Derecho a constituir partidos y movimientos y a difundir sus ideas y programas; las organizaciones sociales tienen derecho a manifestarse y a participar en eventos políticos; definición, art.1 Personería jurídica, denominación, símbolos y colores de los partidos y movimientos, art.3 a 8 Candidatos y Directivas, art. 9 a 11. Financiación estatal y privada, art. 12 a 17. Publicidad y rendición de cuentas, art. 18 a 20. Publicidad, propaganda y encuestas políticas, art. 21 a 31. Oposición, derecho, acceso, réplica, participación, art. 32 a 35. Vigilancia y control, art. 37 a 40. Informe de labores, Fondo nacional de financiación, Funciones del Consejo Nacional Electoral; reajustes, art. 37 a 40. Control ético, art. 41. Responsabilidad, veedor, auditoria interna y externa, art. 42 a 49. Derecho a la oposición a nivel territorio, art.50. Audiencias públicas, afiliación internacional, art. 51 a 53. Vigencia, art. 54.
 

El demandante pretende se declare la nulidad de la Resolución 2275 de 13 de septiembre de 2004, proferida por el Presidente del Consejo Nacional Electoral. Sobre la causal de falta de competencia: si bien el artículo 265 constitucional no establece explícitamente que el Consejo Nacional Electoral está facultado para decidir las impugnaciones presentadas contra los actos de los partidos y movimientos políticos que sancionen a sus miembros por la violación de sus normas estatutarias, sí faculta a dicho Consejo en su numeral 5 para "Velar por el cumplimiento de las normas sobre partidos y movimientos políticos". Conviene anotar que la libertad y autonomía de los partidos y movimientos políticos para dictarse sus estatutos y tomar decisiones conforme a ellos, aducida por el demandante en apoyo de la acusación enunciada, no es absoluta, porque deben sujetarse a la Constitución y la Ley y respetar los derechos humanos. Sobre la causal de violación al debido proceso: el Consejo Nacional Electoral no fundamentó el acto acusado en el régimen legal de bancadas, por la sencilla razón de que cuando dicho acto se expidió (13 de septiembre de 2004) el Congreso no había proferido dicho régimen y solo vino a hacerlo mediante la Ley 974 de 2005, "Por la cual se reglamenta la actuación en bancadas de los miembros de las corporaciones públicas y se adecua el Reglamento del Congreso al Régimen de Bancadas".
 

Precisa que en los estatutos de los partidos y movimientos políticos se deben regular el proceso para la postulación, selección e inscripción de sus candidatos que aspiren a cargos y a corporaciones de elección popular, definiendo en su cuerpo estatutario las prohibiciones, restricciones o condicionamientos para que parientes se postulen por la misma lista y partido político al cargo de edil. Sin embargo, tal y como lo dispone el artículo 28 ídem los partidos y movimientos políticos con personería jurídica podrán inscribir candidatos a cargos y corporaciones de elección popular previa verificación del cumplimiento de las calidades y requisitos de sus candidatos, así como de que no se encuentran incursos en causales de inhabilidad o incompatibilidad, prescritos en la Constitución Política o en la Ley.
 

Amplia hasta el 31 de diciembre de 2021, el plazo para que los Partidos y Movimientos Políticos que no lo tengan previsto en sus estatutos, la realización de sus convenciones de forma no presencial en razón a la pandemia del Coronavirus Covid-19 y la posibilidad de hacer uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones administrativas.
 

Señála el número máximo de cuñas radiales, avisos escritos en medios de comunicación, vallas publicitarias, diarias que pueden emitir las candidaturas independientes, procesos y prácticas organizativas de las juventudes, así como los partidos y movimientos políticos que postulen listas en las elecciones de Consejos de Juventudes que se lleven a cabo en el año 2021.