Actualiza la normatividad y determina con mayor precisión el alcance, naturaleza y operatividad de los Proyectos Asociativos de Vivienda, definiendolos como el mecanismo de participación ciudadana para personas naturales, personas jurídicas de derecho privado, comunidades organizadas y entidades públicas, que se concreta en una carta de intención mediante la cual los propietarios de predios, promotores, urbanizadores y/o desarrolladores y la Secretaría Distrital del Hábitat en el marco de sus funciones, acuerdan aunar esfuerzos para impulsar con mayor eficiencia y de manera coordinada las diferentes actuaciones y gestiones encaminadas a la adopción del instrumento de planificación, gestión, o financiación, o del trámite de licenciamiento urbanístico según corresponda, que incluyan la producción de vivienda y usos complementarios.