La Corte Constitucional precisa que para el caso de la verificación del cumplimiento del principio de unidad de materia, en tratándose de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, la Corte ha establecido las siguientes reglas: a. La Ley del Plan no es un instrumento para llenar los vacíos e inconsistencias de leyes precedentes. Tampoco permite relevar de la potestad legislativa al Congreso más allá de los objetivos, metas y estrategias de la específica política de planeación del respectivo Gobierno. Esto es, recae sobre el legislativo el deber de respetar el contenido constitucional del Plan, en cuanto que el Plan contiene normas de orientación o normas de contenido instrumental. Una norma que no se ajusta a ninguna de estas dos categorías ha de ser excluida. b. El examen de las normas instrumentales debe evidenciar una relación de conexidad directa con los objetivos, metas y estrategias de la política del Plan. De no verificarse tal circunstancia quedará puesto de presente el quebrantamiento del principio y tendrá lugar la inexequibilidad se ha sentado que una norma instrumental que autónomamente no establezca condiciones suficientes para la materialización del objetivo al que sirve o, no es inequívocamente efectiva para la realización del programa o proyecto contenido en la parte general del Plan quebranta la unidad de materia. c. Igualmente, se ha fijado que debe existir una conexidad teleológica entre el telos del Plan y la preceptiva instrumental del mismo. d. También se ha valorado que si un mandato instrumental ha permanecido durante todo el debate legislativo del Plan, se puede presumir que está al servicio de los programas y proyectos de la parte general.
 

La Corte, respecto a la Unidad de Materia, establece que cada ley debe regular una materia determinada, aunque esta pueda ser compleja. Lo fundamental es que exista una conexidad o vinculación objetiva y razonable entre los diversos aspectos de su contenido, lo que garantiza la coherencia en todo su texto. Así mismo, señala que solo deben retirarse del ordenamiento jurídico aquellos apartes o proposiciones respecto de los cuales no sea posible establecer una relación de conexidad causal, teleológica, temática y sistémica con la materia dominante de la ley.
 

La Corte Constitucional indica que este principio tiene por finalidad racionalizar y tecnificar el proceso de formación y aprobación de la ley, por cuanto permite ...que los contenidos de las leyes tengan conexidad con la materia principal de la misma, es decir, que sean coherentes y congruentes. En este sentido, es un instrumento de transparencia y racionalidad del proceso legislativo, que materializa el principio democrático y el principio de seguridad jurídica. Esta exigencia permite que los legisladores y los ciudadanos no sean sorprendidos con la aprobación de normas que no se relacionen con el eje temático de la ley que las contiene y asegura, así mismo, que sean sometidas a un debate democrático en cada una de las Comisiones respectivas y las Plenarias de las cámaras legislativas. Los artículos 66, 67 y 68 de la Ley 2195 de 2022 vulneran los principios de consecutividad e identidad flexible porque no fueron presentados, debatidos, aprobados o negados por la Comisión Primera Permanente, ni por la Plenaria del Senado de la República en el curso del proceso legislativo, sino que fueron introducidos por primera vez en el debate de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, esto es, en el primer debate del proceso legislativo en la Cámara de Representantes. Asimismo, constató que por voluntad expresa de los autores del proyecto y los ponentes, aunque las disposiciones demandadas guardaban conexidad con el objeto y el articulado de la ley, los asuntos que estas regulan fueron expresamente excluidos de los debates surtidos en la Comisión Primera y en la Plenaria del Senado de la República.la Sala Plena constata que la regulación de los beneficios por colaboración y del monto de las multas que puede imponer la Superintendencia de Industria y Comercio, en los procesos de investigación y sanción de estas conductas, guardan relación de conexidad temática con el objeto y las demás disposiciones que componen la Ley 2195 de 2022. En particular en cuanto son normas tendientes a prevenir los actos de corrupción, recuperar los daños causados por esos actos, y promover la cultura de la legalidad e integridad. En adición, las disposiciones acusadas guardan conexidad teleológica con las demás disposiciones previstas en la ley que se dirigen a las personas jurídicas de derecho privado. Esto es así por cuanto persiguen el mismo fin, fortalecer la responsabilidad de estos actores en actos de corrupción consistentes en conductas contrarias a la libre competencia.
 

