¿...es claro que la formulación de derechos de petición, de cualquier índole requiere de la persona que lo presente se identifique, y si es del caso, indique la dirección a donde la administración le pueda remitir la respuesta pertinente sobre la actuación solicitada o le haga algún requerimiento de ser necesario. Situación distinta se da cuando, una entidad solicita copia de los edictos proferidos por la Contraloría de Bogotá en respuesta a los derechos de petición invocados por anónimos, los cuales pueden tener o no relación con funcionarios de la institución solicitante, en cualquiera de los casos no impide a la Direccion Sectorial su expedición, puesto que los edictos ya son documentos públicos sin reserva legal¿.
 

Se señala que ¿(...) Las peticiones formuladas por ciudadanos, concejales, ediles, congresistas y periodistas, son de obligatorio trámite dentro de la oportunidad que establece las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.(...)¿, ¿(...) Sin embargo, existe trámite preferencial en algunos casos especiales, que consiste en la garantía de la cual gozan ciertos servidores públicos para que la entidad resuelva las pretensiones formuladas a través del derecho de petición, dentro de un término menor al establecido(...)¿, de conformidad con el Código Contencioso Administrativo. De igual manera ¿(...) el derecho de petición es informal en la medida que puede ser invocado por cualquier persona, sin que sea indispensable el cumplimiento de requisitos formales ni de fórmulas exactas diferentes a la sola presentación de una solicitud respetuosa (...)¿, por lo que ¿(...) el derecho de petición está íntimamente ligado al Estado Social de Derecho, en la medida en que su propósito es defender la dignidad humana y la vigencia efectiva de los derechos inalienables de la persona. (...)¿.
 

Resuelve consulta sobre la aplicación del artículo 30 de la Ley 1755 de 2015, en el que se establece el término para responder a peticiones entre autoridades. Con el repaso de las normas legales y sentencias de la Corte Constitucional, concluye que, cuando la Contraloría de Bogotá actúe frente a sus sujetos de vigilancia y control fiscal en el desempeño de su misión institucional, con fundamento en la legislación vigente (Leyes 42 de 1993, 610 de 2000 y 1474 de 2011), es decir, en vigilancia de la gestión fiscal, en cualquiera de sus etapas o modalidades, o en el proceso fiscal en búsqueda del resarcimiento por el detrimento patrimonial del Distrito, está facultada para fijar la forma y términos de rendición de cuentas o informes, atendiendo criterios de razonabilidad y proporcionalidad de acuerdo con la cantidad y complejidad de la información solicitada y el alcance de la auditoría en curso, sin que ello implique en modo alguno desatención de la Ley 1755 de 2015.
 

Adopta el Procedimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano- PAAC, el cual es un instrumento de gestión con contenido estratégico y articulado a la gestión y los objetivos institucionales, para garantizar el mejoramiento de la gestión y del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad.
 

Adopta la nueva versión del "Procedimiento para la recepción y trámite del derecho de petición" con el objeto de estandarizar las actividades necesarias para recepcionar, radicar, direccionar y hacer seguimiento a los derechos de petición interpuestos ante la Contraloría de Bogotá, D.C. con el propósito de garantizar el efectivo ejercicio de tal derecho fundamental.
 

Adopta la nueva versión 8.0 del "Procedimiento para la recepción y trámite del derecho de petición" con el objeto de estandarizar las actividades necesarias para recepcionar, radicar, direccionar y hacer seguimiento a los derechos de petición interpuestos ante la Contraloría de Bogotá, D.C. con el propósito de garantizar el efectivo ejercicio de tal derecho fundamental. Por quedar derogada la Resolución Reglamentaria 048 de 2016, se adopta este procedimiento a partir del 6 de febrero de 2018.
 

Conceptúa sobre la Judicatura como requisito para acceder al título de abogado.