Habilita un esquema de reporte temporal de información financiera y operativa a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios durante la emergencias sanitaria, económica, social y ecológica de que trata el Decreto 417 de 2020.
 

Reglamenta el recaudo anticipado de la Contribución Especial para la vigencia fiscal 2024. Esta contribución es el tributo que los prestadores de servicios públicos (acueducto, aseo, energía, gas, etc.) deben pagar al Estado para financiar los costos de inspección, vigilancia y control que la Superintendencia ejerce sobre ellos
 

Establece un marco normativo interno fundamental para la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, enfocado en la creación de entornos de trabajo seguros, igualitarios y libres de cualquier tipo de hostigamiento. Mediante este acto, la entidad adopta formalmente un protocolo integral diseñado para prevenir, atender y proteger a sus colaboradores frente a violencias basadas en género y actos de discriminación.
 

Fija los valores de las tasas para el trámite de control previo de integraciones empresariales para 2025, estableciendo montos específicos según el tipo de procedimiento (Notificación, Pre-evaluación Fase I y Fase II), con tarifas diferenciadas basadas en los ingresos operacionales y activos totales de las empresas intervinientes, aplicando un incremento del 5.17% correspondiente a la variación del IPC reportada por el DANE para 2024.
 

Establece los plazos específicos para el cargue de información financiera anual con corte a 31 de diciembre de 2024 por parte de los prestadores de servicios públicos domiciliarios a través del Sistema Único de Información (SUI), distribuyendo las fechas de reporte entre el 26 y 30 de mayo de 2025 según el último dígito del ID del Registro Único de Prestadores (RUPS), e incluyendo el reporte obligatorio del Formato Complementario FC15 sobre el cálculo del Indicador Único Sectorial (IUS) para prestadores de acueducto y alcantarillado, con el propósito de garantizar la presentación confiable y actualizada de información financiera al público bajo los marcos normativos contables aplicables.
 

Establece una medida excepcional para agilizar la gestión administrativa de la entidad antes del inicio de las restricciones legales por la contienda electoral. Mediante este acto, se declaran oficialmente como días hábiles el sábado 17, domingo 18, sábado 24 y domingo 25 de enero de 2026, con el fin exclusivo de adelantar trámites de contratación pública y presupuestales. Esta decisión se fundamenta en la necesidad de la Superintendencia de asegurar la firma y ejecución de contratos antes del 31 de enero de 2026, fecha en la que entra en vigencia la Ley de Garantías (Ley 996 de 2005) debido a las elecciones presidenciales.