La Corte Constitucional enfatiza la violación del principio de unidad de materia por parte del Artículo 97 de la Ley 2294 de 2023. Argumenta que la obligación de las entidades públicas de afiliarse a Positiva S.A. (la administradora de riesgos laborales de carácter público) no tiene una conexión directa e inmediata con los objetivos y metas generales del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, específicamente con el eje de transformación "Seguridad humana y justicia social". Aunque el PND busca fortalecer el sistema de protección social y promover el trabajo digno, la Corte determinó que la medida en cuestión no conduce inequívocamente a lograr esas metas. Se consideró que la disposición busca modificar una normativa ordinaria de seguridad social de manera permanente a través de una ley especial (la Ley del Plan) donde el debate democrático es más restringido.
 

La Corte Constitucional declaró la inexequibilidad de los artículos 211 y 212 de la Ley 2294 de 2023 (el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026) porque violan el principio de unidad de materia (artículos 158 y 169 de la Constitución). Se argumentó que estas disposiciones, aunque formalmente parecían ser medidas instrumentales, en realidad introducían modificaciones estructurales y permanentes al régimen de extinción de dominio. La Corte concluyó que estas medidas no tenían una conexidad directa, estrecha ni inmediata con las estrategias y políticas generales del Plan, ni con sus programas o proyectos de inversión. Es decir, no eran genuinamente instrumentos de planificación ni indispensables para impulsar la ejecución del plan cuatrienal, sino que buscaban solucionar vacíos o inconsistencias normativas de manera permanente.
 

La Corte Constitucional enfatiza que, aunque el principio de unidad de materia es generalmente flexible en la legislación ordinaria, se aplica con un estándar más estricto y riguroso en el caso de las leyes del Plan Nacional de Desarrollo. Esto se debe a la naturaleza especial de estas leyes, donde la iniciativa es gubernamental y el margen de modificación del Congreso es limitado, lo que restringe el principio democrático. La sentencia reitera que las disposiciones instrumentales del PND deben tener una conexidad directa e inmediata con los objetivos, metas y programas de la parte general del plan, así como con los proyectos de inversión pública y sus respectivos presupuestos.
 

La Corte Constitucional declaró la inexequibilidad del artículo 261 de la Ley 2294 de 2023, que permitía a las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) negociar sus valores en el mercado público. La razón principal de esta decisión es que la norma no cumple con el principio de unidad de materia establecido en la Constitución Política de Colombia (artículos 158 y 169). Este principio exige que todo proyecto de ley se refiera a una misma materia, y que las normas incluidas en la Ley del Plan Nacional de Desarrollo (PND) tengan una conexidad directa e inmediata con los objetivos y programas de inversión del plan.
 

La Corte Constitucional, aborda el Principio de Unidad de Materia de la siguiente manera: 1. Fundamento Constitucional y Finalidad del Principio: El artículo 158 de la Constitución Política establece que "todo proyecto de ley debe referirse a una misma materia y serán inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella". El artículo 169 de la Carta señala que el título de las leyes deberá corresponder precisamente a su contenido. Estos dos artículos dan origen al Principio de Unidad de Materia, que exige que "las disposiciones de una ley deben tener una relación de conexidad con el núcleo temático o la materia predominante de la misma, que debe determinarse mediante el examen sistemático de aquellas y el estudio de los antecedentes legislativos". Las finalidades de este principio son: Lograr que un proyecto de ley tenga coherencia y una línea temática unívoca; Asegurar la claridad del texto para la ciudadanía y los parlamentarios, evitando "sorpresas" con disposiciones ajenas y garantizar la observancia futura de la ley.
 

La Corte anunció un ajuste a la jurisprudencia para el examen del principio de unidad de materia en normas del PND para casos futuros: 1. Se establecen dos niveles de escrutinio diferenciados (mayor o menor intensidad), dependiendo de la naturaleza, alcance, propósito y contenido de la norma demandada. 2. Escrutinio de mayor intensidad: Aplicable a normas que debían adoptarse en el marco de las competencias constitucionales ordinarias del Congreso (ej. normas tributarias o permanentes). Requiere verificar la conexidad directa e inmediata con las bases o programas del PND. 3. Escrutinio de menor intensidad: Aplicable a normas que no abordan temáticas de competencia ordinaria y tienen un estricto fin planificador (naturaleza temporal). Solo se valorará si la norma contribuye de manera razonable y evidente a la consecución del fin propuesto. 4. La nueva metodología (jurisprudencia anunciada) no se aplicó a la Sentencia C-244 de 2025; el caso se resolvió con base en el precedente jurisprudencial vigente al momento del fallo.