Define, determina y establece el acceso especial y prioritario, el conjunto de medidas, programas de política pública y recursos financieros e institucionales, dirigidos a asegurar el goce efectivo de los derechos fundamentales y colectivos de las víctimas pertenecientes a los pueblos indígenas, con el objetivo de garantizar su tejido social, restablecer la vigencia efectiva de los derechos de las víctimas, brindarles condiciones para llevar una vida digna y garantizar su incorporación a la vida social, económica, cultural y política, de conformidad con la Ley de Origen, Ley Natural, el Derecho Mayor o Derecho Propio y el bloque de constitucionalidad.
 

Ordena a la Caja de la Vivienda Popular, realizar el pago y los procesos para las relocalizaciones transitorias de las familias que integran la población Embera y Wounnan ubicadas en el Parque Santander de la Localidad de la Candelaria y en la Localidad de Ciudad Bolívar. Para lo anterior igualmente ordena la realización del censo respectivo dentro de las doce (12) horas siguientes a la expedición del presente Decreto.
 

Introduce modificaciones a la Ley 975 de 2005. El Estado ofrecerá especiales garantías y medidas de protección a los grupos expuestos a mayor riesgo de las violaciones a que se refiere el artículo 5° de la presente ley, tales como mujeres, jóvenes, niños y niñas, adultos mayores, personas en situación de discapacidad, campesinos/ as, líderes/lideresas sociales, miembros de organizaciones sindicales, defensores/as de Derechos Humanos, víctimas de desplazamiento forzado y miembros de pueblos o comunidades indígenas, ROM, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, cuando el riesgo se genere con ocasión de su participación en el proceso judicial especial de que trata la presente ley.
 

Modifica el Decreto 539 de 2012 y adopta medidas para incorporar el enfoque diferencial en la política de vivienda distrital en relación con comunidades indígenas víctimas del conflicto armado. Para efectos de concretar opciones reales para la reubicación de comunidades indígenas en predios de la ciudad, y con el fin de facilitar la implementación de programas de autogestión y desarrollo progresivo, el suelo previsto en el Plan Parcial Tres Quebradas para el desarrollo de lotes con urbanismo y unidad básica, deberán ser destinados a lo previsto en este decreto, sin perjuicio de que la Secretaría del Hábitat en coordinación con Metrovivienda asigne terrenos adicionales.
 

Adopta el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 "Todos por un nuevo país". Se ordena a las entidades nacionales realizar la identificación de las asignaciones presupuestales específicas para los pueblos indígena; la elaboración de presupuestos en los que de manera específica se señalen las partidas presupuestales, incluir dentro del SINERGIA las estrategias y metas acordadas con los pueblos indígenas, así como la elaboración de la política pública para la protección de derechos de las familias, mujeres, niñas y niños jóvenes y mayores indígenas. (Artículos 114 a 117).
 

Define la reubicación transitoria de las familias de la comunidad Embera, incluidas según los criterios establecidos en el Decreto Distrital 166 de 2014 Por medio del cual se modifica el Decreto 539 de 2012 y se adoptan medidas para incorporar el enfoque diferencial en la política de vivienda distrital en relación con comunidades indígenas víctimas del conflicto armado. Esta medida será implementada, previa cuantificación de la misma por la Dirección de Reasentamientos y la suscripción y presentación del documento referencia con sus anexos, se asignará mediante acto administrativo suscrito por el Director de Reasentamientos de la Caja de la Vivienda Popular.
 

Teniendo en cuenta que con la atención dada por la Entidad del orden nacional a la comunidad Embera, la finalidad del Decreto 166 de 2014 se cumplió, y es necesario revocar la Resolución No. 017 de 2016, teniendo en cuenta que la misma no ha generado situaciones jurídicas particulares o concretas, respecto de la comunidad indígena Embera, tornándose posible su revocatoria directa sin consentimiento previo, expreso y escrito.
 

La Corte determina que la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) vulnera los derechos de una persona y su núcleo familiar, especialmente si se trata de miembros de comunidades indígenas, cuando les niega la inclusión en el Registro Único de Víctimas (RUV) bajo el argumento que su solicitud fue presentada de manera extemporánea, sin exponer los motivos que sustenten dicha afirmación y sin que la misma aparezca evidente.
 

Adopta el Modelo de Seguimiento a las Comunidades Étnicas Víctimas de Desplazamiento Forzado a las que se refieren los Decretos Ley 4633 y 4635 de 2011. Dicho modelo se emite de conformidad con los derechos colectivos, componentes y criterios que se definen y tendrá como propósito determinar el avance en los derechos colectivos de las comunidades étnicas en proceso de retomo y reubicación.