Se emiten los términos de referencia para estudios detallados de amenaza y riesgo por fenómenos de remoción en masa de que trata el articulo 85 del Decreto 619 de 2000, Objeto de la Resolución, art. 1. Requisitos mínimos, especificaciones técnicas, estudios básicos, antecedentes históricos de remoción, evaluación de procesos de inestabilidad, de vulnerabilidad física, plan de medidas de mitigación de riesgos, contenido del informe final, art. 2. Presentación del Estudio, art. 3. Actualización de los Estudios, art. 4. Guía Metodológica para la Evaluación de Amenazas por Fenómenos de Remoción Masa, art. 5. Vigencia, art. 6.
 

Programa Mejoramiento Integral de Barrios, previsto en el POT, para que de manera interinstitucional se promueva las acciones, mecanismos y recursos en las áreas de la ciudad conformadas por barrios incompletos e inadecuados o de origen ilegal, art.1.
 

Adopta el Valor Unico de Reconocimiento (VUR), para el Distrito Capital, como instrumento económico que posibilita el reasentamiento de familias de estratos 1 y 2 que habitan áreas de alto riesgo no mitigables, para garantizar su inclusión en programas de vivienda del Distrito. Señala los beneficiarios, la exclusión del VUR, aplicación, factores que lo integran y requisitos para su entrega.
 

Indica la competencia del Fondo de Prevención y atención de Emergencias de elaborar estudios y emitir conceptos para recomendar el reasentamiento de familias localizadas en zonas de alto riesgo no mitigable en el Distrito; la obligación de la Caja de Vivienda Popular de realizar el programa de reasentamientos, procedimiento y medios para el traslado de familias en estas condiciones y características de los predios adquiridos para el programa
 

Establece los parámetros para dar cumplimiento al subprograma de reasentamiento por alto riesgo no mitigable y por obra pública y Reglamenta el Acuerdo 10 de 2000, que regula el pago de compensaciones por parte del IDU. Señala las acciones de reasentamiento por intervención de reordenamiento, la realización de un censo y diagnóstico socioeconómico, componentes del plan de gestión, social y económico, las condiciones para el reconocimiento económico, incompatibilidad de esta con los procesos de expropiación judicial o administrativa, la apropiación presupuestal, procedimiento y proyectos con régimen transitorio.
 

Adopta los términos de referencia para la ejecución de estudios detallados de amenaza y riesgo por fenómenos de remoción en masa para proyectos urbanísticos y de construcción de edificaciones en Bogotá D.C., localizados en zonas de amenaza alta y media por fenómenos de remoción en masa según el plano de Amenaza por Remoción en Masa del Decreto 190 de 2004 por el cual se compilan los Decretos 619 de 2000 y 469 de 2003.
 

La Sala define si la acción de tutela es procedente en el caso concreto para la protección del derecho a la vivienda digna del tutelante, teniendo en cuenta que las entidades demandadas y el juez de instancia consideran que el demandante cuenta con otros mecanismos de defensa. El derecho a la vivienda digna está, en principio, enmarcado dentro de los derechos económicos, sociales y culturales; sin embargo, la evolución jurisprudencial ha dejado en evidencia la necesidad de su protección cuando se encuentre en conexidad con un derecho fundamental, como por ejemplo el derecho a la vida. En cuanto a las personas en condiciones de debilidad manifiesta que se encuentran en asentamientos ubicados en zonas de alto riego por remoción de masa, el legislador profirió la Ley 388 de 1997, la cual fijó las acciones y estrategias para la prevención de la construcción de viviendas en zonas no urbanizables. Por lo tanto, las autoridades administrativas tienen la obligación de formular políticas públicas en materia de asentamientos de población humana en zonas con riesgo de deslizamiento, así como de adoptar medidas para evitar el repoblamiento de dichos sectores.
 

