Se dictan disposiciones en relación con la preservación y recuperación del espacio público construido y su armonización con los derechos de los vendedores informales, clasificación, art. 1 y 2. Etapas de la actuación administrativa: el Alcalde Local levantará un acta de la diligencia de restitución del espacio público y remitirá copia de la misma al Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, a efectos de configurar el inventario, art. 8.
 

Emite concepto jurídico sobre los procedimientos, artículos, decretos, facultades que autorizan a la Administración Distrital de Bogotá para desalojar los vendedores informales, las órdenes firmadas por jueces, las soluciones y alternativas que se les ha brindado a los informales antes de retirarlos del espacio público, así como también cuáles son las ordenanzas o las instrucciones que se les ha dado al Comandante de Policía del Espacio Público en la localidad de Chapinero para tales fines.
 

Emite concepto jurídico respecto al tema de cerramiento de parques y urbanizaciones, así como todo lo referente al respectivo trámite administrativo que regula la recuperación de espacios públicos, en especial de los denominados cerramientos, también la normatividad aplicable en materia de parqueaderos o estacionamientos comunales, vecinales, bahías, y en general aquellos que pertenecen al espacio público.
 

Concepto jurídico respecto a la pérdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos proferidos por los Alcaldes Locales de Bogotá D.C. (en primera instancia) o el Consejo de Justicia de Bogotá D. C.  Sala de Decisión de Contravenciones Administrativas, Desarrollo Urbanístico y Espacio Público (en segunda instancia), dentro de los procesos policivos que ordenan restituir el espacio público indebidamente ocupado, a la luz del actual Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA: Ley 1437 de 2011, art. 91.
 

De conformidad con las normas que regulan sus funciones y atribuciones, en el marco de los procesos de recuperación del espacio público es el de ser una entidad de apoyo técnico, jurídico y logístico para que tales procesos sean eficaces, eficientes y se logre la protección de la integridad del espacio público y su destinación al uso común, tal como lo ordena el artículo 82 de la Constitución Política de 1991. Los procedimientos de recuperación del espacio público frente a vendedores informales o las diligencias de sostenibilidad del espacio público frente a vendedores informales son adelantados por las Alcaldías Locales (en cada una de sus jurisdicciones), los Inspectores de Policía (en cada una de sus jurisdicciones) y la Policía Nacional  Policía Metropolitana de Bogotá  MEBOG, de acuerdo con sus competencias.
 

Del estudio del acápite de este documento denominado análisis jurídico, esta Oficina Asesora Jurídica le informa que no es de competencia de esta entidad atender su petición, en este sentido, su solicitud, por competencia, fue trasladada al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO  IDU del Distrito Capital de Bogotá, con fundamento en el artículo 186 del POT de Bogotá (Decreto Distrital 190 de 2004), mediante el radicado DADEP No. 2018110015953 del 06/12/2018, que se adjunta al documento.
 

Responde a inquietud de la Veeduría Distrital relacionada a información respecto al cumplimiento de la sentencia C-211 de 2017 de la Corte Constitucional, Ley 1801 de 2016, artículo 140.4 y la competencia o medidas del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP, para implementar políticas públicas dirigidas a contrarrestar los efectos nocivos de la recuperación del espacio público causados a comerciantes informales. De está manera el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público manifiesta que su gestión está dirigida a velar por la integridad del espacio público y su destinación al uso común, mientras que la del Instituto Para la Economía Social - IPES- es la Entidad encargada proporcionar soluciones y alternativas a los vendedores informales. El Departamento en mención agrega que no existe en Colombia normatividad que regule la actividad de comercio informal y de que hay un marco normativo y jurisprudencial de protección del espacio público, entre estas la Sentencia C-211 de 2017 de la Corte Constitucional, y concluye que continuara recuperando los espacios públicos de Bogotá D.C., indebidamente ocupados, respetando los derechos de los ciudadanos y acatando la jurisprudencia.
 

Emite concepto jurídico a la Oficina Asesora Jurídica de la Secretaría Distrital de Gobierno con el fin de manifestar que no es viable jurídicamente decretar la declaratoria de perdida de fuerza ejecutoria de las actuaciones administrativas que son favorables a la conservación y protección del espacio público, como consecuencia de que se desconocerían normas constitucionales que protegen la preservación del derecho colectivo de espacio público.
 

Emite concepto sobre artículo 51 de la ley 2079 de 2021, respecto al plan de administración y cuidado del espacio público objeto de restitución, con el propósito de mejorar las condiciones de seguridad de la zona.
 

Conceptúa que el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público no es competente para pronunciarse sobre la modificación o no de las condiciones de las garantías asociadas a dicha entrega y titulación de ese tipo de suelo no obstante recomienda que se socialice con la ERU el concepto emitido en su momento por la Secretaría Distrital de Planeación y que es de su conocimiento (2-2021-16126, el cual contiene la posición de la Dirección de Análisis y Conceptos Jurídicos de la SDP), y donde se efectúan reflexiones sobre dicho tenor.
 

Lo anterior expresa de forma clara que el artículo en estudio no constituye un derecho a conservar las construcciones existentes sobre el espacio público por parte de los ciudadanos. Por el contrario, confirma que las autoridades encargadas de los procesos de restitución deben velar por la libre disposición, acceso y circulación de todos los ciudadanos al espacio público (motivo para que la norma se limite únicamente a los casos discutidos en procesos de restitución), pero que en dichas actuaciones se pueda concertar ciertas condiciones fundadas en la seguridad de la ciudadanía para que esta última pueda garantizarse.