La Corte indica que los demandantes tienen derecho a que se les restituyan los predios de los cuales fueron despojados, si efectivamente fueron desplazados de la Hacienda Bellacruz. Sin embargo, ante las solicitudes elevadas por los demandantes, la Unidad de Restitución ha sostenido que el área no está focalizada. Por lo tanto, también se ordenará a la Unidad de Restitución que lleve a cabo las gestiones necesarias para iniciar la etapa administrativa de los procesos de restitución a las personas que tengan derecho a ello.
 

La Corte resalta los obstáculos para acceder y tramitar el registro de personas, comunidades y pueblos étnicamente diferenciados víctimas de desplazamiento. Se señala barreras geográficas, culturales, temor a represalias, desconfianza en las instituciones y precaria capacidad institucional. La demora en los plazos legales para la inclusión en el Registro Único de Víctimas (RUV) y el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF) es una preocupación central, así como la falta de interoperabilidad entre los sistemas de información. Se mantiene el seguimiento por un bloqueo institucional que impide un registro y caracterización oportunos y adecuados.
 

La Unidad Administrativa Especial para la Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, en el marco de sus competencias, regulará los procedimientos para proteger los predios de las personas en situación de desplazamiento forzado de acuerdo con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 19 de la Ley 387 de 1997. Estas medidas tienen por objeto que las autoridades competentes procedan a impedir cualquier acción de enajenación o transferencia de títulos de propiedad de estos bienes, que se hagan en contra de la voluntad de los titulares de dichos predios.