Determina y articula las funciones de las Entidades Distritales, en relación con la adquisición de la propiedad y/o mejoras; titulación, recibo, administración, manejo y custodia, de los inmuebles ubicados en zonas de alto riesgo no mitigable.
 

Modifica parcialmente el Decreto Distrital 94 de 2003 ¿Por el cual se adopta y reglamenta el Valor Único de Reconocimiento (VUR)¿.
 

Autoriza el reconocimiento de una compensación económica a los/as propietarios/as de los predios inmersos en las obras de estabilización Etapa II fase I ¿ Muro El Espino y Etapa II Fase II Muro La Carbonera, ubicados en el polígono de Altos de la Estancia de la Localidad de Ciudad Bolívar de Bogotá, D.C. El valor de este reconocimiento económico no podrá ser superior a seis (6) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes.
 

Adopta los procesos y procedimientos necesarios en relación con la adquisición de la propiedad y/o mejoras; titulación, recibo, administración, manejo y custodia, de los inmuebles ubicados en zonas de alto riesgo.
 

Establece el concepto, valores, requisitos y criterios para el reconocimiento de las ayudas humanitarias a las personas en situaciones de emergencias, riesgo público y en alto riesgo no mitigable.
 

Acota una zona para la ejecución de las Obras del proyecto de inversión Recuperación Integral de la Zona de Alto Riesgo No Mitigable y Mitigable en la localidad de Ciudad Bolívar ¿Altos de la Estancia-.
 

Modifica parcialmente la Resolución 107 del 4 de febrero de 2011.
 

Establece como concepto de Ayuda Humanitaria, el instrumento mediante el cual el FOPAE asiste a los residentes del Distrito Capital afectados por fenómenos naturales o antrópicos no intencionales, dicha ayuda podrá ser en especie y de carácter pecuniario. En el caso de nuevas ocupaciones en zonas identificas por el FOPAE y/o la Secretaria Distrital de Planeación en alto riesgo no mitigable y/o alta amenaza no mitigable y/o Suelo de Protección por Riesgo, en caso de evacuación por emergencias, solo habrá lugar al otorgamiento de ayudas humanitarias en especie y solo por una vez cuando a juicio de los funcionarios competentes del FOPAE, se justifique otorgarlas. La situación de alto riesgo por sí mismo no constituye emergencia.
 

¿la Sala define si la acción de tutela es procedente en el caso concreto para la protección del derecho a la vivienda digna de la tutelante, teniendo en cuenta que las entidades demandadas y el juez de instancia considera que la demandante cuenta con otros mecanismos de defensa¿¿(¿) ¿el Estado Social de Derecho como modelo adoptado por la Constitución de 1991, su parte dogmática establece una carta de derechos que el Estado, debe garantizar. Entre ellos, se encuentran los derechos económicos, sociales y culturales, los cuales abarcan prerrogativas que progresivamente deben tener la oportunidad de gozar y ejercer todos los ciudadanos colombianos¿ (¿) ¿no puede asumirse que por el hecho de estar frente a la exigencia de un derecho económico, social o cultural, la tutela no sea procedente. Para estos casos es necesario establecer si las circunstancias particulares del asunto se enmarcan dentro de alguna de las categorías fijadas por la Corte (transmutación, conexidad o mínimo vital)¿. (¿) ¿el derecho a la vivienda digna está, en principio, enmarcado dentro de los derechos económicos, sociales y culturales; sin embargo, la evolución jurisprudencial ha dejado en evidencia la necesidad de su protección cuando se encuentre en conexidad con un derecho fundamental, como por ejemplo el derecho a la vida¿ (¿) ¿En cuanto a las personas en condiciones de debilidad manifiesta que se encuentran en asentamientos ubicados en zonas de alto riego por remoción de masa, el legislador profirió la Ley 388 de 1997, la cual fijó las acciones y estrategias para la prevención de la construcción de viviendas en zonas no urbanizables¿.(¿) ¿las autoridades administrativas tienen la obligación de formular políticas públicas en materia de asentamientos de población humana en zonas con riesgo de deslizamiento, así como de adoptar medidas para evitar el repoblamiento de dichos sectores¿.
 

