La Corte Constitucional establece criterios para la indemnización de los servidores públicos que son retirados de un cargo en provisionalidad sin una motivación adecuada. La indemnización debe compensar la expectativa de estabilidad relativa que se frustró. La sentencia unifica el monto de la indemnización, fijando un límite mínimo y máximo (seis a veinticuatro meses de salario) y dispone que de este valor deben descontarse los salarios percibidos por el trabajador en el periodo de desvinculación, ya sea por empleo público o privado.
 

El Consejo de Estado indica que, la indemnización a la que se tiene derecho fruto del restablecimiento de un derecho por nulidad del acto acusado debe ser tasada con base en parámetros objetivos que respondan a la justicia material. De tal suerte que, mal puede tasarse la indemnización con base en salarios y prestaciones dejados de percibir cuanto éstos y éstas se percibieron en total o relativamente medida del Tesoro Público.