros, se rigen en la actualidad por lo dispuesto en tal documento y perdió su fuerza ejecutoria, conforme lo establecido en el artículo 91 del CPACA.
 

Profiere concepto sobre la vigencia normativa del Decreto Distrital 137 de 2004, concluyendo que no se encuentra vigente, en razón los contenidos generales el mismos, entran en contradicción con la reglamentación contenida en el Decreto 160 de 2014 compilado en el Capítulo 4 del Título 2 del Decreto Único del Sector Trabajo 1072 de 2015, que regula el proceso de negociación sindical y establece las pautas para la instalación del comité, el plazo, las funciones y el término de funcionamiento, y que por ser de mayor jerarquía aplica en todo el territorio nacional.
 

Emite concepto unificando criterios sobre el siguiente problema jurídico: ¿Se puede utilizar la facultad del artículo 145 de la Ley 1801 de 2016, para que la Secretaría Distrital de Movilidad declare el abandono de los vehículos (bicicletas) incautados por infracciones al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana?. Indica la entidad que a la autoridad de tránsito le corresponde adelantar la declaratoria de vehículos (bicicletas) inmovilizados, por infracción a las normas de tránsito, según lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley 769 de 2002, sustituido por el artículo 1 de la Ley 1730 de 2014. La respuesta se enfoca en que las autoridades de policía o las que tengan la tenencia de las bicicletas incautadas o inmovilizadas por comportamientos contrarios a la convivencia ciudadana, pueden suscribir actos, convenios y/u otros instrumentos que se estimen procedentes, con la Secretaría Distrital de Movilidad, para que como autoridad de tránsito, lleve a cabo la declaratoria del abandono de las bicicletas inmovilizadas, una vez vencido el plazo de los seis meses de que trata el artículo 145 de la Ley 1801 de 2016.
 

Solicita se informe la vigencia del Decreto distrital 706 de 2000, responde que empezó a regir, de acuerdo con lo establecido en su artículo 26, a partir del día siguiente a la fecha de su publicación en la Gaceta de Urbanismo y Construcción de obra, esto es, el 31 de agosto de 2000 y la fecha, no se encuentra norma que haya derogado o modificado expresamente el Decreto.
 

Realiza el análisis de la vigencia normativa vigencia del artículo 6° del Decreto Distrital 778 de 2000 y de los artículos 7° y 9° del Decreto Distrital 140 de 2013, a través del cual se adelantó como fundamento del mismo las normas de reglamentación del Consejo Distrital de Paz, Reconciliación, Convivencia y Transformación de Conflictos, y se e indica que el martes 10 de agosto de 2021 en las instalaciones del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, se llevó a cabo la reactivación del citado Consejo, así como la participación de la Alta Consejería.
 

Imparte lineamientos sobre la necesidad de que los organismos y entidades distritales verifiquen permanentemente la totalidad de las sentencias desfavorables con obligaciones de pagar, y estas sean incorporadas al sistema diligenciando las respectivas fichas de pago e incluyendo la totalidad de los desembolsos efectuados para dar cumplimiento a la sentencia, y comprueben que los procesos terminados que han sido fallados en contra de la entidad distrital, que originan una erogación económica, tengan asociada una cuenta por pagar al beneficiario por concepto de sentencias judiciales, que deberá cancelarse con el fin de dar cumplimiento a la sentencia. De esta manera, se pueden prevenir posteriores incidentes de desacato o sobrecostos por concepto de intereses moratorios y otros conceptos que puedan originar el incumplimiento de la respectiva obligación.
 

Conceptúa frente a la figura jurídica de la supervisión contractual con el fin de vigilar permanentemente la correcta ejecución de los objetos contratados para buscar la protección de la moralidad administrativa, prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual.
 

Emite concepto, sobre la vigencia del Decreto Distrital 563 de 2017, por medio del cual se reglamenta en el Distrito Capital de Bogotá el cambio de uso de las zonas o bienes de uso público, en los siguientes términos, la derogación de las leyes, el Consejo de Estado y la jurisprudencia constitucional han reconocido tres formas de derogatoria: expresa, tácita y orgánica, el primer tipo en aquellas ocasiones en que la norma posterior suprima explícita y formalmente la norma anterior. Por su parte, las normas se entenderán tácitamente derogadas en los casos en que se presente una incompatibilidad irreconciliable entre la norma posterior y la anterior, sin que la primera haga referencia expresa a la segunda y una tercera forma de derogación en la que, al ser expedida una nueva reglamentación que regule de forma sistemática una materia, se entiende derogada la norma anterior que verse sobre los mismos aspectos.
 

Conceptúa estableciendo que el Acuerdo Distrital 309 de 2008 fue derogado tácitamente ya que sus disposiciones son contrarias a lo establecido en norma de mayor jerarquía, no solo por el tipo de sanción que impone, sino porque quien emite el acto carece de competencia desde el 2016. Así mismo señala que los/las alcalde/sas en desarrollo de las funciones establecidas en el artículo 91 de la Ley 136 de 1994 pueden decretar la ley seca en sus territorios con el fin de mantener o restablecer el orden público.
 

Emite concepto unificador sobre si CAPITAL SALUD EPS-S SAS puede iniciar Acciones de Repetición en contra de los trabajadores y cuáles serían las acciones procedentes para reclamar los presuntos perjuicios ocasionados por los trabajadores, la Secretaría Jurídica responde que si es posible, siempre y cuando aquellos trabajadores particulares hayan sido destinatarios del ejercicio de funciones públicas por autorización legal expresa y la acción u omisión dolosa o gravemente culposa generadora del daño, haya tenido ocurrencia en el marco de esa misma actividad; los medios de control procedentes serían el de repetición, el de controversias contractuales y el de reparación directa. los medios de control procedentes serían el de repetición, el de controversias contractuales y el de reparación directa.
 

Conceptúa respecto a los términos de la liquidación de contratos, señalando que conforme al Decreto 491 de 2020 las entidades estatales tienen la facultad de suspender los términos para liquidar el contrato hasta tanto permaneciera vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social (30 de junio de 2022), pero para que ello fuere posible estaba supeditado a la expedición de un acto administrativo debidamente justificado en el que se determinara la actuación administrativa específica a suspender, razón por la cual, de no existir tal acto expedido por la Entidad Estatal, los términos para la liquidación siguen corriendo normalmente.
 

Emite concepto sobre el siguiente asunto: Canal Capital no está obligado a incluir dentro de sus estudios previos o pliegos de condiciones este requisito teniendo en cuenta que es una entidad no sometida al Estatuto General de Contratación de la administración pública en razón a su condición de empresa industrial y comercial del Estado. ¿Es correcta la afirmación?. La Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos, explica que : El Decreto Distrital 332 de 2020 (&) aplicarán para los procesos contractuales que adelanten las entidades del nivel central y descentralizado del Distrito Capital, incluyendo las localidades, que estén sometidos al estatuto general de contratación de la administración pública". De otra parte, en virtud de lo dispuesto en la Escritura de Constitución 4854 del 14 de noviembre de 1995, a la empresa Canal Capital le es aplicable los dos tipos de regímenes de contratación, ya que por una parte tiene el carácter de entidad descentralizada indirecta del orden distrital como Empresa Industrial y Comercial del Estado y por el otro se indica que podrá celebrar actos, contratos y convenios con las normas que rigen a las entidades descentralizadas del orden distrital y las empresas industriales y comerciales del Estado entre otras. Concluye entonces que el régimen de derecho privado aplica para las actividades, bienes y servicios propios de la actividad misional industrial o comercial o de gestión económica en competencia con el sector privado y/o público, nacional o internacional o en mercados regulados; y los procedimientos de contratación de Ley 80 de 1993 y sus modificaciones, aplican para las actividades requeridas para su funcionamiento o que contribuyan para cumplir su objeto misional. A la luz de lo anterior se deducirá la aplicación del Decreto 332 de 2020.
 

