La Corte Constitucional enfatiza en que: 1. Las entidades deben implementar herramientas y metodologías idóneas (como protocolos biométricos o de doble factor) que permitan la plena y veraz identificación del adquirente antes de aprobar un servicio. 2. Si una entidad incumple los protocolos de seguridad fijados por las superintendencias y se produce un fraude, está obligada a suspender la cobranza, corregir el reporte y devolver inmediatamente los dineros defraudados a la víctima, sin posibilidad de congelarlos o esperar autorizaciones de terceros.