El trabajo como uno de los fundamentos de la Constitución. Estabilidad laboral como principio general. Estabilidad en los empleos de carrera administrativa. Igualdad en el trabajo. Declara exequible, por el aspecto material, el artículo 2º de la Ley 60 de 1990. Declara inexequible el Decreto 1660 de 1991.
 

El proceso de modernización del Estado no puede vulnerar los derechos constitucionales, los principios rectores del comportamiento económico y social del Estado o los valores protegidos en el mismo texto. Se trata de hacer compatible la política de modernización del Estado, con los derechos fundamentales de los ciudadanos y en particular con el derecho al trabajo de los servidores públicos. La su reestructuración la autoridad competente deberá respetar el derecho al trabajo y los que de él se desprenden, el principio de igualdad de oportunidades para los trabajadores y el derecho a la estabilidad laboral con sujeción a una carrera administrativa.
 

Declara nulo el artículo 1º del Decreto Distrital 791 de 1988, en la parte correspondiente a los cargos de: Asesor II, Grado 18 y Asesor I, Grado 17. La carrera administrativa en la Constitución Política. Competencia para su regulación.
 

El simple hecho de que la ley establezca privilegios a favor de los empleados de carrera no sólo no viola la Constitución, sino que constituye el desarrollo lógico de los pilares en que se apoya la carrera administrativa, precisamente las bases de la carrera consisten en la prevalencia y generalidad de la misma, la igualdad de oportunidades para acceder al servicio público, la eficiencia y la eficacia que deben orientar a la administración pública, la capacitación de los funcionarios, la estabilidad en el empleo y la disponibilidad de ascenso de los servidores públicos.
 

Expide normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa y la gerencia pública. Señala los principios de la función pública, como son los de igualdad, mérito, moralidad, eficacia, economía, imparcialidad, transparencia, celeridad y publicidad. Art. 2
 

¿Podríamos entonces afirmar que la jurisprudencia Constitucional deja en claro que los derechos de quienes están próximos a pensionarse, gozan de una especial protección y que por lo tanto quienes demuestren tal condición deben ser estrictamente amparados por el legislador y reglamentado por el ejecutivo, expidiendo las normas que aseguren su condición y les permita tener un más fácil y eficiente acceso al reconocimiento de sus derechos, no de otra manera se justificaría nuestra condición de Estado Social de Derecho. (¿) ¿De la misma manera, la Sala considera que con la norma acusada no se vulnera el principio de igualdad, extensamente considerado en el texto de la presente providencia, en razón a que las personas que tienen una expectativa próxima de pensión no se pueden comparar con aquellas que hasta ahora si inician su vida como servidores públicos o tienen como objetivo inscribirse en los concursos públicos a ser convocados para ocupar los cargos que ofrece el Estado, como quiera que mientras que en aquellos ya están consolidadas una serie de condiciones laborales y prestacionales, en éstos sólo si se inicia un proceso de vida laboral y sus expectativas de pensión aún son inciertas.¿
 

Quiere decir lo anterior que la Comisión Nacional del Servicio Civil en el trámite del concurso, tiene la facultad de adelantar acciones necesarias para garantizar su adecuación al principio del mérito, su competencia se extiende incluso a la posibilidad de dejar sin efecto el proceso de selección si encuentra irregularidades en el mismo. Con fundamento en dichas competencias, de encontrar irregularidades puede adelantar actuaciones tendientes a subsanarlas con el fin de asegurar que el orden establecido mediante la lista de elegibles sea el resultado directo del mérito demostrado por los aspirantes.