El Consejo de Estado establece que el sistema jurídico laboral tiene una "vocación de plenitud". Esto significa que está diseñado para abarcar todas las contingencias y aspectos que se deriven del vínculo jurídico entre el Estado empleador y el servidor público. No es un sistema parcial o limitado, sino que provee los instrumentos necesarios para su adecuada aplicación y para hacer frente a las consecuencias de cualquier deficiencia en el cumplimiento de las obligaciones laborales. Se le considera "autocorrectivo" porque contiene los mecanismos para remediar las vulneraciones y restablecer los derechos.