Amplía los términos para que aquellas personas que se consideren víctimas del conflicto armado, dentro de lo establecido por el artículo 3° de la Ley 1448 de 2011, puedan rendir su declaración ante el Ministerio Público, en concordancia con las modificaciones propuestas por la Ley 2078 de 2021.
 

Modifica la Ley 1448 de 2011 y dicta otras disposiciones sobre reparación integral, atención y asistencia a las víctimas del conflicto armado interno, para reafirmar los derechos de las víctimas desde un enfoque de exigibilidad como derechos humanos, en procura de garantizar sus condiciones dignas y humanas.
 

Adiciona un Capitulo al Decreto Único Reglamentario del Sector de Inclusión Social y Reconciliación con el objeto adoptar el marco de atención humanitaria al confinamiento, para garantizar las medidas de asistencia y atención a las víctimas, a partir de la articulación efectiva de diferentes entidades del Gobierno nacional y de los niveles territoriales.
 

Modifica el Decreto 1069 de 2015, en el sentido de expedir una reglamentación que permita la aplicación del artículo 54 de la Ley 975 de 2005, estableciendo un procedimiento para la disposición de los bienes del Fondo de Reparación de Victimas que se encuentren en riesgo de deterioro o cuya administración sea imposible, permitiendo a su vez el cumplimiento de fines estatales concurrentes, como la Reforma Rural Integral y la protección del campesinado.
 

Exhorta a todas las autoridades, entidades e instituciones destinatarias de la presente directiva a garantizar, con enfoque diferencial y de género, los derechos, la atención, la orientación y la toma de declaración de la población migrante víctima del conflicto armado interno, en cumplimiento de los preceptos constitucionales, legales, jurisprudenciales de derecho internacional de derechos humanos y derecho internacional humanitario referentes a la no discriminación.
 

Adopta el documento denominado Lineamientos para la elaboración de protocolos para la salvaguarda y protección de cuerpos de presuntas víctimas del conflicto armado colombiano en proyectos de infraestructura de transporte.
 

Adiciona la Sección 7 del Capítulo 3, Título 3, Parte 5, Libro 2, del Decreto 1075 de 2015 - Único Reglamentario del Sector Educación, y se reglamenta la Ley 2391 de 26 de julio de 2024 "Por medio de la cual se establece la gratuidad en el pago de los derechos de grado de estudiantes pertenecientes a los grupos, a, b y c del SISBÉN IV, grupos étnicos, población campesina, población víctima del conflicto armado, y población con discapacidad en las instituciones de educación superior estatales u oficiales, y se dictan otras disposiciones" con el propósito de definir y reglamentar los criterios y procedimientos para garantizar de manera progresiva la gratuidad de los derechos de grado en las instituciones de educación superior estatales u oficiales, con el fin de eliminar obstáculos y garantizar la equidad en la graduación de la educación superior en Colombia.
 

Modifica el artículo 6° de la Ley 3ª de 1991 con el fin de habilitar el acceso a una segunda postulación al Subsidio Familiar de Vivienda (SFV) en favor de la población inscrita en el Registro Único de Víctimas (RUV) y para aquellos beneficiarios que pierdan su vivienda por causas de fuerza mayor, caso fortuito o causas ajenas a su voluntad, en los términos que la presente ley y su reglamentación determine, como sujetos de la excepción de la regla general de única postulación al subsidio de vivienda familiar. Bajo la aplicación de los principios de enfoque diferencial, equidad y progresividad.
 

Lanza la convocatoria Reconcilia Bogotá 2026, que contribuye al cumplimiento de las metas contempladas en el proyecto de inversión a cargo de la Dirección de Paz y Reconciliación de la Oficina Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación y busca fortalecer 5 iniciativas de reconciliación a implementar en las localidades de Bogotá D.C., dirigida a organizaciones legalmente constituidas conformadas por víctimas del conflicto armado, personas en proceso de reincorporación y reintegración, comparecientes ante la JEP, organizaciones de base comunitaria, organizaciones étnicas, juntas de acción comunal, organizaciones de la sociedad civil que estén involucradas en procesos de reconciliación, justicia transicional restaurativa y construcción de paz en Bogotá D.C.