Imparte instrucciones para fortalecer el acceso efectivo a la atención integral en salud de las gestantes y los recién nacidos con el propósito de reducir la mortalidad materna. De esta forma y acorde con el marco normativo que regula las competencias de los actores destinatarios de la presente circular, se reitera la necesidad de fortalecer e intensificar las acciones de gestión de la salud pública y las intervenciones individuales, colectivas y poblacionales con impacto en la salud materna y la reducción de la mortalidad y se definan las acciones estratégicas de gestión del orden territorial en el marco del Plan de Aceleración para la Reducción de la Mortalidad Materna.
 

Establece acciones para la atención integral y segura de la población en edad fértil y gestantes en el marco de la salud materna en el Distrito Capital, que deben cumplir las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios EAPB, las Entidades de Regímenes Especiales y de Excepción, los planes voluntarios de salud, el Servicio de transporte especial de pacientes y los Prestadores de Servicios de Salud en el Distrito Capital según sus competencias y obligaciones en el sistema de salud.
 

Establece acciones para la atención integral y segura de la población en edad fértil, gestantes y recién nacidos en el marco de la línea estratégica de salud materna y perinatal en el Distrito Capital, que deben cumplir las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios EAPB, las Entidades de Regímenes Especiales y de Excepción, los planes voluntarios de salud, el Servicio de transporte especial de pacientes y los Prestadores de Servicios de Salud en el Distrito Capital según sus competencias y obligaciones en el sistema de salud.
 

La Corte insiste que amparó en su dimensión objetiva los derechos al cuidado, a la igualdad, a la no discriminación y a la seguridad social de una mujer trabajadora no gestante y de su hijo recién nacido, en el seno de una familia homoparental que acudió a una técnica de reproducción humana asistida (ROPA) y planeó un esquema de lactancia compartida. La Corte concluyó que la EPS violó sus derechos al otorgarle una respuesta automatizada y asignarle la licencia de paternidad de 14 días bajo estereotipos de género, ignorando las condiciones particulares de vulnerabilidad del hogar (bebé prematuro, necesidad de porteo canguro y la incapacidad de la madre gestante por preeclampsia). Aunque la Corte declaró la carencia actual de objeto por daño consumado en lo económico al haberse disfrutado ya los tiempos, ordenó al empleador mantener todas las garantías laborales de la trabajadora como madre lactante hasta los dos años del menor, precisó que la pareja pudo acceder de forma simultánea e inmediata a la licencia parental compartida por razones de salud, y exhortó al Congreso de la República a diseñar un régimen de licencias parentales con enfoque de corresponsabilidad que reconozca la pluralidad de modelos familiares y no desatienda la lactancia ni los arreglos de cuidado no tradicionales.