Solicita la vigencia de los Decretos Distritales 190 de 2004 y 555 de 2021 formuladas por los curadores urbanos de Bogotá D.C., la Subsecretaría Jurídica de la Secretaría Distrital de Planeación responde que se encuentra vigente y suspendidos provisionalmente sus efectos a partir de la ejecutoria del auto, esto es el 16 de junio de 2022, determina que en tanto subsista la medida cautelar de suspensión provisional del Decreto Distrital 555 de 2021, y en virtud de la figura jurídica de reviviscencia de la norma derogada recobra fuerza vinculante el Decreto Distrital 190 de 2004.
 

Conceptúa que existe viabilidad para celebrar convenios solidarios y contratos estatales, entre otros, de prestación de servicios con las juntas de acción comunal; así las cosas, la escogencia por parte de la entidad para la celebración de uno u otro, dependerá de la necesidad que pretenda satisfacer y de la correspondiente estructuración contractual.
 

Traslada por competencia a la Oficina Asesora Jurídica de la Secretaría Distrital de Salud una solicitud de concepto formulada por la Gerencia de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. respecto de la titularidad jurídica de competencia en contratos celebrados por las Empresas Sociales del Estado para aplicar procedimientos sancionatorios contractuales. Lo anterior con base en los numerales 1), 2) y 3) del artículo 4 del Decreto Distrital 507 de 2013.
 

Resuelve inquietudes sobre el alcance del numeral 8 del artículo 8° del CPACA relativo al deber de información al público de los proyectos específicos de regulación y la información en que se fundamenten, con el objeto de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas, señalando el plazo para presentar observaciones, de las cuales se dejará registro público. En todo caso la Secretaría Jurídica Distrital adoptará autónomamente la decisión que a su juicio sirva mejor el interés general.
 

Solicita concepto Jurídico sobre si los Administradores de Conjuntos Residenciales o Mixtos de Propiedad Horizontal, (personas Jurídicas), pueden dictar Actos Administrativos en reclamaciones (PQRSDF), que interponen los copropietarios. Doctrina distrital, responde que, los actos administrativos son una de las formas propias de declaración de voluntad de los organismos y entidades públicas de las ramas del poder público y demás autoridades, es decir, su origen proviene de una persona jurídica pública y excepcionalmente de un particular cuando cumplen funciones administrativas, por consiguiente, los pronunciamientos o decisiones de las personas jurídicas reconocidas bajo el régimen de propiedad horizontal, no pueden ser catalogados o definidos como actos administrativos, ya que esta es una potestad consagrada de manera excluyente para las entidades que ostentan la calidad de autoridades.
 

Solicita concepto sobre si puede presentarse sin estar inhabilitada para las elecciones al concejo de Bogotá y si puedo firmar contrato de prestación de servicios profesionales y terminar antes de las elecciones del octubre 29 del 2023 sin estar inhabilitada para ser candidata al concejo de Bogotá, el concepto es que la facultad del legislador para establecer el régimen de inhabilidades para los servidores públicos, encuentra su límite en las propias disposiciones constitucionales y en los principios de razonabilidad y proporcionalidad, estos últimos en razón a la naturaleza de las funciones desempeñadas por sus destinatarios; no podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal distrital, quien, dentro del año anterior a la elección, haya intervenido en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito.
 

Realiza el peticionario, varias preguntas sobre la Junta Administradora Local de Usaquen, tales como si es posible continuar sesionando de manera virtual o debe retomar sesiones presenciales, los requisitas para seguir sesionando de manera virtual, si hay que expedir un nuevo acto administrativo y si es posible, que entidad es responsable de ajustar las instalaciones para incorporar las medias preventivas y por ultimo si Pueden los Ediles NO vacunados retomar sesiones presenciales: Se da respuesta, sobre lo establecido en la Ley 1421 de 1993, la cual ha establecido respecto a las reuniones, sesiones, acuerdos y decretos locales y demás aspectos referentes a su funcionamiento, así mismo, el Ministerio de Salud y Protección local, estableció una serie de medidas de bioseguridad para contrarrestar la propagación del virus, promover el autocuidado y contribuir con la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, atendiendo al principio de responsabilidad.
 

Responde la Directora de Doctrina y Asuntos Normativos, sobre el concepto de si existe inhabilidad o incompatibilidad para que una persona natural que ha ocupado cargo directivo en la Secretaría Distrital de Movilidad sea vinculada a través de contrato de prestación de servicios a la Operadora Distrital de Transporte, están inhabilitados para contratar con las entidades que hacen parte del sector administrativo de coordinación de la administración distrital, denominado Movilidad, al igual que cualquier otro ex servidor del nivel directivo que haya ejercido tales cargos, en cualquier otra entidad adscrita o vinculada al sector movilidad, por el término fijado en la norma en comentó.
 

Pregunta si es posible suscribir convenios o contratos con organismos o empresas o entidades públicas o privadas extranjeras mediante la modalidad de contratación directa, donde no se comprometan apropiaciones presupuestales, es decir a costo 0, en el período de restricción que contempla la Ley 996 de 2005. indica que NO se podrían celebrar esos convenios o contratos interadministrativos con un ente territorial, durante la restricción (es decir desde el 13 de noviembre de 2021, en atención a que las elecciones al Congreso de la Republica se realizaron el 13 de marzo de 2022) a menos que no se ejecuten recursos públicos y a su vez, no podría celebrar ningún contrato bajo la modalidad de contratación Directa, a partir del 29 de enero hasta el 19 de junio de la misma anualidad cuando culminó con la segunda vuelta presidencial.
 

Concluye que el Decreto Distrital 825 de 2019, Por medio del cual se establecen los perímetros y zonas para la restricción del porte, consumo, facilitamiento, distribución, ofrecimiento y comercialización de sustancias psicoactivas, de conformidad con lo previsto en los artículos 2 y 3 de la ley 2000 de 2019, modificatorios parcialmente de los artículos 34 y 140 de la Ley 1801 de 2016, y se dictan otras disposiciones, está vigente, pues no ha sido derogado expresa o tácitamente y tampoco concurre causal de pérdida de ejecutoria del acto administrativo, que afecte su eficacia y en consecuencia su vigencia.
 

Profiere concepto sobre la vigencia del artículo 13 del Decreto Distrital 098 de 2024 precisando que goza de la presunción de legalidad y se encuentra vigente y que simismo, revisado las disposiciones posteriores se puede constatar que no concurre desaparición de las circunstancias fácticas o de derecho que determinen la ocurrencia del decaimiento del acto administrativo, y tampoco ocurre una condición resolutoria, dado que el artículo 13 establece una competencia general que incluso ha venido siendo desarrollada por los alcaldes locales.
 

Concluye que la Directiva 003 de 2017 se encuentra en vigente y será cada una de las entidades distritales las llamadas a analizar la viabilidad de incorporar sus lineamientos, pues la misma establece la facultad conceder hasta 4 horas de permiso laboral remunerado por trimestre, a los servidores públicos que lo requieran para asistir a reuniones de padres de familia convocadas por las instituciones académicas en donde estudian sus hijos.
 

