Cumple un fallo judicial y se adiciona el parágrafo 2 al artículo 2.2.3.1.7 del Decreto 1833 de 2016, para efectos de reglamentar el inciso 4º del artículo 18 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 5° de la Ley 797 de 2003, sobre el límite máximo de cotización al Sistema General de Seguridad Social Integral.
 

La Corte concluyo que amparó los derechos al debido proceso, mínimo vital y seguridad social de dos mujeres vulnerables a quienes la Sala de Casación Laboral y la Sala de Descongestión No. 2 de la Corte Suprema de Justicia les negaron la pensión de invalidez y de sobrevivientes. La Corte determinó que las providencias cuestionadas incurrieron en desconocimiento del precedente constitucional (Sentencias SU-005 de 2018, SU-556 de 2019, SU-174 de 2025 y SU-140 de 2026), al aplicar una regla restrictiva que limitaba el principio de la condición más beneficiosa solo al régimen pensional inmediatamente anterior. El Máximo Tribunal reiteró que, cuando el solicitante se halla en acentuada vulnerabilidad socioeconómica, el principio de la condición más beneficiosa permite aplicar de forma ultractiva el requisito de semanas del Acuerdo 049 de 1990 (300 semanas en cualquier tiempo), aun si la estructuración de la invalidez o el deceso ocurrieron en vigencia de las Leyes 860 o 797 de 2003. Adicionalmente, fijó que el derecho se causa desde la fecha de estructuración de la contingencia y ordenó a Colpensiones reconocer directamente las prestaciones con el retroactivo no prescrito.