La Corte Constitucional enfatiza que las víctimas del conflicto armado son sujetos de especial protección constitucional. Esto implica una serie de garantías y un análisis flexible por parte de los jueces, especialmente en el cumplimiento de los requisitos de procedencia de la acción de tutela. Se busca proteger a estas personas de la revictimización y asegurar un acceso efectivo a la administración de justicia.
 

Dicta los lineamientos para las garantías del debido proceso en las actuaciones de las víctimas del conflicto armado; así mismo, exhorta a las entidades distritales a garantizar en sus actuaciones administrativas los derechos de las víctimas del conflicto armado interno, con el propósito de cumplir el mandato del Alcalde Mayor de Bogotá y materializar la visión, modelo de gobernanza y objetivos estratégicos planteados en el Plan Distrital de Desarrollo que impactan a las víctimas.
 

Modifica la Ley 1448 de 2011 y dicta otras disposiciones sobre reparación integral, atención y asistencia a las víctimas del conflicto armado interno, para reafirmar los derechos de las víctimas desde un enfoque de exigibilidad como derechos humanos, en procura de garantizar sus condiciones dignas y humanas.
 

La Corte Constitucional indica que, aunque en la sentencia hace énfasis en que la responsabilidad en daños materiales e inmateriales debe abordarse en la justicia interna, también remarca la importancia de las medidas de reparación ordenadas por la Corte IDH y la necesidad de implementar acciones efectivas que eviten la repetición de hechos similares. La reparación integral debe comprender tanto medidas colectivas como individuales, garantizando a las víctimas condiciones de seguridad y justicia. Además, la orden judicial busca que las instancias nacionales actúen con perspectiva reparadora y preventiva, fortaleciendo el Estado de Derechos en la protección de derechos humanos en contextos de violaciones graves.
 

Adiciona un Capitulo al Decreto Único Reglamentario del Sector de Inclusión Social y Reconciliación con el objeto adoptar el marco de atención humanitaria al confinamiento, para garantizar las medidas de asistencia y atención a las víctimas, a partir de la articulación efectiva de diferentes entidades del Gobierno nacional y de los niveles territoriales.
 

Modifica el DUR 1071 DE 2015, en el sentido garantizar los derechos de la población víctima del conflicto armado en condiciones de vulnerabilidad y con el propósito de avanzar en la superación del estado de cosas inconstitucional de esta población, a través de una acción gubernamental articulada, se disponen medidas de acceso a tierras y proyectos productivos, que permitan la atención con prioridad en favor de víctimas y otros intervinientes en procesos de restitución de tierras, sujetos de reforma agraria.