Solicita la confirmación de vigencia del Decreto 621 de 2017, relacionado con la Renovación Urbana sobre ejes de la Malla Vial sobre la carrera 30, se revisa la norma y el sistema no registra derogatorias a la norma en cuestión, sin embargo, se reitera que el pronunciamiento de la Secretaría Distrital de Planeación, es imprescindible para dar una respuesta de fondo teniendo en cuenta la especialidad de la materia por usted consultada.
 

La derogación expresa ocurre cuando la nueva ley dice explícitamente que deroga otra norma más antigua y en ese sentido, el art. 22 del 0478 de 1988 literalmente dispuso la derogatoria del Decreto 107 de 1985, Plan de Estructura urbana, localización y normas urbanísticas del área Metropolitana del Salitre. De manera que a partir del momento de la publicación del Decreto 478 de 1988 en el Registro Distrital 450 del 25 de julio de 1988, el Decreto 107 de 1985 quedo excluido del ordenamiento jurídico.
 

Aclara que las normas legales vigentes para los municipios serán aplicables al Distrito Capital, solo y cuando quiera que en el Estatuto Orgánico de Bogotá D.C. no haya regulación expresa sobre el asunto en particular, por consiguiente en la pregunta presentada por el Concejal, en relación a la posibilidad de que el periodo de elección del Secretario del Concejo de Bogotá sea mayor al fijado en el artículo 37 de la Ley 136 de 1994, no resulta procedente la aplicación de esta disposición normativa, como consecuencia de que existe norma en el Estatuto Orgánico de Bogotá, en este caso los artículos 16 y númeral 24 del artículo 12 de la Ley 1421 de 1993 que regulan el asunto a estudio y establecen el periodo de elección del secretario general del Concejo de Bogotá D.C. en un (1) año.
 

Emite concepto sobre si existe conflicto de competencias administrativas entre las Comisiones Segunda Permanente de Gobierno y Primera Permanente del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, para conocer en primer debate el Proyecto de Acuerdo 462 de 2022, la Secretaría Jurídica responde que No existe conflicto de competencias administrativas entre las Comisiones Segunda Permanente de Gobierno y Primera Permanente del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, para conocer en primer debate el Proyecto de Acuerdo 462 de 2022, al no darse los presupuestos del artículo 39 del CPACA, es decir, al no existir controversia o conflicto entre distintas autoridades administrativas. Igualmente conceptúa si El haber sido admitida la demanda de conflicto de competencias administrativas, interrumpe el término para la discusión del Proyecto de Acuerdo 462 de 2022 y la Secretaría responde que no existir la controversia entre dos o más autoridades administrativas, no hay lugar a que se suspenda el trámite de la iniciativa en el concejo distrital, por no existir conflicto de competencias administrativas.
 

Conceptúa señalando que dentro de la delegación realizada por la Alcaldesa Mayor de Bogotá a las Alcaldías Locales, se encuentra inmersa la facultad sancionatoria. Al haberse realizado la respectiva delegación en las Alcaldías Locales, son las mismas, quienes tienen a su cargo la suscripción de los contratos, la supervisión de los mismos y la verificación del cumplimiento del objeto contractual, para que, en caso de considerarlo pertinente, pueda dar inicio a las facultades sancionatorias que le han sido otorgadas de manera legal. En este sentido, puede concluirse que el proceso sancionatorio es accesorio a la gestión contractual y, por tanto, sigue la suerte de lo principal.
 

Realiza una serie de preguntas sobre la acción de caducidad cuando se hizo la construcción de un número de pisos excediendo lo autorizado en la licencia de construcción y el número de pisos autorizado por el POT del referido lugar, la caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia, y su fundamento se haya en la necesidad que tiene el conglomerado social, de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico.
 

Conceptúa sobre la vigencia del Decreto Distrital 093 de 2020, donde se precisa que perdió vigencia por disposición expresa del mismo decreto, bajo la causal 4° del artículo 91 de la Ley 1437 de 2011 - CPACA Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto, el artículo 26 del Acuerdo Distrital 761 de 2020 mantuvo la vigencia del Sistema Bogotá Solidaria así como sus mecanismos de focalización, financiamiento, operación y arreglo institucional definidos en los Decretos Distritales 93 y 108 de 2020; en tal sentido, y tal como lo expresa la Secretaría Distrital de Hacienda (&) como el Decreto Distrital 93 de 2020 había incluido las donaciones denominadas aportes voluntarios del Decreto 797 de 2018 dentro de los mecanismos de financiamiento del Sistema, se considera vigente dicha destinación
 

Determina la vigencia parcial del Decreto Distrital 765 de 1999 al 28 de diciembre de 2021, aclarando que se encuentra derogado específicamente para predios con tratamiento de desarrollo urbanístico (por expedición del Decreto 327 de 2004), mientras continúa vigente para predios con tratamientos de consolidación y actualización en el área de influencia del Aeropuerto El Dorado, en respuesta a consulta ciudadana sobre aplicabilidad normativa en solicitudes de licencias urbanísticas.
 

Aclara que si existen las figuras jurídicas de impedimentos y recusaciones frente a los concejales distritales en los escenarios de control político, con el fin de evitar escenarios de materialización de conflicto de intereses, los cuales conllevan a procesos de pérdida de investidura. Agrega que para la determinación de la perdida de investidura de un servidor público no es suficiente el valor objetivo, por ejemplo: el vínculo de consanguinidad o haber conocido del asunto en oportunidad anterior, sino también es necesario estudiar el valor subjetivo, es decir la subjetividad de la conducta, demostrando el interés privado de manera evidente, directo, actual y de carácter moral o económico.
 

Solicita, se le informe sobre el proceso de adquisición del inmueble, el cual tiene afectación a reserva vial y su titularidad recae en una sociedad fiduciaria. El estado garantiza la propiedad privada y podrá haber expropiación por sentencia judicial, siempre y cuando por motivos de utilidad pública o interés social. La inversión de recursos públicos en bienes privados no es posible. Igualmente pregunta cuales son las acciones que como particular puede iniciar contra el Estado, LA la Secretaría Jurídica Distrital, le manifiesta que no está dentro de sus funciones, brindar asesoría jurídica.
 

Eleva consulta sobre el administrador y/o representante legal de una propiedad horizontal, tales como si puede o no actuar sin haber hecho el registro de su correspondiente nombramiento, si puede celebrar contratos en nombre de la sociedad o si puede despedir empleados, a lo que en su respuesta, se remite a la Ley 675 de 2001, el Régimen de propiedad Horizontal, señalando señalando con claridad que la competencia de la alcaldesa Mayor y por delegación de los alcaldes locales únicamente está prevista para la inscripción y certificación de la existencia y representación legal de las personas jurídicas a las que alude la referida ley, así como ordenar la entrega de copia de actas a los propietarios, cuando éstas le sean negadas y en ese orden de ideas aun cuando la norma no establece las consecuencias directas o explicitas de la no inscripción ante la autoridad competente de un nombramiento de persona natural o jurídica como administrador de una propiedad horizontal, es evidente que la falta de inscripción, genera un impacto directo en las facultades legales ante la entidad competente que expide la certificación, quien no podrá reconocer para los efectos jurídicos en el ejercicio del rol asignado al administrador, a aquel que no surtió para el efecto, la debida inscripción de nombramiento.
 

Precisa la normatividad aplicable y las tesis contempladas en la jurisprudencia del Consejo de Estado, así como aquella de mayor acogida por los consejeros, en relación a la caducidad de la potestad sancionatoria del Estado. Adicionalmente, agrega en respuesta a la solicitudes que no se puede perseguir un derecho a perpetuidad, salvo que sea considerado y establecido como espacio público el lugar en el que se construyo el inmueble, y tampoco el ordenamiento jurídico establece un término para que los ciudadanos puedan radicar las solicitudes para dar apertura a las investigaciones administrativas a que haya lugar.
 

