Documentos para UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN :: Programas de Prevención y Protección
Año   Documento   Restrictor  
2016   Decreto 567 de 2016 Nivel Nacional  

Modifica las medidas de protección otorgadas por el programa de protección, tales como el medio de movilización, el blindaje de inmuebles e instalación de sistemas técnicos de seguridad, entre otras. Adicional crea y determina las funciones del Comité de Evaluación de Nivel de Riesgo - CENIR, establece el proceso y las condiciones para la suspensión y terminación de las medidas de protección y establece los compromisos de la Unidad Nacional de Protección, la Policía Nacional y el protegido en relación con el Pograma de Prevención y Protección.
 

 
2019   Sentencia T-388 de 2019 Corte Constitucional de Colombia  

Señala la Corte que el Decreto 4912 de 2011 (compilado en el Decreto 1066 de 2015) establece un procedimiento ordinario de protección en razón del riesgo, en el marco del Programa de Prevención y Protección a cargo de la UNP, el cual se rige por distintas etapas e instancias.
 

 
2022   Decreto 1064 de 2022 Nivel Nacional  

Incluye en el Programa protección de personas en situación de riesgo extraordinario o extremo, a los ex servidores públicos que hayan sido miembros del Consejo Nacional de Seguridad y a los que hayan tenido bajo su responsabilidad la firma de la extradición, como mecanismo de cooperación judicial internacional, así mismo, los líderes religiosos, debidamente certificados por la Dirección de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior.
 

 
2026   Decreto 618 de 2026 Nivel Nacional  

Establecer el Plan de Austeridad del Gasto que regirá para los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación durante la vigencia fiscal del 2026.
 

 
2026   Sentencia T-214 de 2026 Corte Constitucional de Colombia  

La Corte concluyó que la UNP vulneró el derecho al debido proceso y puso en riesgo los derechos a la vida y seguridad personal del accionante, al expedir el acto administrativo que evaluó su nivel de riesgo sin una motivación suficiente, omitiendo un análisis integral de los factores relevantes, sin precisar los puntajes de la matriz de riesgo y sin aplicar adecuadamente el enfoque diferencial propio de su condición de líder social y defensor de derechos humanos. En consecuencia, revocó las decisiones de instancia y amparó los derechos fundamentales del accionante, ordenando a la UNP realizar un nuevo estudio técnico, integral y debidamente motivado, y mantener transitoriamente el esquema de protección.
 

 

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