La Corte Constitucional se centra en el proceso de liquidación judicial, regulado por la Ley 1116 de 2006. Describe este proceso como un procedimiento jurisdiccional cuyo objetivo es liquidar los bienes de una empresa para pagar a sus acreedores. Se subraya que la Superintendencia, como juez del concurso, debe seguir estrictamente los procedimientos legales establecidos. El documento detalla el defecto procedimental absoluto como una de las causales principales para que una tutela sea procedente contra una providencia judicial. Este defecto se configura cuando el juez actúa completamente al margen del procedimiento legal establecido.