Emite concepto sobre la vigencia del Decreto Distrital 200 de 2019, que reglamenta los numerales 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 del artículo 270 del Decreto Distrital 190 de 2004; de la revisión sistemática de las normas, tal como indicó la Secretaría Distrital Planeación, se infiere que los efectos de la derogatoria del Decreto Distrital 200 de 2019 por la expedición del Decreto Distrital 555 de 2021 quedó condicionada a que por parte de la administración distrital se expida o modifique a reglamentación específica del Marco regulatorio del aprovechamiento económico del Espacio Público.
 

Conceptua sobre la vivienda turistica y la prestación el servicio de hospedaje o alojamiento turístico, siendo entendidas como aquellas Unidades privadas, casas y demás construcciones integradas arquitectónica y funcionalmente destinada total o parcialmente a brindar el servicio de alojamiento turístico según su capacidad, a una o más personas. Pertenecen a esta clasificación los apartamentos turísticos, fincas turísticas, casas turísticas y demás inmuebles cuya destinación corresponda a esta definición
 

Conceptúa sobre la pregunta ¿Puede Ágata solicitar datos sensibles y personales de cualquier entidad pública sin que medie autorización, contrato o convenio previo en el que se encuentre debidamente habilitada por otra institución pública para exigir la transferencia de datos?, se da respuesta en el sentido de que, aun cuando el Estado se asocia con particulares para concurrir en el mercado en pie de igualdad como un competidor más, no pierden su carácter de entidad pública, y por lo tanto sus actuaciones también son la expresión de la actividad estatal, pudiendo ejecutar algunas funciones administrativas y también actividades comerciales en el giro propio de su actividad. Conforme lo expuesto, la excepción de la autorización para tratamiento de datos personales, encuentra justificación constitucional siempre y cuando exista conexidad directa entre la motivación de dicho tratamiento con el ejercicio de una competencia funcional de la entidad pública o administrativa. Dado que la Agencia de Analítica de Datos Ágata es una sociedad de economía mixta, cuando la necesidad del tratamiento de datos personales emerge del ejercicio de una actividad industrial y comercial realizada en competencia con otros actores del mercado, deberá obtener la autorización en observancia a los principios y normas que regulan la protección de datos personales.
 

Conceptúa sobre el Consejo Territorial de Planeación Distrital, sus reuniones, la asistencia de sus miembros a las sesiones, impugnación de sus decisiones, entre otras dudas, basado en el reglamento interno de dicho ente.
 

Conceptúa sobre la procedencia de la segunda instancia en los procesos de restitución de inmueble arrendado, cuando la causal no sea la mora en el pago del canon de arrendamiento, y precisa que en este caso los mismos se tramitarán en doble instancia, con lo cual corresponderá al juez del proceso determinar las providencias que podrán ser susceptibles del recurso de alzada, toda vez que el legislador sólo estableció que se tramitaría en única instancia, el proceso de restitución de inmueble arrendado, cuando la causal de restitución sea la mora en el pago del canon de arrendamiento.
 

Conceptúa sobre la suscripción de acuerdos de pago y la procedencia de adelantar el cobro persuasivo y coactivo con usuarios y comerciantes que hacen uso de un módulo en plazas de mercado y que no han regulado su relación contractual con el Instituto para la Económica Social - IPES.
 

Conceptúa acerca de la naturaleza jurídica y régimen legal aplicable a las empresas industriales y comerciales del Estado, la cual se deberá establecer para cada caso particular, atendiendo al acto de creación, normas y estatutos aplicables a la correspondiente entidad, su ámbito de actuaciones, funciones públicas administrativas encomendadas y actividades económicas industriales y/o comerciales autorizadas; a efectos de establecer su régimen contractual aplicable.
 

Precisa que los organismos y/o entidades que conforman la administración pública, deben dictar sus propios reglamentos internos donde se establezcan con precisión las áreas, dependencias u oficinas internas que concurren o intervienen en los procesos de contratación que lleve a cabo, para el cumplimiento de sus objetivos. Adicionalmente, dichas entidades deben expedir sus propios manuales de funciones, donde se describe la identificación y ubicación del empleo, el contenido funcional que comprende el propósito principal y la descripción de funciones esenciales, los conocimientos básicos o esenciales, las competencias comportamentales y los requisitos de formación académica y experiencia atribuidas a cada uno de los empleos que conforman la estructura administrativa del organismo o entidad.
 

Profiere concepto de vigencia del Decreto 563 de 2017 "Por medio del cual se reglamenta en el Distrito Capital de Bogotá el cambio de uso de las zonas o bienes de uso público" concluyendo que el Decreto 563 de 2017 fue derogado tácitamente por el art. 142 del Decreto Distrital 555 de 2021. Recomendando reglamentar el trámite de registro del cambio de uso de las zonas o bienes de uso público en la Base de Datos Geográfica Corporativa a cargo de la Secretaría Distrital de Planeación, atendiendo a lo establecido en el Decreto 554 de 2007[3], con las modificaciones del Decreto Distrital 178 de 2010[4], pues este aspecto no quedó contemplado en el Decreto 555 de 2021, aspecto que si estaba dispuesto en el Decreto 563 de 2017.
 

Responde consulta acerca de la normatividad vigente establecida para el régimen de inhabilidades, régimen de incompatibilidades y causales de conflicto de intereses de los funcionarios públicos, miembros de consejos o juntas directivas, contratistas y demás personas que ejercen funciones públicas en la Secretaría Jurídica Distrital.
 

Profiere concepto sobre la vigencia del Decreto 473 de 2017 "Por medio del cual se anuncia el Proyecto Parque Zonal Hacienda Los Molinos, se declaran los motivos de utilidad pública e interés social, así como la existencia de condiciones de urgencia y se dictan otras disposiciones", precisando que está vigente, pues no ha sido derogado expresa o tácitamente y tampoco concurre causal de pérdida de ejecutoria del acto administrativo, que afecte su eficacia y en consecuencia su vigencia.
 

Solicita análisis de la vigencia de los decretos distritales 442 de 2015 y 265 de 2016 y, del Acuerdo Distrital 634 de 2015. Evidencia que frente a los Decretos Distritales 442 de 2015 y 265 de 2016, no se encuentra ningún tipo de nulidad, suspensión o requerimiento judicial.
 

Solicita concepto sobre la vigencia del Decreto 367 de 2014, toda vez que no se encuentra norma que derogue expresa o tácitamente el Decreto ni concurrencia de las causales del artículo 91 de la Ley 1437 de 2011 para predicar la pérdida de su fuerza ejecutoria, esta Dirección acoge los análisis de vigencia elaborados por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital -DASCD- en los que se informa que el Decreto 367 de 2014 se encuentra vigente.
 

Profiere concepto de vigencia sobre el Decreto 555 de 2001, precisando que no se encuentra vigente, porque de acuerdo con el artículo 91.2 de la Ley 1437 de 2011 ha perdido fuerza ejecutoria. A esta conclusión se arriba dado que el artículo 608 del Decreto Distrital 555 de 2021 derogó expresamente el Decreto Distrital 190 de 2004, 619 de 2000 y las disposiciones que los reglamentan o complementan, entre ellos el Decreto en estudio, conforme lo señaló la Secretaría Distrital de Planeación en su concepto.
 

