Establece que la salud pública está constituida por el conjunto de políticas que buscan garantizar de una manera integrada, la salud de la población por medio de acciones de salubridad dirigidas tanto de manera individual como colectiva, ya que sus resultados se constituyen en indicadores de las condiciones de vida, bienestar y desarrollo del país. Dichas acciones se realizarán bajo la rectoría del Estado y deberán promover la participación responsable de todos los sectores de la comunidad.
 

El derecho a la salud no debe entenderse como un derecho a estar sano. El derecho a la salud entraña libertades y derechos. Entre las libertades figura el derecho a controlar su salud y su cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho a no padecer injerencias, como el derecho a no ser sometido a torturas ni a tratamientos y experimentos médicos no consensuales. En cambio, entre los derechos figura el relativo a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud
 

El mismo artículo 6 de la Ley 1801 de 2016, ya referido, define Salud Pública como la responsabilidad estatal y ciudadana de protección de la salud como un derecho esencial, individual, colectivo y comunitario logrado en función de las condiciones de bienestar y calidad de vida. Esta definición coincide con la expuesta por algunos de los intervinientes en el presente proceso, según la cual el concepto de salud pública debía ser interpretado como sinónimo de salud humana. La jurisprudencia de lo contencioso administrativo, seguida por la constitucional, en ocasiones ha utilizado indistintamente, como sinónimos, las expresiones salubridad pública y salud pública, e incluso las ha delimitado bajo el concepto de salud humana. También la jurisprudencia constitucional ha reconocido que los problemas de salubridad o salud pública no sólo afectan la salud humana, sino también otros derechos como la vida y la integridad, así como el principio de dignidad humana.
 

Establece los servicios y tecnologías de salud financiados con recursos de la UPC, que deberán ser garantizados por las entidades promotoras de salud (EPS) y las entidades adaptadas, a sus afiliados en las condiciones de calidad establecidas por la normatividad vigente, y aplican a los organismos de dirección, vigilancia y control del Sistema General de Seguridad Social en Salud, a las entidades promotoras de salud, entidades adaptadas, prestadores de servicios de salud, Administradora de los Recursos de Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), y demás actores y agentes que intervienen en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.
 

Se aprueba el Plan Operativo Anual 2023 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE.