La Procuraduría General de la Nación concluyó el disciplinado no tiene excusa alguna que justifique la irregularidad cometida como quiera que, no fue eficiente ni oportuno en aplicar el procedimiento establecido en estos eventos, como lo fueron instaurar la denuncia como se requería, solicitar la verificación de la entrega o hacerla en el terreno, si no que al transcurrir el tiempo y presentada la reclamación, proceden de conformidad, lo cual trajo como consecuencia, la pérdida de tiempo, en subsanar el impase, la creación de controversias entre ADPOSTAL y LA DIAN, así como el desgaste en las discusiones surgidas entre las mismas.
 

La Corte Suprema de Justicia no CASA el fallo impugnado respecto del cargo primero de la demanda presentada a nombre del sindicado LISANDRO SANTOS VARGAS y los dos reproches postulados en el libelo allegado por el defensor de LUIS FELIPE ANDRADE HERRÁN, toda vez que la interpretación entregada por el libelista asoma completamente errada y contraria a lo que la norma impone, dado que, nunca el término de prescripción, cuando se referencia un ilícito realizado por servidor público en razón de su cargo o por ocasión de sus funciones, puede ser inferior a 6 años y 8 meses (5 años más su tercera parte), sea en la fase instructiva o en la del juicio, reiterando entonces, determinado que la acción penal no está prescrita, se procede negar la deprecación que en tal sentido elevó el recurrente.
 

Imparte lineamientos a los servidores públicos para el reporte de posibles actos de corrupción o irregularidades a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República.