Conceptúa que dada la especialidad y competencia sobre el tema de normas relacionadas con estaciones de servicio en la Capital, se comparte lo establecido por la Secretaría Distrital de Planeación concluyendo que el Decreto Distrital 913 de 2001 fue objeto de derogatoria por el artículo 608 del Decreto Distrital 555 de 2021.
 

Establece que al ser derogado el Decreto 190 de 2004, que era el fundamento de derecho de los Decretos 435, 552 y 553 de 2015, estos perdieron su fuerza ejecutoria.
 

Solicita concepto sobre la vigencia del Decreto Distrital 192 de 2021, responde que se encuentra vigente, con excepción del artículo 23 que fue expresamente derogado por el Decreto Distrital 356 de 2022.
 

Conceptua sobre la vigencia del Decreto Distrital 166 de 2014 a pesar de la derogatoria expresa las disposiciones y el artículo 8 se mantienen vigentes los efectos por transición conforme al régimen previsto en el artículo 37 del Decreto 623 de 2016 y normas posteriores.
 

Emite Concepto sobre si la agresión a funcionario público donde esta contempla en la ley marco jurídico y de qué forma se materializa. El concepto emitido dice que se materializa, cuando se ejerce violencia, bien sea física o psicológica, contra un servidor público por razón de sus funciones, y con el fin de obligarlo a ejecutar u omitir algún acto propio de su cargo o realizar uno contrario a sus deberes oficiales; adquiere especial relevancia para su materialización, que la conducta esté encaminada a obligar al funcionario a realizar u omitir alguna de las funciones propias de su cargo.
 

Emite concepto sobre la prescripción de las obligaciones crediticias que implican recursos públicos provenientes del Sistema General de Participaciones, así como el tiempo de caducidad de los medios de control.
 

Explica que el Decreto Distrital 825 de 2019, expedido por el Alcalde Mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa Londoño, se encuentra vigente, ya que no ha sido derogado expresa o tácitamente ni existe causal de pérdida de ejecutoría que afecte su eficacia y vigencia.
 

Adopta la Política Pública Distrital para el Reconocimiento de la Diversidad Cultural, la garantía, la protección y el restablecimiento de los derechos de la población Raizal en Bogotá mediante el Decreto 554 de 2011, estableciendo un período de implementación de 2011 a 2020 y disponiendo la adopción de planes de acción conforme al artículo 66 del Acuerdo 761 de 2020 y al régimen de transición fijado por el Decreto 084 de 2022.
 

Certifica la vigencia del Decreto Distrital 192 de 2021, modificado y adicionado por el Decreto Distrital 356 de 2022, al confirmar que no ha sido derogado en su integridad ni afectado por pérdida de ejecutoria, salvo el artículo 23 que fue derogado expresamente por el Decreto Distrital 356 de 2022.
 

Determina la pérdida de vigencia del Decreto Distrital 413 de 2003 debido a la derogatoria expresa dispuesta en el Decreto Distrital 555 de 2021, al establecerse una nueva regulación sobre el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que excluye los planes de reordenamiento como instrumentos de planeación, y condiciona la derogatoria o modificación de este decreto a la concertación con el propietario del predio afectado, en este caso el Country Club de Bogotá, conforme a los lineamientos de participación ciudadana y concertación.
 

Revisado el artículo 608 del Decreto 555 de 2021, que contiene el actual POT, se infiere que no concurre derogatoria expresa frente a los artículos 109 del Acuerdo Distrital 257 de 2006, 3° del Decreto Distrital 980 de 1997, 5° del Acuerdo Distrital 740 de 2019 y 4° del Decreto Distrital 768 de 2019, pues la nueva norma explícitamente no las está excluyendo del ordenamiento jurídico. Tampoco concurre la figura de la derogatoria táctica u orgánica, pues confrontado el contenido de los artículos 109 del Acuerdo Distrital 257 de 2006, 3° del Decreto Distrital 980 de 1997, 5° del Acuerdo Distrital 740 de 2019 y 4° del Decreto Distrital 768 de 2019 con el del artículo 156 del Decreto Distrital 555 de 2021, se advierte que los temas tratados en esta última norma no llegan a reemplazar la regulación contenida en la normatividad anterior. Es importante resaltar que en el artículo 156 del POT se establecen y distribuyen funciones para las tres entidades, pero se advierte que los desarrollos de las mallas viales deben corresponder a los trazados y determinaciones urbanísticas contenidas en el presente plan y en los instrumentos de planeación y actos administrativos que lo reglamenten. Por lo tanto, el ejercicio de las funciones establecidas en el art. 156 ibíd. deben entenderse en el marco las acciones necesarias para cumplir con el Plan de Ordenamiento Territorial y no se extienden a otra clase de proyectos que son ejecutados por la Administración Distrital, pues tal como lo indicó las Secretarias Distritales de Planeación y Movilidad, son ámbitos diferentes.
 

Conceptúa sobre inquietudes relacionadas con el NIT de las entidades distritales y representación judicial de la misma.
 

Emitir concepto sobre el conteo de votos para la elección del futuro Alcalde Mayor de Bogotá
 

Establece que la Directiva 2 de 2017 del Alcalde Mayor está derogada implícitamente al operar la figura del decaimiento del acto administrativo toda vez que la disposición legal que le sirvió de sustento, como lo fue el Acuerdo Distrital 645 de 2016, desapareció del escenario jurídico.
 

Manifiesta que la Circular 028 de 2004 expedida por la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, D.C., que trata sobre las condiciones higiénico-sanitarias de funerarias y salas de velación, se encuentra vigente y no ha sido objeto de modificaciones.
 

Modifica el artículo 13 del Decreto 430 de 2018 definiendo, de una parte, respecto de la expedición de conceptos a cargo de la Secretaría Jurídica Distrital, cuando estos tengan relevancia, alcance o impacto distrital; y de otra parte, lo relativo a la expedición de conceptos a cargo de las secretarías de despacho cabezas de sectores, cuando se trate de orientar a las entidades adscritas o vinculadas a las mismas, en la resolución de determinados asuntos jurídicos relacionados con el sector.
 

Profiere concepto precisando que el descanso remunerado durante la lactancia, no incorpora por sí solo un nuevo término para aplicar la estabilidad laboral reforzada, sino un derecho para que las mujeres lactantes que así lo deseen, puedan acceder a un descanso remunerado para amamantar a su (s) hijo (a)(s), trayendo en consecuencia la obligación del empleador de conceder el descanso y de no descontar el tiempo destinado a la lactancia. No obstante, el fuero de maternidad es independiente a los descansos establecidos en el numeral 1 del artículo 238 del Código Sustantivo de Trabajo, y procede de manera directa para aquellas mujeres y personas gestantes dentro de las dieciocho (18) semanas siguientes al parto, incluso, para quienes están vinculadas bajo contrato de prestación de servicios.
 

Profiere concepto sobre vigencia de las normas y competencias asociadas a las juntas zonales de seguridad precisando que los marcos normativos indicados, a la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia le compete organizar y liderar la realización de las juntas zonales de seguridad, en coordinación con los consejos locales de seguridad y las alcaldías locales, tienen como misión la promoción, seguimiento y monitoreo de espacios de participación comunitaria, esto es, frentes locales y juntas zonales de seguridad.
 

