Grupos de trabajo integrados por funcionarios del más alto nivel que se responsabilicen de adoptar medidas tendientes a asegurar una defensa idónea de los intereses litigiosos de cada entidad.
 

Señala los requisitos para la conciliación en procesos contencioso administrativo tributarios, en procesos de primera y única instancia o ante el Consejo de Estado, el trámite para realizar la conciliación y pago. Determina los requisitos para la terminación por mutuo acuerdo de estos procesos, pago en terminación por mutuo acuerdo, improcedencia de la terminación por mutuo acuerdo y asigna funciones al Comité de Defensa Judicial y de Conciliación de la DIAN.
 

Adopta la política de conciliación y defensa judicial y se establecen directrices para su aplicación a casos análogos. Tiene por objeto servir como directriz cuando el ministerio de educación nacional esté convocado o constituido como parte en instancias de conciliación prejudicial, judicial y de procesos arbitrales, que tengan como origen controversias relacionadas con actos, hechos, omisiones, operaciones o contratos propios de instituciones de educación superior, instituciones educativas, entidades descentralizadas y fondo de prestaciones sociales del magisterio.