Imparte lineamientos sobre la necesidad de que los organismos y entidades distritales verifiquen permanentemente la totalidad de las sentencias desfavorables con obligaciones de pagar, y estas sean incorporadas al sistema diligenciando las respectivas fichas de pago e incluyendo la totalidad de los desembolsos efectuados para dar cumplimiento a la sentencia, y comprueben que los procesos terminados que han sido fallados en contra de la entidad distrital, que originan una erogación económica, tengan asociada una cuenta por pagar al beneficiario por concepto de sentencias judiciales, que deberá cancelarse con el fin de dar cumplimiento a la sentencia. De esta manera, se pueden prevenir posteriores incidentes de desacato o sobrecostos por concepto de intereses moratorios y otros conceptos que puedan originar el incumplimiento de la respectiva obligación.
 

Conceptúa frente a la figura jurídica de la supervisión contractual con el fin de vigilar permanentemente la correcta ejecución de los objetos contratados para buscar la protección de la moralidad administrativa, prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual.
 

Traslada por competencia a la Oficina Asesora Jurídica de la Secretaría Distrital de Salud una solicitud de concepto formulada por la Gerencia de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. respecto de la titularidad jurídica de competencia en contratos celebrados por las Empresas Sociales del Estado para aplicar procedimientos sancionatorios contractuales. Lo anterior con base en los numerales 1), 2) y 3) del artículo 4 del Decreto Distrital 507 de 2013.
 

Conceptua sobre la vivienda turistica y la prestación el servicio de hospedaje o alojamiento turístico, siendo entendidas como aquellas Unidades privadas, casas y demás construcciones integradas arquitectónica y funcionalmente destinada total o parcialmente a brindar el servicio de alojamiento turístico según su capacidad, a una o más personas. Pertenecen a esta clasificación los apartamentos turísticos, fincas turísticas, casas turísticas y demás inmuebles cuya destinación corresponda a esta definición
 

Conceptúa sobre la suscripción de acuerdos de pago y la procedencia de adelantar el cobro persuasivo y coactivo con usuarios y comerciantes que hacen uso de un módulo en plazas de mercado y que no han regulado su relación contractual con el Instituto para la Económica Social - IPES.
 

Conceptúa sobre la procedencia de la segunda instancia en los procesos de restitución de inmueble arrendado, cuando la causal no sea la mora en el pago del canon de arrendamiento, y precisa que en este caso los mismos se tramitarán en doble instancia, con lo cual corresponderá al juez del proceso determinar las providencias que podrán ser susceptibles del recurso de alzada, toda vez que el legislador sólo estableció que se tramitaría en única instancia, el proceso de restitución de inmueble arrendado, cuando la causal de restitución sea la mora en el pago del canon de arrendamiento.
 

Profiere concepto sdobre la naturaleza jurídica de la multa en los contratos estatales, precisando que la multa se deriva de la facultad sancionatoria con que cuenta el Estado, en ejercicio del deber de control y vigilancia con que cuentan las entidades estatales con el fin de conminar al contratista a cumplir con sus obligaciones, por lo que son las llamadas a hacerlas efectivas, una vez hayan sido pactadas en el contrato y conforme al procedimiento contemplado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.
 

Emite Concepto sobre si la agresión a funcionario público donde esta contempla en la ley marco jurídico y de qué forma se materializa. El concepto emitido dice que se materializa, cuando se ejerce violencia, bien sea física o psicológica, contra un servidor público por razón de sus funciones, y con el fin de obligarlo a ejecutar u omitir algún acto propio de su cargo o realizar uno contrario a sus deberes oficiales; adquiere especial relevancia para su materialización, que la conducta esté encaminada a obligar al funcionario a realizar u omitir alguna de las funciones propias de su cargo.
 

Conceptúa sobre inquietudes relacionadas con el NIT de las entidades distritales y representación judicial.
 

Profiere concepto sobre la competencia del Concejo de Bogotá para reglamentar términos en los procesos verbales abreviados dentro del marco de la Ley 1801 de 2016, precisando que el poder subsidiario de policía no guarda relación con el procedimiento que regula el trámite para conocer sobre los comportamientos contrarios a la convivencia y las medidas correctivas y, por lo tanto, no es posible jurídicamente que en virtud de dicho poder se reglamenten los términos del proceso verbal abreviado dispuesto en dicha normativa. Adicionalmente, porque es un campo de responsabilidad del legislador al tratarse expresamente de un trámite reglado en la ley. Aunado a lo anterior se indica que la función administrativa, sólo podrá ser ejercida por los concejos con los alcances y limitaciones de su naturaleza. Así, cualquier reglamentación efectuada por dichas corporaciones, debe ser respetuosa del ámbito reservado constitucionalmente al Legislador, por lo cual no puede entrar a establecer procedimientos; en concreto, términos o la duración de una etapa del procedimiento administrativo, por cuanto esto forma parte de materias propias del núcleo reservado al legislador.
 

