La sentencia 88001233300020160004500 de 2018 del Tribunal Contencioso Administrativo de San Andrés ampara los derechos colectivos de la población insular, declarando la vulneración de la seguridad, salubridad, acceso a servicios públicos eficientes y defensa del patrimonio público por el grave deterioro de los aeropuertos Gustavo Rojas Pinilla y El Embrujo, administrados por la Aeronáutica Civil. A pesar de las reparaciones parciales realizadas, el tribunal concluyó que las deficiencias en la pista y cerramiento de Providencia, así como la plataforma, cerramiento e instalaciones interiores del aeropuerto de San Andrés, representan un peligro para la seguridad y una falla en la prestación de un servicio público. En consecuencia, ordena a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil y al Ministerio de Transporte la reparación y modernización inmediata de la infraestructura, así como la actualización del Plan Maestro del aeropuerto de San Andrés para adecuarlo al crecimiento del flujo de pasajeros, y establece un comité para verificar el cumplimiento de estas órdenes.
 

La sentencia 88001333300120220005301 de 2022, emitida por el Tribunal Contencioso Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, abordó la acción de cumplimiento presentada por Chalito Walters Martínez contra el Departamento Archipiélago. El demandante buscaba la aplicación de la Ley 47 de 1993, que establece la obligatoriedad de que los funcionarios públicos que interactúan con la comunidad en la isla hablen tanto español como el inglés comúnmente hablado, conocido como creole. Inicialmente, el juzgado de primera instancia había denegado la solicitud argumentando que la ley carecía de la reglamentación necesaria para su cumplimiento. Sin embargo, el Tribunal revisó la decisión, basándose en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado que reconoce el creole como parte integral del patrimonio cultural raizal. Además, las pruebas testimoniales de expertos lingüísticos confirmaron que el creole es un idioma distinto del inglés estándar y que sí es posible evaluarlo de manera oral, a pesar de no contar con una escritura oficial. En su fallo, el Tribunal revocó la sentencia original y declaró que la Gobernación de San Andrés había incumplido su deber de proteger y garantizar el uso del creole. Se demostró que, aunque la administración aplicaba una prueba de inglés, esta no era la apropiada para evaluar el conocimiento del creole, lo que creaba una barrera lingüística y cultural en el acceso a la administración pública para la población raizal. Como resultado, el Tribunal ordenó a la Gobernación convocar al Comité Lingüístico Departamental para que, en un plazo máximo de dos meses, se diseñe y se implemente un instrumento de evaluación adecuado para el idioma creole. Sin embargo, la sentencia fue clara al negar la petición de desvincular a los funcionarios que ya ocupaban sus cargos, aclarando que para este propósito se requiere un proceso judicial diferente. Con esta decisión, el Tribunal reafirmó la importancia de la protección de los derechos lingüísticos como un pilar fundamental del Estado Social de Derecho y de la identidad cultural de la comunidad raizal.
 

El Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina anuló parcialmente la licencia de construcción otorgada a la sociedad Gallardo y CIA S.A.S. y otros para el proyecto "Complejo Hansa". La sentencia establece que la Secretaría de Planeación Departamental actuó ilegalmente al autorizar una edificación de ocho pisos, superando el límite de seis pisos permitido por el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) vigente, contenido en el Decreto 325 de 2003 y el Decreto 363 de 2007. El tribunal rechazó los argumentos de la defensa, incluyendo el uso del principio de neutralidad y la confianza legítima, ya que la administración se basó en un acuerdo derogado (Acuerdo 006 de 1984) en lugar de la normativa actual, lo cual constituye una "grave y manifiesta violación a la ley". Como resultado, se ordenó la suspensión inmediata de las obras en los pisos que exceden la altura permitida y, en caso de estar terminadas, su demolición, además de dejar sin efectos la compensación de espacio público que se había otorgado.
 

La sentencia 88001233300020230004800 de 2024 resolvió una Acción Popular interpuesta por la Junta de Acción Comunal del sector Black Dog en San Andrés, buscando la protección de los derechos colectivos a un ambiente sano, la tranquilidad y el descanso, el goce del espacio público y la seguridad pública. La comunidad denunció la contaminación auditiva generada por el uso descontrolado de 'pick ups' y establecimientos comerciales (bares/cantinas), además de la ocupación ilegal del espacio público con chatarra, talleres de mecánica y bodegas, lo que, en conjunto, generaba inseguridad y alteraba la convivencia. El Tribunal, si bien declaró la cosa juzgada parcial respecto a la contaminación sonora general (ya resuelta en un fallo de 2016), decidió AMPARAR los derechos colectivos vulnerados, por lo que ORDENÓ a la Gobernación de San Andrés, en coordinación con la Policía Nacional, realizar un inventario exhaustivo de la ocupación del espacio público en el sector y, en un plazo no mayor a seis (6) meses, recuperar y despejar dicho espacio. Además, se exigió a la Policía ejercer sus facultades de policía y sancionatorias para garantizar el cumplimiento de la normatividad de uso del suelo y las condiciones de salubridad, terminando con las actividades comerciales que operan sin el debido control, especialmente las que atentan contra la tranquilidad y el descanso de los residentes.