Precisa que no es necesario ni procedente la suscripción de un nuevo Decreto o acto administrativo que establezca las condiciones operativas, de administración, de ejecución y financieras para la estructuración del contrato y el manual operativo de la fiducia mercantil. Lo anterior teniendo en cuenta que el Decreto Distrital 203 de 2023 asigna la celebración del contrato mercantil para la administración del Fondo y adicionalmente, establece los lineamientos para la constitución, administración y funcionamiento del mismo. Estos elementos particulares, así como lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 2169 de 2021 deberá tenerse en cuenta al momento de la estructuración del contrato y su desarrollo, así como para la elaboración del manual operativo, pues este instrumento se convertirá en una fuente de información que permita a las partes el control y vigilancia de la operación del patrimonio autónomo y se convierte en la herramienta de gestión del mismo contrato.
 

Reconocimiento de mejoras a los propietarios de predios ubicados en Reservas Distritales de Humedal.
 

Profiere concepto sobre la competencia del Concejo de Bogotá para reglamentar términos en los procesos verbales abreviados dentro del marco de la Ley 1801 de 2016, precisando que el poder subsidiario de policía no guarda relación con el procedimiento que regula el trámite para conocer sobre los comportamientos contrarios a la convivencia y las medidas correctivas y, por lo tanto, no es posible jurídicamente que en virtud de dicho poder se reglamenten los términos del proceso verbal abreviado dispuesto en dicha normativa. Adicionalmente, porque es un campo de responsabilidad del legislador al tratarse expresamente de un trámite reglado en la ley. Aunado a lo anterior se indica que la función administrativa, sólo podrá ser ejercida por los concejos con los alcances y limitaciones de su naturaleza. Así, cualquier reglamentación efectuada por dichas corporaciones, debe ser respetuosa del ámbito reservado constitucionalmente al Legislador, por lo cual no puede entrar a establecer procedimientos; en concreto, términos o la duración de una etapa del procedimiento administrativo, por cuanto esto forma parte de materias propias del núcleo reservado al legislador.
 

Emite concepto jurídico con respecto a la Terminación del Contrato de Arrendamiento, si tiene o no derecho al pago de la indemnización equivalente a 3 meses de arrendamiento por parte de mi arrendador. El ordenamiento jurídico prevé la terminación unilateral del contrato por parte del arrendatario o del arrendador, sin que medie causal de incumplimiento originada en el actuar de la otra parte contractual o justa causa amparada en la ley, caso en el cual se causa el pago de los 3 cánones de arrendamiento a favor de la contraparte, ésta figura tiene lugar ante la decisión unilateral de alguna de las partes, de dar por terminado el acuerdo de voluntades dentro del término inicial o durante sus prórrogas.
 

Conceptua sobre los requisitos específicos que deben cumplirse en la hoja de vida de los postulantes a Alcaldes/as Locales, así como el régimen de inhabilidades e incompatibilidades en el proceso de selección, en relación con la celebración de contratos con el Distito Capital.
 

Profiere concepto sobre la competencia de la Secretaria de Gobierno precisando que dicha Secretaria a través de la Dirección de Convivencia y Diálogo Social de la entidad, es quien cuenta con la competencia para realizar los procesos de dialogo y mediación para atender los conflictos que se generen en el marco de las actividades que desarrollen las aglomeraciones, en perspectiva de la defensa de los derechos de las personas que participan en ellas.
 

Profiere concepto sobre la inhabilidad aplicable a los alcaldes locales, precisando que por remisión expresa del artículo 84 ídem, que el término para dicha inhabilidad debe contarse a partir del nombramiento o la designación que efectúe el Alcalde Mayor.
 

Profiere concepto sobre la vigencia del Decreto Distrital 465 de 2006, precisando que el referido Decreto estableció que el Plan Maestro de Equipamientos Culturales tenía un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2019, es por ello por lo que se considera que los Decretos Distritales 465 de 2006 y 430 de 2011 perdieron su vigencia por el vencimiento del plazo de su ejecución y que frente a los planes de implantación y los planes de regularización y manejo que no son adoptados por Decreto Distrital, sino por Resoluciones de la Secretaría Distrital de Planeación, al tratarse de instrumentos de tercer nivel, el análisis de vigencia de los planes de implantación y los planes de regularización y manejo a que hagan referencia a los Decretos Distritales 465 de 2006 y 430 de 2011 le corresponderá a la Secretaría Distrital de Planeación conforme al artículo 228 del Decreto Distrital 430 de 2018.
 

Determina que los Decretos Distritales 316 de 2006 y 120 de 2018 no están vigentes en virtud de la expedición del Decreto Distrital 555 de 2021.
 

Profiere concepto sobre la vigencia del Decreto Distrital 457 de 2008, respecto de la Protección de Humedales, precisando que el referido Decreto perdió vigencia una vez finalizado el plazo de doce (12) meses establecidos en su artículo 1°, correspondiente al término fijado para el Estado Crítico o Alerta Naranja. En tal sentido, la disposición contenida en el numeral 5 del artículo 3 tampoco está vigente. Sin embargo, si bien el referido decreto y sus correspondientes disposiciones no están vigentes, se destaca que los humedales son áreas protegidas, conforme las normas citadas; por lo tanto, las entidades distritales deben velar por su protección y, en tal sentido, le corresponde a la Secretaría Distrital de Ambiente, como entidad responsable de la administración de las Reservas Distritales de Humedal, coordinar con la Secretaría Distrital de Planeación, con fundamento en las disposiciones normativas actuales y vigentes, lo correspondiente para seguir promoviendo la protección de las áreas protegidas y de especial importancia ecosistémica.
 

Determina la vigencia del artículo 8 del Decreto Distrital 166 de 2014 sobre la reubicación transitoria de hogares indígenas, a pesar de su derogatoria, en virtud del régimen de transición establecido en los Decretos Distritales 623 de 2016, 324 de 2018 y 145 de 2021, precisando que la solución definitiva sobre la situación de reubicación corresponde a la Secretaría Distrital del Hábitat conforme a las competencias establecidas en el Decreto Distrital 121 de 2018.
 

Determina que el Decreto Distrital 310 de 2006, por el cual se adopta el Plan Maestro de Gas Natural para Bogotá Distrito Capital y el Decreto Distrital 088 de 2010, por medio del cual se complementa dicho Plan Maestro mediante la adopción de las normas urbanísticas y arquitectónicas para la implantación y regularización de las infraestructuras y equipamientos del Sistema de Gas Natural Domiciliario, en Bogotá Distrito Capital, se encuentran derogados en virtud de la expedición del Decreto Distrital 555 de 2021.
 

Emite concepto con relación a la solicitud de que se determine la vigencia de cada una de las disposiciones que contiene el Decreto 523 de 1961establecer que aunque el Decreto 523 de 1951; la dirección de política Jurídica, responde que, en su integralidad no ha sido formalmente objeto de derogatoria expresa, tácita ni orgánica puesto que no se evidencia que la normativa posterior, antes referida, haya recogido e integrado la totalidad de las disposiciones normativas contenidas en dicho Decreto Distrital.
 

Emite concepto con relación al estado y vigencia del Decreto Distrital 555 de 2021, informando el estado Jurídico actual del Plan de Ordenamiento Territorial POT -Bogotá Reverdece 2022-2035-, el alcance legal y jurídico del mismo y su afectación en la vida cotidiana de los ciudadanos.
 

Imparte Concepto relacionado con la asistencia del Alcalde Mayor a la citación de control politico realizada por el Congreso de la República, precisando que en los casos en que se realice control político al Alcalde o Alcaldesa Mayor, (que solo procede en asuntos de interés nacional y no local), se deberá dar respuesta y asistir a las sesiones citadas. Aclarando que en desarrollo del artículo 137 de la CP, es viable la presentación de excusas para no asistir a la sesión. En ese sentido, es viable excusarse de asistir cuando el asunto reviste una naturaleza exclusivamente local, para lo cual, se recomienda revisar los criterios explicados en este concepto para determinar si el cuestionario gira en torno a asuntos de interés nacional o local.
 

