Se reglamenta los sistemas que garantiza el acceso de las personas sordas e hipoacúsicas al servicio público de televisión. De igual manera se establece los sistemas o mecanismos de acceso, televisión analógica, televisión digital, interpretación de la lengua de señas colombianas, las obligaciones de los operadores y/o concesionarios entre otros.
 

La Corte Constitucional, interpretó que la normalización social plena no es la imposición de un deber para la persona con discapacidad, sino para la sociedad en su conjunto, que está constitucionalmente llamada a modificar sus prácticas y elementos, a fin de garantizar el reconocimiento de la persona con discapacidad en su diferencia y en su innegable condición de individuo pleno y autónomo, titular de derechos fundamentales de goce diferencial, merced de su condición de sujeto de especial protección.