La institucionalización de una justicia de menores no constituye un atentado contra los derechos de los menores, ni va en detrimento del deber de protección que recae en la sociedad y el Estado. La comunidad internacional ha reconocido la necesidad de crear un sistema judicial especializado que permita resolver el problema de la delincuencia juvenil desde la perspectiva de la resocialización, la tutela y la rehabilitación. Mientras la ley se ajuste a los principios constitucionales que guían el juzgamiento de menores, la existencia misma de esta jurisdicción no merece reproche de constitucionalidad.
 

Se tipifica como contravención el consumo y porte de dosis personal de estupefacientes o sustancias que produzcan dependencia, con peligro para los menores de edad y la familia, art. 1 a 3. Serán competentes para conocer de las contravenciones tipificadas los jueces penales o promiscuos municipales, con el procedimiento previsto para las contravenciones especiales, art. 5 y 6. Cuando el autor de cualquiera de las conductas contravencionales sea un menor de edad podrá ser sometido a tratamiento de rehabilitación y desintoxicación a cargo del Estado, art. 9.
 

Expide el Código de la Infancia y la Adolescencia, con el fin de garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Señala los principios rectores del Sistema de Responsabilidad Penal para adolescentes, autoridades y entidades del sistema, responsabilidad del daño por conductas punibles realizadas por personas mayores de 14 años y que no hayan cumplido los 18 años de edad, sanciones aplicables a los adolescentes a quienes se les haya declarado su responsabilidad penal.
 

Reglamenta parcialmente la Ley 1098 de 2006 "por la cual se expide el Código de Infancia y adolescencia" sobre las obligaciones del Estado, la sociedad y la Familia en la prevención de la comisión de infracciones a la ley penal por parte de niños, niñas y adolescentes y su reincidencia, así como las responsabilidades de los padres o personas responsables del cuidado de los menores de edad que han cometido tales infracciones, dentro de los procesos administrativos o penales que se adelanten por parte de las autoridades competentes. Las autoridades administrativas y judiciales, tomarán en cuenta el deber de escuchar el parecer de la madre, padre o representante legal, cuando sea procedente. Asimismo establece las medidas respecto de los padres y cuidadores de niños, niñas y adolescentes menores y mayores de 14 años.
 

Expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, ¿Prosperidad para Todos¿. Establece que el Gobierno Nacional con el concurso de los gobiernos territoriales dará prioridad al Sistema de responsabilidad Penal para Adolescentes, SRPA, y toma algunas decisiones al respecto (art. 201).
 

Se crea el Sistema Nacional de Coordinación de Responsabilidad Penal para Adolescentes (Sncrpa), como una instancia para la coordinación y articulación interinstitucional, intersectorial e intersistémica y la fijación de parámetros técnicos, que entre otras realizará el seguimiento y la evaluación de las acciones contempladas en las Leyes 906 de 2004, 1098 de 2006, 1453 de 2011, 1622 de 2013 y 1450 de 2011 en lo relacionado con la responsabilidad penal para adolescentes, o las normas que las modifiquen, o sustituyan, respetando en todo caso el marco de competencias constitucionales y legales de las entidades que lo conforman. Por lo anterior, se define su conformación, invitados, objetivos, funciones, presidencia, sesiones, secretaría técnica y comité técnico.
 

Reglamenta la prestación del servicio educativo en el marco del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), en concordancia con lo dispuesto en el Libro II de la Ley 1098 de 2006 y el Capítulo 5 del Título III de la Ley 115 de 1994. Define su ámbito, propósito, características, reglas de prestación del servicio, atención al adolescente, jornada escolar, prohibición de cobro, planta docente, contratación del servicio educativo, contrato de oferta educativa y requisitos; financiación, egreso del adolescente o joven del sistema de responsabilidad penal; responsabilidades de padres o acudientes; lineamientos educativos, acompañamiento a centros de atención especializada y centros de internamiento preventivo; educación virtual, formación a docentes, inspección, vigilancia e informe anual al Consejo de Política Social.
 

Crea el Comité de Coordinación Distrital de Responsabilidad Penal para Adolescentes, como instancia de coordinación, articulación interinstitucional, intersectorial e intersistémica a nivel distrital y entre el Distrito y la Nación, para la fijación de parámetros técnicos en el diseño, ejecución y evaluación de la política pública de infancia y adolescencia al interior del Distrito Capital, y determine la conformación del mismo, en aras de garantizar el cumplimiento de las funciones establecidas por el Decreto 1885 de 2015.
 

Aprueba las modificaciones en la redacción del Lineamiento técnico del modelo para la atención de adolescentes y jóvenes adoptables o vinculados al sistema de responsabilidad penal, en preparación para la vida autónoma e independiente del proyecto sueños, oportunidades para volar.
 

Delega en el Director de Inclusión e Integración de Poblaciones la representación de la Secretaria de Educación del Distrito ante el Comité de Coordinación Distrital de Responsabilidad Penal.