Restringe temporalmente a las entidades distritales la contratación de diseños o implementaciones de sistemas de información orientados al seguimiento y evaluación de políticas, programas o planes, mientras se culmina la estructuración del Sistema Distrital de Seguimiento y Evaluación en el marco de la Gestión Pública por Resultados, liderado por la Secretaría Distrital de Planeación y acompañado por la Alta Consejería Distrital de TIC, con el fin de garantizar coherencia, eficiencia y centralización de la información para la toma de decisiones.
 

Establece lineamientos generales sobre las restricciones y prohibiciones contenidas en las Leyes 996 de 2005 (Ley de Garantías Electorales) y 1952 de 2019 (Código General Disciplinario) con ocasión del proceso electoral para Congreso, Presidente y Vicepresidente de la República de 2026, detallando las limitaciones en materia de contratación pública (especialmente en contratos interadministrativos y contratación directa), modificaciones de nómina y participación en política de servidores públicos, que entrarán en vigencia desde el 8 de noviembre de 2025 para elecciones de Congreso y desde el 31 de enero de 2026 para elecciones presidenciales.