Consulta sobre las acciones legales que se deben adelantar para no perjudicar a los propietarios de los inmuebles que no se unieron a la acción de grupo que declaró a la Ciudadela Santa Rosa en nivel de riesgo alto. (¿) ¿de conformidad con el artículo 66 de la Ley 472 de 1998 los efectos de la sentencia en una acción de grupo son de cosa juzgada en relación con quienes fueron parte del proceso y de las personas que, perteneciendo al grupo interesado no manifestaron oportuna y expresamente su decisión de excluirse del grupo y de las resultas del proceso¿ (¿) ¿en cumplimiento del parágrafo 2º del artículo 146 del Decreto Distrital 190 de 2004, la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias (DPAE), hoy FOPAE, debe complementar y actualizar periódicamente la información sobre la delimitación de las zonas a declarar como suelo de protección por su condición de alto riesgo no mitigable¿ (¿) ¿se lleven a cabo los estudios a que hubiere lugar para delimitar las zonas de alto riesgo no mitigable en la ciudad, en especial de la Ciudadela Santa Rosa, para así dar claridad a los ciudadanos sobre el estado de sus predios¿ (¿) ¿se deberán adelantar las acciones pertinentes para la adecuación preliminar, demarcación y señalización de los predios desocupados en desarrollo del proceso de reasentamiento por alto riesgo no mitigable, por parte de la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias hoy FOPAE¿.
 

Consulta sobre el posible decaimiento del artículo 141 del Decreto Distrital 190 de 2004, con ocasión de la expedición de normas posteriores como son el Decreto Nacional 1469 de 2010 y el Decreto Ley 019 de 2012. (¿) ¿el artículo 71 de la Ley 962 de 2005, modificado por el artículo 185 del Decreto Ley 019 de 2012, hace referencia a la radicación de documentos ante la instancia de la administración distrital encargada de ejercer la vigilancia y control de las actividades de construcción y enajenación de inmuebles¿ (¿) ¿Dicha normativa como se aprecia, está dirigida a precisar los documentos que podrán exigirse a los interesados en adelantar planes de vivienda para llevar a cabo el proceso de venta o enajenación de inmuebles destinados a vivienda, entre los que se incluye la presentación de la licencia urbanística respectiva¿ (¿) ¿el parágrafo 3° del artículo 185 del Decreto Ley 19 de 2012 citado lo que prohíbe es exigir al momento de radicar documentos para la actividad de enajenación de inmuebles destinados a vivienda, la realización de obras de construcción o de urbanización, según sea el caso, autorizadas con la respectiva licencia, y no las obras tendientes a cumplir con las medidas de mitigación consignadas como condición en la misma licencia, cuando el predio esté ubicado en zonas de amenaza y/o riesgo alto y medio de origen geotécnico o hidrológico¿. (¿) ¿El fin del Decreto Ley 019 de 2012 es el de suprimir trámites innecesarios en la Administración Pública, y no derogar las disposiciones legales expedidas a la luz de la Constitución Política, relacionadas con el ordenamiento del territorio, el uso racional del suelo, la prevención de desastres en asentamientos de alto riesgo, la ejecución de acciones urbanísticas eficientes, la utilización del suelo por parte de sus propietarios, y la obligatoriedad de los agentes públicos o privados de realizar las actuaciones urbanísticas ajustadas a las previsiones y contenidos de los planes de ordenamiento territorial¿.
 

