Establece la estructura y organización de la Procuraduría General de la Nación. Naturaleza jurídica, organización, funciones de la Procuraduría General de la Nación, de las Procuradurías a nivel territorial, del Ministerio Público ante las autoridades judiciales, carrera administrativa, sistema de nomenclatura, clasificación de los empleos, ingreso y concurso de méritos, retiro del servicio, remuneración, prestaciones sociales, requisitos, inhabilidades e incompatibilidades, calidades y régimen disciplinario de los funcionarios y empleados.
 

Adiciona unas funciones al Procurador General de la Nación y a sus Delegados, relativas a la implementación y el fortalecimiento de la Conciliación en la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Modifica la planta de personal de la Procuraduría General de la Nación.
 

El control disciplinario que ejerce la Procuraduría General de la Nación no constituye ejercicio de función jurisdiccional. La Procuraduría no juzga ni sentencia, puesto que no es un juez; es la máxima autoridad disciplinaria en el ámbito externo de ejercicio de la potestad disciplinaria, pero como se aclaró, esa es una manifestación de la función administrativa, no de la función jurisdiccional. El juez competente es la jurisdicción contencioso-administrativa, encargada de ejercer el control sobre los actos administrativos disciplinarios y el procedimiento seguido para adoptarlos.
 

La Procuraduría General de la Nación es un organismo de control, independiente y autónomo, de carácter administrativo, por lo tanto está sujeta a los principios de orden constitucional que rigen la función administrativa, este organismo está al servicio de los intereses generales, por tal motivo se estableció que los controles realizados en cabeza de los funcionarios públicos, de conformidad con el artículo 209 superior se enmarquen dentro de los imperativos de la igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad "mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones".
 

El Ministerio Público pide que se declare la EXEQUIBILIDAD de las expresiones demandadas, por cuanto no encuentra contradicción alguna entre el precepto acusado y las normas constitucionales indicadas en la demanda como vulneradas.
 

Prevención de riesgos que pueden presentarse en Procesos de Contratación en el Marco de la Emergencia Sanitaria por causa de la pandemia covid19 y medidas de control.
 

Insta a la socialización de la Circular 06 de 2021 expedida por la Procuraduría Delegada para la salud, la Protección Social y el Trabajo Decente donde precisan que las entidades del orden nacional y territorial a dar estricto cumplimiento a las normas para el funcionamiento de la Misión Medica, entre otros.
 

Implementar la ley 2094 de 2021, separación de funciones de instrucción y juzgamiento, doble instancia y doble conformidad.
 

Declara la Sección Segunda del Consejo de Estado la legalidad condicionada del inciso segundo del artículo 46 del Decreto 1352 de 2013, en el sentido que la potestad allí contenida solo puede ejercerse si (i) la Procuraduría no ha iniciado una investigación previamente por los mismos hechos, o (ii) la Procuraduría General de la Nación no reclama su poder preferente para llevarla a término, a pesar de haber sido iniciada por el Ministerio del Trabajo, conforme lo indicó la Corte Constitucional en la Sentencia C-914 de 2013 y la nulidad de los artículos 5 (excluidos los parágrafos 3 y 4), 8, 9 (incluido el parágrafo), así como de los parágrafos 2 y 3 del artículo 6 y del parágrafo tercero del artículo 49 del Decreto 1352 de 2013 toda vez que el Gobierno Nacional consagró una inhabilidad, esto es, una restricción al ejercicio o desempeño de un empleo, puesto que determinó que los integrantes principales de las Juntas de Calificación de Invalidez no pueden prestar a título personal o por interpuesta persona servicios de asistencia, representación o asesoría en asuntos relacionados con sus funciones, en ninguna entidad durante y hasta por el término de dos (2) años después de su retiro como integrante principal de la Junta de Calificación de Invalidez, para lo cual no tenía competencia, puesto que, tal como se señaló previamente estas prohibiciones solo pueden ser establecidas en la Constitución Política o en la ley.
 

La Corte Constitucional ORDENA a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios de la Procuraduría General de la Nación que adelante la vigilancia del cumplimiento de las órdenes impartidas en la presente providencia. Con tal fin, deberá coordinar reuniones trimestrales entre la ANT, la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar (CSB), la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Simití (Bolívar) y la Defensoría del Pueblo, así como con los accionantes y sus representantes, según las consideraciones expuestas en esta providencia. De igual forma, la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios de la Procuraduría General de la Nación deberá garantizar la participación de los accionantes y sus representantes en el proceso de verificación y vigilancia de las órdenes proferidas por la Sala Plena en el presente asunto.