Profiere concepto sobre la competencia de la Secretaria de Gobierno precisando que dicha Secretaria a través de la Dirección de Convivencia y Diálogo Social de la entidad, es quien cuenta con la competencia para realizar los procesos de dialogo y mediación para atender los conflictos que se generen en el marco de las actividades que desarrollen las aglomeraciones, en perspectiva de la defensa de los derechos de las personas que participan en ellas.
 

Precisa que no es necesario ni procedente la suscripción de un nuevo Decreto o acto administrativo que establezca las condiciones operativas, de administración, de ejecución y financieras para la estructuración del contrato y el manual operativo de la fiducia mercantil. Lo anterior teniendo en cuenta que el Decreto Distrital 203 de 2023 asigna la celebración del contrato mercantil para la administración del Fondo y adicionalmente, establece los lineamientos para la constitución, administración y funcionamiento del mismo. Estos elementos particulares, así como lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 2169 de 2021 deberá tenerse en cuenta al momento de la estructuración del contrato y su desarrollo, así como para la elaboración del manual operativo, pues este instrumento se convertirá en una fuente de información que permita a las partes el control y vigilancia de la operación del patrimonio autónomo y se convierte en la herramienta de gestión del mismo contrato.
 

Concepto sobre compra de predios en Reservas Distritales de Humedal.
 

Emite concepto jurídico con respecto a la Terminación del Contrato de Arrendamiento, si tiene o no derecho al pago de la indemnización equivalente a 3 meses de arrendamiento por parte de mi arrendador. El ordenamiento jurídico prevé la terminación unilateral del contrato por parte del arrendatario o del arrendador, sin que medie causal de incumplimiento originada en el actuar de la otra parte contractual o justa causa amparada en la ley, caso en el cual se causa el pago de los 3 cánones de arrendamiento a favor de la contraparte, ésta figura tiene lugar ante la decisión unilateral de alguna de las partes, de dar por terminado el acuerdo de voluntades dentro del término inicial o durante sus prórrogas.
 

Profiere concepto jurídico relacionado con la toma de decisiones en asamblea extraordinaria de propiedad horizontal con la quinta parte de los coeficientes.
 

Encarga de las funciones del empleo de Director Técnico de la Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos de la Secretaría Jurídica Distrital, al servidor ANDRÉS FELIPE PUENTES DÍAZ durante los días comprendidos entre el 10 y el 12 de octubre de 2024.
 

Profiere concepto sobre el análisis de vigencia del Acuerdo 79 de 2003- Código de Policía de Bogotá precisando que su vigencia es parcial y residual, habiendo sufrido una derogatoria orgánica y tácita en los aspectos sustantivos y procedimentales y se mantiene la vigencia de las normas que se desarrollan en el marco del poder residual, específicamente la competencia en materia urbanística, usos del suelo y defensa del patrimonio ecológico y cultural, que no invaden la reserva legal ni contradicen el fondo de la función policiva nacional.
 

Profiere concepto ratificando que el Decreto Distrital 547 de 2016 continúa plenamente vigente. Este acto normativo no ha sido derogado ni ha perdido su fuerza ejecutoria tras expedirse bajo facultades extraordinarias para reorganizar las instancias de coordinación distritales. Finalmente, al poseer fuerza de acuerdo, cualquier eventual modificación de este decreto deberá tramitarse formalmente ante la dependencia encargada de asuntos normativos.
 

Delega en el servidor(a) público(a) titular del empleo de Director Técnico Código 009 Grado 7 de la Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos de la Secretaría Jurídica Distrital algunas funciones.
 

Profiere concepto aclarando que la Secretaría de Desarrollo Económico carece de personería jurídica propia, pero representa misionalmente al Distrito. Por ello, sugiere argumentar esta autonomía administrativa ante la autoridad para lograr el registro de la marca "Mercados Campesinos". De persistir la negativa, se recomienda que el Alcalde Mayor delegue formalmente esta competencia a las secretarías para futuros trámites.