Define el Trámite De Revisión Y Emisión Del Concepto De La CRA Respecto De Los Estudios De Costos De Los Prestadores De Servicios Públicos.
 

Realiza actualización de la compilación normativa y comportamientos esperados por parte de los prestadores en la aplicación de la normatividad expedida por el Gobierno Nacional y las Comisiones de Regulación en el marco de la Emergencia Sanitaria y el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el Territorio Nacional.
 

Informa sobre el estado actual de cada una de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional y las Comisiones de Regulación para todos los servicios domiciliarios, en el marco de la emergencia sanitaria y el estado de emergencia económica, social y ecológica declarada con la llegada del COVID-19.
 

Reitera a los prestadores de servicios públicos domiciliarios la obligación de remitir expedientes a la Superintendencia para el trámite del recurso de apelación dentro de los tres días siguientes a la fecha en la cual se notifique la decisión del recurso de reposición.
 

Establece directrices estrictas sobre el reporte de toneladas aprovechadas en el Sistema Único de Información (SUI). El objetivo principal es asegurar que los beneficios del régimen de formalización lleguen exclusivamente a las organizaciones legítimas de recicladores de oficio, evitando que empresas que no cumplen con los requisitos legales capturen estos recursos.
 

Establece una directriz fundamental para proteger a los usuarios de energía eléctrica cuando su empresa prestadora se encuentra intervenida. El objetivo central de esta norma es evitar que se realicen cortes de energía masivos (conocidos técnicamente como "limitación de suministro") a las empresas que están en proceso de toma de posesión.
 

Define las responsabilidades de los municipios en la transición hacia el modelo de gestión de residuos denominado "Basura Cero". Este documento enfatiza que los entes territoriales no solo deben garantizar la recolección de desechos, sino que deben liderar un cambio estructural hacia la economía circular, integrando de manera obligatoria componentes sociales y ambientales en su planeación.
 

Exhortan a todas las empresas del sector a cumplir con su deber de garantizar una medición precisa, fiable y real. Cualquier desviación de la normativa en perjuicio de los usuarios será considerada un incumplimiento grave y estará sujeta a las acciones de control pertinentes. No pueden aceptarse prácticas que comprometan la transparencia o la justicia en la facturación de servicios eléctricos. La confianza de los usuarios, tanto en las empresas como en los organismos de control, y la integridad del sistema dependen de nuestra capacidad para asegurar que los consumos de los usuarios se midan correctamente. Insisten sobre la obligación que impone la ley de determinar el consumo facturable al usuario a través de instrumentos de medida idóneos y que, por regla general, debe hacerse de manera individual. Si bien existen casos excepcionales en los cuales puede determinarse el consumo facturable mediante las formas de estimación que permite la ley, es obligación de las empresas justificar plenamente, con todo el soporte probatorio, que la determinación del consumo facturable al usuario no fue posible hacerse a través de su equipo de medida individual por causas ajenas a la empresa. Justificación que, a criterio de esta Superintendencia, debe presentarse por cada uno de los periodos en que se estime el consumo.
 

Ofrece una aclaración técnica fundamental sobre el alcance de la toma de posesión con fines liquidatorios. El punto central de esta circular es desmitificar la idea de que esta medida conduce inevitablemente a la desaparición de la empresa, explicando que, por el contrario, representa una oportunidad para el saneamiento estructural y la protección de los usuarios.
 

Imparte recomendaciones sobre las obligaciones de las autoridades departamentales y municipales frente a la promoción, conformación y fortalecimiento de los Comités de Desarrollo y Control Social.