El empleador debe prestar al accidentado los primeros auxilios, aun cuando el accidente sea debido a provocación deliberada o culpa grave de la víctima. Así mismo, el empleador puede contratar libremente la asistencia médica que debe suministrar según lo dispuesto en este Capítulo, pero, en todo caso, con un médico graduado o facultado legalmente para ejercer su profesión. Por lo tanto, se compilan disposiciones referentes a la valuación de incapacidades permanentes de accidentes de trabajo; aplicación de la tabla; casos no comprendidos en la tabla; calificación de incapacidades; salario base para las prestaciones; seguro por riesgos profesionales.
 

Establece las obligaciones y requisitos mínimos para realizar la investigación de incidentes y accidentes de trabajo, con el fin de identificar las causas, hechos y situaciones que los han generado, e implementar las medidas correctivas encaminadas a eliminar o minimizar condiciones de riesgo y evitar su recurrencia. La presente resolución se aplica a los empleadores públicos y privados, a los trabajadores dependientes e independientes, a los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, a las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, a las agremiaciones u asociaciones que afilian trabajadores independientes al Sistema de Seguridad Social Integral; a las administradoras de riesgos profesionales; a la Policía Nacional en lo que corresponde a su personal no uniformado y al personal civil de las fuerzas militares.
 

Conforma el Equipo Investigador de los Incidentes y Accidentes de Trabajo de los Servidores Públicos del Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD.
 

La definición de accidente de trabajo del artículo 3 de la ley 1562 de 2012 involucra elementos que en principio son exclusivos de una relación laboral, tales como "durante la ejecución de órdenes del empleador", "labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo". No obstante, en cumplimiento de una finalidad constitucional, se incluyó dentro de dicho contexto al grupo de los contratistas independientes, por lo que con base en el artículo 25 del Decreto 723 de 2013 la afiliación de este tipo de trabajadores dentro del sistema de riesgo laborales no comporta la facultad de alterar la naturaleza del contrato de prestación de servicios a uno laboral, pues, la afiliación garantiza el cubrimiento de los riesgos que por la prestación de un servicio civil o comercial pueda sufrir una persona.
 

La jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, ha considerado que cualquier hecho o conducta lesiva de la integridad del trabajador puede considerarse como accidente laboral, en tanto lo que resulta determinante es que el hecho dañoso se produzca en el lugar y horario de trabajo, en el entendido de que esto es lo que determina que el accidente sea con ocasión al trabajo. De este modo, para el actor, aun cuando el daño haya sido producido por un tercero se presume que se originó por causa o con ocasión del trabajo, teniendo en cuenta que ni el artículo 9 del Decreto 1295 de 1994, ni el artículo 199 del Código Sustantivo del Trabajo (derogado por el precitado decreto) introdujeron la culpa como factor determinante de la responsabilidad del empleador en la definición del accidente de trabajo. Esta acepción permite que el accidente pueda producirse por cuenta de un tercero o por caso fortuito o de fuerza mayor y, por último, impone la carga de la prueba respecto de la responsabilidad del suceso al empleador (parte fuerte de la relación laboral) o a la Administradora de Riesgos Laborales, cuando el empleador ha trasladado la carga prestacional frente a dichos riesgos.