El Consejo de Estado señala que Cuando no exista una norma legal expresa sobre la jurisdicción que debe conocer de controversias con un prestador de servicios públicos domiciliarios, se debe acudir a la cláusula general de competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo (artículo 82 del CCA, hoy 104 del CPACA). Si esta jurisdicción no es competente, corresponderá a la jurisdicción ordinaria.