El proceso de restitución de tierras es la suma de los esfuerzos de los poderes públicos para revertir el expolio en forma expedita, segura y lo más pronto posible. En efecto, tanto el Congreso de la República al definir los mecanismos de restitución dentro del ámbito de su libertad de configuración legislativa, como el Ejecutivo, al tomar a su cargo la verificación del despojo y el acopio probatorio a través de la Unidad de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, así como al ofrecer a las víctimas su acompañamiento y representación durante el período judicial y la ejecución de la sentencia de restitución, y finalmente, también participa la Rama Judicial al resolver las solicitudes en un tiempo corto, con observancia de los principios constitucionales del debido proceso y el derecho de defensa.
 

La Corte Constitucional concede la tutela del derecho fundamental a la tierra y el territorio en favor de la población campesina que cumpla con los requisitos para ser sujetos de reforma agraria, en relación con los predios baldíos de que trata la Resolución No. 6423 del 30 de julio de 2014, expedida por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural. Ordena tambien la constitución de una nueva mesa de trabajo interinstitucional para solucionar la situación del derecho a la tierra y el territorio de la comunidad campesina de El Porvenir con determinados parametros que relaciona en la provovidencia.
 

Adopta y define los lineamientos generales para la implementación de la IV fase del PAEM en el proceso de Restitución de Tierras y derechos territoriales, liderado por la Dirección Social en articulación con Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
 

Establece instrucciones sectoriales para la garantía urgente y temprana de derechos en el marco de los procesos de restitución de tierras y derechos territoriales.
 

Adopta y crea las Iniciativas de Seguridad y Soberanía Alimentaria - ISSA de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas-UAEGRTD para el cumplimiento de órdenes judiciales emitidas por jueces y magistrados de Restitución de Tierras y Derechos Étnico-Territoriales y/o en el marco de las órdenes expedidas por la Jurisdicción Especial para la Paz en la implementación de sanciones propias que imponga dicha jurisdicción, así como establecer los criterios generales para su ejecución.
 

Deroga la Resolución 039 de 2024 por la cual se establecieron instrucciones sectoriales para la garantía urgente y temprana de derechos en el marco de los procesos de restitución de tierras y derechos territoriales.