Establece que la Secretaría Jurídica Distrital podrá ejercer con Poder Preferente en aquellos asuntos de alta relevancia o importancia estratégica para Bogotá D.C., el poder preferente establecido en el artículo 9 numeral 9.5 del Decreto Distrital 430 de 2018, con lo cual asumirá la representación judicial del nivel central, descentralizado o local con el objeto de centralizar la defensa judicial y extrajudicial del Distrito Capital, en los procesos que se tramiten ante cualquier jurisdicción y en cualquier estado del proceso.
 

En el marco del numeral 9.5 del Decreto Distrital 430 de 2018, la Secretaría Jurídica Distrital podrá ejercer el poder preferente en aquellos asuntos de alta relevancia o importancia estratégica para Bogotá, por lo cual tendrá la posibilidad de asumir la representación judicial del nivel central, descentralizado o local en los procesos que se tramiten ante cualquier jurisdicción y en cualquier estado del proceso.
 

Reglamenta la facultad de ejercicio del poder preferente en materia de representación judicial y extrajudicial a nivel central, descentralizado y local en el Distrito Capital.
 

Reglamenta el ejercicio del poder preferente y la instancia de selección de casos en materia de representación judicial y extrajudicial, creando el Comité de selección de casos como una instancia de evaluación y selección de casos, mediante la cual se estudiarán las solicitudes de poder preferente, se harán recomendaciones motivadas sobre su procedencia, se revisarán los actos administrativos que materializan el poder preferente y se presentarán informes de los casos ante el Comité de Conciliación de la Secretaría Jurídica Distrital.
 

Dispone del ejercicio del poder preferente, en relación con los procesos judiciales 11001310300120220037200, 11001310303020230023600, 11001334306520220023900, 11001333603720220024400, 11001310304720230019800 y las demás actuaciones y procesos legales que se susciten con posterioridad en donde actué como demandante el señor PETER JOHN LIÉVANO AMÉZQUITA, siempre y cuando exista identidad respecto a la parte demandante, la causa objeto de controversia jurídica y no haya operado el fenómeno de la caducidad.