Crea y reglamenta el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, como mecanismo obligatorio de planeación, coordinación, ejecución y evaluación de las actividades dirigidas a prestar los servicios relacionados con el desarrollo de la economía campesina y a promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los hombres y mujeres campesinos de escasos recursos.
 

Reglamenta la organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural (SINRADR), para que efectivamente sea un mecanismo obligatorio de planeación, coordinación, ejecución, evaluación y seguimiento de las actividades dirigidas a la materialización de la Reforma Agraria y la Reforma Rural Integral.
 

Crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural como mecanismo obligatorio de planeación, coordinación, ejecución, evaluación y seguimiento de las actividades dirigidas a la materialización de la reforma agraria y la reforma rural integral; se compone de ocho subsistemas, con atribuciones y objetivos propios, debidamente coordinados entre sí. (Art. 51 y 52).
 

Establece los lineamientos para la adecuada interpretación y aplicación del artículo 48 de la Ley 160 de 1994, que indica para acreditar propiedad privada sobre la respectiva extensión territorial, se requiere como prueba el título originario expedido por el Estado que no haya perdido su eficacia legal, o los títulos debidamente inscritos otorgados con anterioridad a la vigencia de esta Ley, en que consten tradiciones de dominio por un lapso no menor del término que señalan las leyes para la prescripción extraordinaria, los cuales deberán ser acogidos por las autoridades administrativas en el desarrollo de sus funciones.
 

Lineamientos estratégicos de política pública para la Agricultura Campesina Familiar y Comunitaria (ACFC).
 

Lineamientos establecidos en el presente acuerdo se entienden como un marco orientador para el ejercicio de las competencias en materia de ordenamiento del suelo rural conforme a la Constitución y la ley.