Fortalece el Modelo de Gestión Jurídica Anticorrupción y consolida una cultura organizacional basada en la ética pública, mediante la adopción de lineamientos que permiten a las entidades distritales anticipar, declarar y gestionar adecuadamente los conflictos de intereses, inhabilidades e incompatibilidades en el Distrito Capital.
 

Define los riesgos asociados a Lavado de Activos (LA), Financiación del Terrorismo (FT), Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP-FPADM), Corrupción (C), Financiero (F) y Soborno Transnacional (ST); identifica las conductas riesgosas que encuadran en los tipos penales establecidos en la Ley 599 de 2000; acoge las líneas de defensa que permitan prevenir, mitigar o controlar los riesgos; y establecer la política de alertas de irregularidades y los incentivos no pecuniarios, en el marco del Modelo de Gestión Jurídica Anticorrupción de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., en los términos del Decreto Distrital 479 de 2024.