Regula un arancel judicial constituido como contribución parafiscal destinada a sufragar gastos de funcionamiento e inversión de la administración de justicia. Determina los sujetos activos y pasivos, su hecho generador, las excepciones al cobro, la base gravable, la tarifa, forma de liquidación, destinación, vigencia y recaudo, retención y pago.
 

Expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, ¿Prosperidad para Todos¿. Adiciona el art. 4° de la Ley 1394 de 2010 exceptuando del pago de arancel judicial al Colector de Activos Públicos ¿ CISA (art. 239).
 

Fija un arancel judicial, que se define como una contribución parafiscal destinada a sufragar gastos de inversión de la Administración de Justicia. Dicho arancel se genera en todos los procesos judiciales con pretensiones dinerarias, con las excepciones previstas en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y en la presente ley. En cuanto a las excepciones señala que no podrá cobrarse arancel en los procedimientos arbitrales, de carácter penal, laboral, contencioso laboral, de familia, de menores, procesos liquidatorios, de insolvencia, de jurisdicción voluntaria, ni en los juicios de control constitucional o derivados del ejercicio de acciones de tutela, populares, de grupo, de cumplimiento y demás acciones constitucionales. No podrá cobrarse arancel judicial a las personas jurídicas de derecho público, salvo las que pertenezcan al sector financiero o que sean vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, sin importar su naturaleza jurídica y los colectores de activos públicos señalados como tales en la ley cuando sean causahabientes de obligaciones dinerarias de alguna entidad del sector financiero.