Establece el procedimiento que deben seguir los establecimientos de crédito y el Banco de la República ante órdenes de embargo sobre recursos inembargables, conforme a lo dispuesto en el Decreto 2555 de 2010 y las solicitudes de la Procuraduría y Contraloría precisando que las entidades deben acatar el mandato judicial, salvo cuando exista advertencia preventiva de las autoridades de control, en cuyo caso inmovilizarán los recursos y seguirán las instrucciones del órgano competente.