Estable las Políticas de Prevención del Daño Antijuridico, con el fin de identificar las causas que pueden generar daños antijurídicos en la Entidad a partir del análisis de condenas, actividad litigiosa en curso, reclamaciones administrativas, solicitudes de conciliación extrajudiciales y judiciales con el fin de adoptar estrategias y medidas para fortalecer la gestión pública institucional y reducir la litigiosidad, procurando evitar la responsabilidad de la administración por los perjuicios patrimoniales y/o extrapatrimoniales que se causen por la acción u omisión de los servidores o colaboradores de la Entidad.