La Corte Constitucional ha señalado que en los proyectos de leyes aprobatorias de tratados internacionales que ordenan gastos u otorgan beneficios tributarios, es necesario realizar un análisis sobre el impacto fiscal de las normas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la Ley 819 de 2003. Específicamente en la sentencia C-170 de 2021, la Corte precisó que dicho requisito es exigible respecto de tratados que consagren beneficios tributarios a favor de sujetos de derecho internacional, así como del personal diplomático o cooperante que apoya la ejecución de sus actividades en Colombia. Mediante las sentencias C-395 de 2021 y C-110 de 2022, esta exigencia se extendió a los tratados que ordenen gastos. Según estos precedentes, durante el trámite legislativo de las leyes aprobatorias de tratados internacionales, el Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, deberá explicar en la exposición de motivos de los proyectos cuáles serán las fuentes que cubrirán la disminución de ingresos en caso de que dichos acuerdos contemplen beneficios tributarios y la fuente de gastos, en caso de que estos se generen. Sin embargo, la Corte en las sentencias mencionadas señaló que esta obligación solo era exigible con posterioridad a la notificación de la sentencia C-170 de 2021 y siempre que se trate de leyes aprobatorias que incorporen medidas tributarias o de gasto público.
 

La Corte Constitucional profundiza en cómo se identifican los beneficios tributarios en los tratados internacionales y por qué su omisión en el análisis de impacto fiscal constituye un vicio insubsanable. La Corte define un beneficio tributario como cualquier disposición que coloca a un sujeto o actividad en una situación preferencial o de privilegio (como exenciones, deducciones, o devolución de impuestos), incluso si su impacto fiscal potencial es incierto o bajo. La omisión del análisis de impacto fiscal en leyes aprobatorias de tratados es un vicio insubsanable porque: 1. Son proyectos de iniciativa gubernamental, lo que implica una exigencia estricta en el cumplimiento de estas cargas para el Gobierno; y 2. La exigencia es transversal a todo el procedimiento en el Congreso, afectando la totalidad del trámite legislativo. Tiene un impacto directo en el principio de publicidad y en la debida deliberación legislativa informada.