Emite concepto sobre la designación del 50% de mujeres como alcaldesas locales, contenida en el artículo 86A del Decreto Ley 1421 de 1993; la Dirección de Doctrina y Asuntos Normativos, considera, que teniendo en cuenta que no se tienen la totalidad de las ternas para la designación de los/as 20 alcaldes o alcaldesas locales, cualquiera de las dos opciones propuestas es viable, dado que, en el primero de los casos, al designar a 9, cabe la opción para que en los tres (3) nombramientos restantes puedan cumplir con el nombramiento de la mujer. En el segundo caso, se cumpliría con el porcentaje total previsto, sin perjuicio que pueda entrar a realizarse una designación a más mujeres en las próximas designaciones.
 

Solicita se aclare el alcance del numeral 5 de la Circular Conjunta No. 001 de 2023, frente a la expresión entre otras personas para los contratistas de prestación de servicios que ostenta la calidad de prepensionados; la Circular Conjunta mencionada, fue expedida en virtud de las sentencias de unificación sobre el alcance de la estabilidad reforzada en los contratos de prestación de servicios y no se evidenció sentencia de unificación, ni normatividad vigente que estableciera de manera expresa que se diera alcance a esta figura.
 

Establece la vigencia de las Resoluciones 038 de 2014 y 008 de 2017, confirmando que no han sido derogadas y continúan siendo necesarias para la ejecución de las funciones delegadas al FONCEP, hasta que la Alcaldía Mayor reasuma la función o las derogue, en cumplimiento de las normas de procedimiento administrativo y de los pronunciamientos de las Altas Cortes.
 

Profiere concepto jurídico relacionado con la toma de decisiones en asamblea extraordinaria de propiedad horizontal con la quinta parte de los coeficientes.
 

Emite concepto sobre las facultades que tienen las Juntas Administradoras Locales, para citar a debates de control político a las entidades del orden distrital, responde que las JAL no podrán citar a debates de control político a los titulares de los despachos de las entidades del orden distrital, al no haberles conferido dicha atribución.
 

Profiere concepto sobre la vigencia del Decreto Distrital 191 de 2006. Revocatoria de Licencias Urbanísticas, precisando que el precitado decreto se encuentra vigente por tratarse de la asignación de una competencia que está en cabeza del Alcalde Mayor, que no ha sido derogado expresa o tácitamente y tampoco concurre causal de pérdida de ejecutoria del acto administrativo que afecte su eficacia y en consecuencia su vigencia. Además, se evidencia que frente al Decreto Distrital 191 de 2006 no se encuentra ningún tipo de nulidad, suspensión o requerimiento judicial, una vez consultado el SIPROJ el 21 de junio de 2024, además, no ha dejado de ejecutarse en cinco (5) años, ni se ha cumplido la condición resolutiva.
 

Solicita se determine la vigencia del Decreto Distrital 168 de 1994; la Secretaría Jurídica Distrital, responde, que no está vigente, en tanto fue susceptible de derogatoria con ocasión de la expedición del Decreto Distrital 555 de 2021.
 

Profiere concepto sobre la vigencia del Decreto Distrito 825 de 2019, señalando que el Ministerio de Justicia y del Derecho expidió el protocolo para autoridades frente al porte y consumo de sustancias psicoactivas en espacios públicos donde indica que En cumplimiento de la Sentencia C-127 de 2023 se sugiere unos criterios orientadores para que las entidades territoriales establezcan los elementos de tiempo, modo y lugar en la aplicación de las medidas correctivas previstas en los numerales 13 y 14 del artículo 140 de la Ley 1801 de 2016., precisa que el referido Decreto 825 se encuentra vigente.
 

Profiere concepto sobre la normativa, procedimiento y mecanismo para la modificación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), precisando también que para profundizar la Secretaría Jurídica Distrital tiene a disposición la la cartilla Aspectos jurídicos para la elaboración de los Planes de Ordenamiento Territorial que puede ser consultada en la Biblioteca Virtual de la entidad o en el siguiente link: https://legalbog.secretariajuridica.gov.co/biblioteca-publico#/biblioteca-publico/2291
 

Emite concepto frente a la viabilidad de que una persona natural suscriba y ejecute múltiples contratos de prestación de servicios de manera simultánea con entidades estatales (del mismo u otro sector), se concluye que no existe prohibición legal para ello, fundamentado en que, los contratos de prestación de servicios no generan relación laboral ni subordinación, por lo cual no les aplica la prohibición constitucional de recibir doble asignación del tesoro público.
 

Profere concpeto sobre el Régimen Legal aplicable a Maloka, precisando que no se encontró a la fecha del presente concepto una reforma estatutaria que modifique la naturaleza y régimen jurídico de Maloka, así las cosas su régimen de contratación es el derecho privado, así los recursos provengan del Distrito Capital y sean objeto de control fiscal.
 

Determina que el Decreto Distrital 325 de 2008 "Por el cual se dispone la creación de la Comisión Distrital para la celebración del Bicentenario de la Independencia de la República de Colombia", perdió vigencia en virtud de la cesación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar que lo originaron, es decir, se cumplió el objeto para el cual fue emitido, es decir, la conmemoración del Bicentenario de la Independencia de Colombia realizado en el año 2010.
 

Determina la pérdida de vigencia del Decreto Distrital 430 de 2009 sobre la integración de la Junta Directiva de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, al concluirse que fue derogado tácitamente por el Decreto 531 de 2012, dado que las disposiciones posteriores sobre la designación de los miembros de la junta son incompatibles con las del decreto inicial, conforme al Código Civil y la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
 

Profiere concepto de vigencia normativa sobre los Decretos Distritales 218 de 28 de mayo de 2007, 408 de 13 de septiembre de 2007, 591 de 26 de diciembre de 2007 y 072 de 18 de marzo de 2008, considerado que en su integralidad no han sido objeto de derogatoria tacita ni expresa, así como tampoco se puede concluir de manera definitiva la existencia de derogatoria orgánica puesto no se evidencia que la normativa posterior haya recogido e integrado un término similar y/o relacionado al definido dentro de su contenido normativo, considerando la especificidad del mismo y de las medidas allí adoptadas para ampliar el referido régimen de transición. No obstante, como se expuso previamente, el Decreto que los fundamentó hoy, también ya se encuentra derogado por el Decreto Distrital 340 de 2020 modificado por el Decreto Distrital 400 de 2022; razón por la cual no existe una consigna de continuidad a las disposiciones que le dieron origen.
 

Determina la vigencia del Decreto Distrital 345 de 2008, concluyendo que no ha sido derogado de forma tácita, expresa ni orgánica, ni mediante acto administrativo alguno, por lo que mantiene su vigencia.
 

Emite Concepto sobre la vigencia del Decreto Distrital 511 de 1998 Por el cual se toman medidas de tránsito relativas al parqueo en vías públicas y concluye que perdió su vigencia por la desaparición de los fundamentos de derecho que originaron su expedición, es decir, por la derogatoria del Código Nacional de Tránsito vigente para la fecha de su expedición.
 

Emite Concepto sobre citación de control político del Congreso de la República al Alcalde Mayor de Bogotá; el control político que ejerza el Congreso sobre el Alcalde Mayor de Bogotá solamente recae sobre asuntos de interés nacional y no de carácter local, dado que este último compete al Concejo de la Capital.
 

