La Corte se pronuncia acerca de la posible vulneración al derecho fundamental al debido proceso de una ciudadana extranjera por parte la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia al proferirse en su contra una medida sancionatoria de deportación del país, con la prohibición de ingreso por un término de dos (2) años, sin que, presuntamente, para adoptar dicha determinación, hubiera analizado su situación particular y la posible afectación de su derecho a la unidad familiar, revocando las sentencias de primera y segunda instancia y en su lugar, dispone negar las pretensiones que sustentan la acción de tutela interpuesta.