Adopta medidas para la mitigación de la situación de riesgo público en el espacio público del sector comprendido entre las calles 97 y 100 y las carreras 11 y 11 A de la Localidad de Chapinero, por lo que ordena a la Alcaldía Local de Chapinero adelantar las actuaciones administrativas necesarias procedentes para la protección, recuperación y conservación del espacio público afectado por las fallas y el hundimiento presentado por el riesgo público asociado a la construcción del edificio GREEN OFFICE CORPORATIVO PIJAO, adelantada por Pijao Grupo de Empresas Constructoras S.A.. El Fondo de Prevención y Atención de Emergencias deberá coordinar, promover, evaluar y recomendar las acciones de mitigación de riesgos que se requieran para la recuperación y conservación del espacio publico afectado, De igual manera las entidades y organismos distritales competentes deberán adelantar directamente y a costa del particular las obras de mitigación del riesgo público para la recuperación del espacio público y adelantar las acciones judiciales y extrajudiciales procedentes con el fin de obtener el resarcimiento de los daños causados en el espacio público y la recuperación de los gastos en que hayan incurrido.
 

Establece el procedimiento para la ejecución del programa de reasentamiento de familias que se encuentran en condiciones de alto riesgo en el Distrito Capital. Para efectos del presente Decreto, el reasentamiento corresponde al proceso de intervención de viviendas en condiciones de alto riesgo en estratos 1 y 2 en el Distrito Capital o su equivalente jurídico, con el fin de proteger la vida de las familias que las habitan. El reasentamiento podrá realizarse mediante alguna de las siguientes modalidades: a) Relocalización transitoria, b) Reubicación, c) Reparación o reconstrucción de la vivienda.
 

Adopta las medidas administrativas para dar una alternativa habitacional a las familias ocupantes de los inmuebles de propiedad de la Caja de la Vivienda Popular ubicados en los barrios los Laches en la localidad de Santa fe y la Casona en la localidad de Ciudad Bolívar. Asimismo, ordena a la Caja de la Vivienda Popular asignar recursos para la adquisición de una solución habitacional de hasta 70 salarios mínimos legales o Vivienda de Interés Prioritario ¿ VIP- a los beneficiarios previamente identificados en el censo de que trata el artículo primero del presente acto administrativo. Los hogares censados de los predios Las Casonas, obtendrán un cupo dentro del proyecto que se desarrolle en el lugar.
 

Se establecen las condiciones y escalas de detalle para incorporar de manera gradual la gestión del riesgo en la revisión de los contenidos de mediano y largo plazo de los planes de ordenamiento territorial municipal y distrital o en la expedición de un nuevo plan. En este sentido señala las condiciones técnicas para la elaboración de estudios básicos y detallados; incorporación de la gestión del riesgo en el ordenamiento territorial, entre otras disposiciones.
 

Establece los criterios, requisitos, valores y procedimientos para el reconocimiento por parte del FOPAE de las Ayudas Humanitarias de Carácter Pecuniario AHCP- y Ayudas Humanitarias en Especie AHE- a las familias en riesgo inminente o afectadas por una emergencia, calamidad o desastre.
 

Ordena los pagos de ayudas humanitarias de carácter pecuniario a las familias recomendadas en el programa de reasentamiento en la modalidad de reparación y reconstrucción de vivienda de conformidad con lo establecido en la Resolución 091 de 2014 Por la cual se establecen lineamientos y procedimientos para la entrega de Ayudas Humanitarias reconocidas por el FOPAE. Establece normas sobre las dependencias responsables y de orden presupuestal.
 

Ordena los pagos de ayudas humanitarias de carácter pecuniario a las familias que sean evacuadas por riesgo inminente, emergencia, calamidad o desastre y/o, familias incluidas al programa de reasentamiento en la modalidad de reubicación de conformidad con lo establecido en la Resolución 091 de 2014 Por la cual se establecen lineamientos y procedimientos para la entrega de Ayudas Humanitarias reconocidas por el FOPAE. Establece normas sobre las dependencias responsables y de orden presupuestal.
 

Reglamenta la adquisición por parte de la Caja de la Vivienda Popular, los inmuebles y/o mejoras ubicados en sitios declarados por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático -IDIGER en alto riesgo no mitigable, en estratos 1 y 2.