Fija criterios de adiestramiento y evaluación de caninos, para la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada con medio canino.
 

Dicta medidas preventivas para el control de armas, y demás implementos utilizados por los servicios de vigilancia y seguridad privada, en uso de sus facultades legales, establecidas en el artículo 110 del Decreto-ley 356 de 1994 y numeral 5 del artículo 6° del Decreto 2355 de 2006.
 

Fija criterios jurídicos referentes al registro de códigos caninos utilizados para la prestación del Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada.
 

Determina que el Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada reasume la función de autorizar en los servicios de vigilancia y seguridad privada el uso de medio canino y el registro de caninos.
 

Conmina a los servicios de vigilancia y seguridad privada a dar cumplimiento a la normatividad relacionada con la protección de datos personales, precisando taxativamente la Ley 1581 de 2012.
 

Regula lo relacionado con la utilización del medio canino por parte de los servicios de vigilancia y seguridad privada, y acoge los principios de protección animal basados en el respeto, la solidaridad, la compasión, la ética, la justicia, el cuidado, la prevención del sufrimiento, la erradicación del cautiverio y el abandono, así como de cualquier forma de abuso, maltrato, violencia, y trato cruel, entre otros.