Profiere concepto sobre el acto de delegación de funciones, precisando que los oficios a través de la cual los Secretarios delegaron la participación en cargos del nivel asesor o directivo para participar en el Comité Estratégico de Gobernanza y Gestión del Espacio Público cumplen con las formalidades de un acto de delegación previsto en el artículo 10 de la Ley 489 de 1998, dado que se efectuó por escrito, determinó el/la delegatario/a y estableció la obligación particular, en este caso de participar como delegado en la citada instancia de coordinación. Ahora bien, con relación a si las citadas comunicaciones pueden ser catalogadas como actos administrativos porque en su momento fue la forma en que se exteriorizó la decisión se considera que cumplió con la función tanto de plasmar la voluntad como de comunicar a la secretaría técnica tal decisión.
 

Emite Concepto sobre el análisis de la vigencia del Acuerdo Distrital 912 de 2023  Sistema Unificado Distrital de Inspección, Vigilancia y Control y concluye que el artículo 102 del Acuerdo Distrital 927 de 2024 derogó de manera tácita únicamente la competencia de la Secretaría General sobre la administración del Sistema de Sistema Unificado Distrital de Inspección, Vigilancia y Control en el Distrito Capital, prevista en el Acuerdo Distrital 912 de 2023, al habérsela asignado a la Secretaría Distrital de Gobierno. Así mismo, sobre la reglamentación del sistema no se evidencia una derogatoria orgánica dado que del comparativo no se observa incompatibilidad entre las disposiciones citadas, Igualmente, la función asumida desde la Secretaría General no obedece a la reglamentación hecha por el Acuerdo Distrital 912 citado, sino que las acciones de IVC venían siendo ejercidas por parte de dicha entidad. En consecuencia, dado que se evidencia una duplicidad de funciones entre las Secretarías Distrital de Gobierno y General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, sobre el Sistema Unificado Distrital de Inspección, Vigilancia y Control en el Distrito Capital  SUDIVC, se sugiere adelantar las acciones administrativas, técnicas y presupuestales para el trámite del proyecto de Decreto que modifiquen las estructuras organizacionales de las dos entidades.
 

Profiere concepto sobre la vigencia del artículo 2, Decreto Distrital 667 de 2017, precisando que no se encuentra enmarcado dentro de alguna de las clases de derogación establecidas en la normatividad, es decir, no se ha derogado parcial o totalmente de forma tácita, expresa ni orgánica y en tan sentido conserva su vigencia.
 

Profiere concepto sobre instancias de participación ciudadana precisando que las asociaciones de juntas de acción comunal deben cumplir con el objetivo para el que fueron creadas en el marco del desarrollo de la comunidad, cuyos fundamentos se basan, entre otros, en promover la convivencia respetuosa, tolerante e inclusiva, fomentando la formación ciudadana, protegiendo los intereses de los miembros de la comunidad y del territorio, mediante diálogos y pactos. Si bien las Asociaciones de juntas de acción comunal cumplen un rol activo dentro de la democracia participativa dado que representan un sector de la comunidad, no están contemplados de manera expresa como parte del Consejo Distrital de Participación dado que en representación de ellas se encuentra un representante de la Federación de Acción Comunal del Distrito Capital o su suplente, que también es un organismo de acción comunal de tercer grado. En conclusión, se resalta que tanto la Ley 2166 de 2023 como el Decreto Distrital 606 de 2023 no hace una referencia expresa a que las Asociaciones de Juntas de Acción Comunal sean una instancia de participación ciudadana. No obstante, debe resaltarse que el numeral 2° del artículo 32 del referido decreto refiere a las Instancias de Participación Autónomas como aquellos (&) espacios de participación y encuentro entre la ciudadanía con el fin de aumentar la garantía de los derechos y no están mediadas por un acto normativo. A su vez, el numeral 3° define a las organizaciones sociales (&) como las diferentes formas de asociación, agregación y/o interacción entre individuos por agregación voluntaria de personas que resultan siendo recurrentes y repetitivas alrededor intereses necesidades, problemas o ideas comunes. Estas dos categorías, entendidas como actores del componente de representación ciudadana del Sistema Distrital de Participación Ciudadana del Distrito Capital.
 

Profiere concepto sobre la vigencia normativa del Decreto Distrital 166 de 2004 concluyendo que no se encuentra vigente y frente a las preguntas sobre las competencias de los Inspectores de Policía y la autoridad administrativa que declara el estado de ruina se remite la respuesta dada por la Dirección Jurídica de la Secretaría Distrital de Gobierno, por ser de su competencia.
 

Profiere concepto sobre la posibilidad de contratar en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP a persona con parentesco por afinidad con un empleado público, precisando que a pesar de su régimen especial, la EAAB-ESP debe aplicar el régimen de inhabilidades e incompatibilidades establecido principalmente en la Ley 80 de 1993, conforme lo disponen la Ley 1150 de 2007 y la Ley 142 de 1994. Esto implica que, incluso bajo contratos de prestación de servicios, deben observarse las restricciones para evitar conflictos de interés o actos que atenten contra la transparencia y la función pública.
 

Determina la pérdida de vigencia y fuerza ejecutoria del Decreto Distrital 792 de 1994, que reglamenta la operación de la Avenida Caracas, debido a la derogatoria expresa de su fundamento legal, el Decreto Nacional 1787 de 1990, por el artículo 88 del Decreto Nacional 1558 de 1998, y la posterior derogación de este último por el Decreto Nacional 170 de 2001, así como por la incompatibilidad con los nuevos sistemas de movilidad en Bogotá, como Transmilenio y el SITP, que han modificado sustancialmente las condiciones fácticas y normativas de la operación de transporte en la ciudad, conforme a lo establecido en el numeral 2 del artículo 91 de la Ley 1437 de 2011.
 

Declara la derogatoria tácita del Decreto Distrital 313 de 1955, que regula los pases y el tránsito de ciclistas en Bogotá, por ser incompatible con normas posteriores y vigentes, como la Ley 769 de 2002, el Decreto Nacional 2053 de 2003, el Decreto Único Reglamentario 1079 de 2015, y la Resolución MT 3027 de 2010, que establecen disposiciones actualizadas sobre licencias, circulación y sanciones para ciclistas, conforme a lo previsto en el artículo 71 del Código Civil.
 

Declara la pérdida de vigencia del Decreto Distrital 300 de 1989, que regulaba el manejo de materiales de construcción, desechos y basuras en zonas y vías públicas de Bogotá, debido a su incompatibilidad con normativas nacionales posteriores, como la Ley 1801 de 2016 y regulaciones del Ministerio de Transporte, que han derogado tácitamente sus disposiciones sobre vehículos de tracción animal, sanciones por arrojo de escombros y competencias administrativas, en cumplimiento de los principios de legalidad y depuración normativa.
 

Profiere concepto de vigencia - Decreto Distrital 380 de 1998, precisando que se encuentra derogado de forma tácita, en tanto existen normas posteriores y vigentes que son incompatibles con las disposiciones contempladas actualmente en el Decreto Nacional 1079 de 2015.
 

solicitud concepto de vigencia Decreto Distrital 327 de 2017
 

Emite Concepto jurídico sobre las subcomisiones de vigilancia y control establecidas en el parágrafo 2 del artículo 36 del Acuerdo 741 de 2019 y concluye que , no es competencia de una comisión accidental o una subcomisión de vigilancia citar a secretarios, jefes de departamento administrativo y representantes legales de entidades descentralizadas bajo las atribuciones de control político consignadas en cabeza del Concejo Distrital, esto es, de convocar de forma obligatoria a las autoridades, so pena de las sanciones disciplinarias y políticas correspondientes.