Reglamenta el derecho de acceso a la información de consumidores de cigarrillos, productos de tabaco, derivados, sucedáneos o imitadores y dispositivos necesarios para su funcionamiento, estableciendo información mínima obligatoria que productores y proveedores deben suministrar en castellano, definiendo requisitos específicos según tipo de dispositivo (desechables, recargables, calentamiento de tabaco, productos de nicotina oral), incluye instrucciones de uso, advertencias de seguridad, especificaciones técnicas y condiciones de presentación, aplicable tanto en comercio tradicional como electrónico, cumpliendo normativas de protección al consumidor sin contradecir prohibiciones publicitarias vigentes.
 

La Corte Constitucional enfatiza en que: 1. Las entidades deben implementar herramientas y metodologías idóneas (como protocolos biométricos o de doble factor) que permitan la plena y veraz identificación del adquirente antes de aprobar un servicio. 2. Si una entidad incumple los protocolos de seguridad fijados por las superintendencias y se produce un fraude, está obligada a suspender la cobranza, corregir el reporte y devolver inmediatamente los dineros defraudados a la víctima, sin posibilidad de congelarlos o esperar autorizaciones de terceros.