La Corte Constitucional aborda extensamente el derecho al traslado de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, fundamentado en la Ley 270 de 1996 (Estatutaria de la Administración de Justicia). Reitera las causales por las cuales puede solicitarse un traslado: por razones de seguridad, por razones de salud, el traslado recíproco, por razones del servicio, y, de manera central para el caso, el traslado de servidores de carrera a un cargo vacante de forma definitiva antes de que se abra la sede territorial para concursantes. La Corte indica que si bien es un derecho de los funcionarios de carrera, no es automático. Requiere el cumplimiento de requisitos y un concepto favorable de la Unidad de Administración de Carrera Judicial (aunque este no es vinculante para la autoridad nominadora).