Régimen de bienes, activos de liquidación; pasivos, Art. 18 a 22. Acreencias y reclamaciones, emplazamientos, términos, inventarios, informes, Art. 23 a 26. Avalúo de bienes e inventarios, Art. 27 a 29.Destinación de bienes y pago de obligaciones, enajenación de bienes, traspaso, Art. 30 a 35. Acta de liquidación, contabilidad, culminación, archivos, inspección y vigilancia, transición, Art. 36 a 42.
 

Informe de Procesos, art. 1. Contenido del informe, art. 2. Defensa de la entidad en liquidación, art. 3. Entrega de archivos de procesos y reclamaciones, art. 4. Informe mensual, art. 5.
 

Se reglamenta el Decreto 254 de 2000, en relación con la culminación del Proceso Liquidatorio, art. 1. Procesos Liquidatorios adelantados por otra entidad estatal, participación en la Fórmula de Adjudicación, art. 2 y 3.
 

Modifica el Decreto-ley 254 de 2000, sobre procedimiento de liquidación de entidades públicas de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional. Las modificaciones se refieren al ámbito de aplicación del Decreto-ley, el plazo para realizar la liquidación y la dirección de la misma; señala con respecto al liquidador, la competencia, funciones, actuaciones, plazos, inventarios y estudio de títulos. Determina los bienes excluidos de la masa de la liquidación, emplazamiento, inventario de procesos judiciales y reclamaciones de carácter laboral y contractual, avalúo de bienes, enajenación de activos a otras entidades públicas y a terceros, contratos de fiducia. Establece que las entidades que se encontraban en proceso de liquidación a la fecha de entrada en vigencia del Decreto-ley 254 sin un plazo establecido, tendrán un término máximo e improrrogable de 2 años, contados a partir del 13 de dici9embre de 2006, para culminar su proceso de liquidación.
 

Reglamenta los artículos 30 y 31 del Decreto-ley 254 de 2000, por elcual se expide el régimen para la liquidación de las entidades públicas del orden nacional, en cuanto la enajenación de activos a otras entidades públicas y a terceros.
 

Reglamentan los artículos 8° de la Ley 708 de 2001 y 238 de la Ley 1450 de 2011, sobre movilización de activos del Estado, y se dictan otras disposiciones. Establece que todas las entidades públicas del orden nacional, territorial y los órganos autónomos e independientes, cualquiera sea su naturaleza, deberán continuar reportando y/o actualizando, según el caso, la información general, técnica, administrativa y jurídica sobre todos sus activos fijos inmobiliarios, al SIGA, incluyendo los que hayan recibido de entidades en liquidación y estén afectos al pasivo pensional (art. 3). Además determina el procedimiento para la movilización de activos del Estado, estableciendo como debe ser la cesión de cartera al Colector de Activos Públicos (CISA) y la transferencia de inmuebles a CISA y de esta a otras entidades públicas, la transferencia de recursos y comisiones producto de la enajenación, y los planes de enajenación onerosa de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y los Órganos Autónomos e Independientes.
 

Expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, ¿Prosperidad para Todos¿. Modifica los art. 25 y 28 del Decreto-ley 254 de 2000, sobre el inventario de procesos judiciales y reclamaciones laborales de carácter laboral y contractual, y sobre el avalúo de bienes de las entidades públicas en liquidación, respectivamente (arts. 236 y 237); además establece la movilización de activos de algunas entidades públicas del orden nacional al Colector de Activos Públicos ¿ CISA, en determinadas circunstancias (art. 238).