La Sala considera que el decreto mediante el cual el Alcalde adopta el Plan de desarrollo, tiene fuerza de acuerdo y que la circunstancia de pasar a depender de Bienestar Social no implica la modificación de naturaleza jurídica de las comisarías, pues conservan la función policiva reconocida en el Código del Menor.
 

Se trasladan las funciones de las Comisarías de Familia de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Mayor, al Departamento de Bienestar Social DABS, determina la fecha, Art. 1 y 2. Se procederá a la modificación e incorporación en las plantas globales respectivas, Art. 3. Vigencia, Art. 4.
 

Se adopta el manual de Procesos de competencia de las Comisarías de Familia, órdenes administrativas, responsabilidad, art. 1 a 4. Vigencia, art. 5.
 

Se establece período de transición para efectuar empalme administrativo del traslado de las comisarías de familia, art. 1. Contratación, art. 2. Prestación de servicios, art. 3. Vigencia, Art. 4.
 

Amplia en el Distrito Capital, a 36 Comisarías de Familia fijas y 2 móviles para asegurar la eliminación progresiva de barreras de acceso a la justicia familiar. Faculta al Departamento Administrativo de Bienestar Social para que establezca la cobertura que deben hacer las comisarías semi-permanentes y permanentes cuando las demás comisarías no se encuentran en servicio y para asignar los horarios de las comisarías de familia en el territorio del Distrito, conforme a las necesidades de cada localidad. Determina que el DABS implementará planes de preservación de la salud mental de los servidores (as) de las Comisarías de Familia, teniendo en cuenta los postulados fijados en el presente Acuerdo.
 

Otorga funciones transitorias de policía judicial a las Comisarías de Familia, los sicólogos y los trabajadores sociales que las integran, en todo el territorio nacional, por el término de 5 años, para que las cumplan dentro de su respectiva jurisdicción. Para ello la Fiscalía brindará el apoyo técnico y la instrucción necesarios para el cumplimiento de las funciones de policía judicial, especialmente en el manejo técnico de los elementos de prueba y la apropiada aplicación del procedimiento de cadena de custodia, en los términos del manual de procedimientos.