La Corte advierte que no es el juez de tutela quien debería indicar qué estrategias se deben aplicar en un caso de acoso escolar. En estos asuntos el operador judicial debe tener en cuenta que para restaurar los derechos de las víctimas y para garantizar el aprendizaje (no sanción) de los infractores, se requiere de herramientas que varían de un caso a otro, de acuerdo con el nivel de complejidad del conflicto. Ante tal escenario y en atención a los artículos 5.1., 5.10 y 5.14. de la Ley 715 de 2001 la Corporación ordenó al Ministerio de Educación, en coordinación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, que lidere la formulación de una política general que permita la prevención, la detección y la atención de las prácticas de hostigamiento, acoso o matoneo escolar, de manera que sea coherente con los programas que se adelantan en la actualidad, con las competencias de las entidades territoriales y que constituya una herramienta básica para la actualización de todos los manuales de convivencia. Para tal efecto, se dispondrá el término de seis meses.
 

Crea los Planes Integrales de Convivencia y Seguridad Escolar, PICSE como herramientas de planeación y gestión de las instituciones educativas distritales en materia de la seguridad escolar y convivencia estudiantil en Bogotá, D.C., los cuales tendrán como objetivo principal prevenir los problemas de seguridad y de convivencia de los estudiantes al interior y en los entornos de los centros educativos, cada institución educativa distrital promoverán para toda la comunidad educativa las prácticas de convivencia y las condiciones de seguridad, Los resultados de los PICSE de cada institución educativa serán instrumento vinculante para el Sistema Distrital de Seguridad Escolar y el Observatorio de Convivencia Escolar, de tal manera que las políticas distritales en la materia, cuenten con mayor efectividad y pertinencia.