Se discute si el Municipio de Neiva es patrimonialmente responsable por los daños ocasionados con la suspensión parcial de una licencia de construcción que autorizó la urbanización de vivienda multifamiliar que construía la sociedad demandante en una zona definida como industrial. Se habla de dos conceptos: daño antijurídico y protección a la confianza legítima. Sobre el daño antijurídico, el artículo 90 de la Constitución señala que el Estado "responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables". ¿¿la jurisprudencia nacional, siguiendo algunos parámetros de la doctrina extranjera, dada la similitud de los artículos 106 de la Constitución Española y 90 de la Constitución Colombiana, ha definido el daño antijurídico como "la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en la obligación de soportar, que no está justificado por la ley o el derecho". ¿¿si el acto administrativo generador de un derecho es revocado porque se encontraron irregularidades que pudieron ser propiciadas, auspiciadas, avaladas o se originaron con la actuación u omisión de quien lo reclama, el daño cuya reparación se pretende no resulta antijurídico y, por ende, no puede ser indemnizado.¿.
 

Señala como funciones de la Dirección de Defensa Jurídica del Estado, la participación en la definición de las políticas y las estrategias generales de defensa jurídica del Estado, prevención del daño antijurídico y profesionalización de los apoderados del Estado, promover la utilización de los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, como fórmula de arreglo en las controversias jurídicas en que esté involucrada una entidad del Estado, prestar asesoría a las entidades públicas de los diversos niveles, y hacer seguimiento a los comités de conciliación, para verificar el cumplimiento de sus funciones, en especial el estudio y formulación de la acción de repetición, así como servir de mediador en los conflictos presentados entre entidades del estado, proponiendo formulas de arreglo.
 

Dicta directrices en cuanto a la coordinación de la defensa de procesos con cuantía superior a 2000 salarios mínimos mensuales vigentes, indicándole al abogado encargado del proceso con la cuantía señalada, que deberá proceder a calificar el riesgo y presentar al comité de conciliación o al representante legal de las entidades destinatarias del Decreto 1716 de 2009 un informe recomendando la conciliación de los procesos con calificación de alta probabilidad de condena. Lo anterior, permite que los comités de conciliación, en el ejercicio de su función de diseñar políticas generales de defensa, velen por la idoneidad de la defensa de los intereses jurídicos, orientando la debida interposición de acciones, excepciones, recursos y, actuaciones legales ante presuntas acciones, omisiones o vías de hecho que puedan configurar delitos contra la administración de justicia.
 

Adopta el Modelo de Gerencia Jurídica Pública para las entidades, organismos y órganos de control del Distrito Capital. Requiere a los jefes de entidades y organismos distritales verificar en detalle la observancia y cumplimiento de la Constitución, la Ley, los Decretos reglamentarios y los Acuerdos del Concejo y adoptar las medidas tendientes al cabal cumplimiento de las funciones, la prestación de los servicios y/o la ejecución de obras a su cargo, con miras a la realización de los fines del Estado. Emite recomendaciones para los temas de modificación de planta (art 51), criterios generales para la modificación de estructuras internas y plantas de cargos de las entidades y organismos distritales (art 52), desvinculación de funcionarios por modificación de plantas (art. 53), lineamientos para el cumplimiento del precedente constitucional en relación con la motivación de los actos de retiro de servidores públicos nombrados en provisionalidad en cargos de carrera (art. 55), etc.
 

Expide lineamientos metodológicos para la formulación y adopción de la Política de Prevención del Daño antijurídico por parte de los Comités de Conciliación de organismos y entidades distritales, determinando entre otros aspectos, los pasos para la elaboración de tales políticas identificando las actividades y el encargado de realizarlas.
 

Adopta la Política de Prevención del Daño Antijurídico al interior de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor De Bogotá, D.C
 

Invita a los Secretarios Técnicos del Comité de Conciliación de cada una de las entidades y organismos distritales a una capacitación relacionada con las funciones que estos (estas) tienen a su cargo.
 

Socializa la información para la implementación del Banco virtual de políticas de prevención del daño antijurídico, conciliación, defensa jurídica y casos de éxito en mecanismos alternativos de solución de conflictos de las entidades, órganos y organismos del Distrito.
 

Adopta la Política de Prevención del Daño Antijurídico del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER.
 

Establece un plazo de seis meses para que las entidades y organismos distritales, a través de sus comités de conciliación, expidan su manual de prevención del daño antijurídico.
 

Solicita que en el término de diez (10) días hábiles siguientes se informe la expedición y aprobación del Manual de Política de Prevención del Daño Antijurídico de las entidades y organismos distritales, conforme la Circular 003 del 14 de febrero de 2020 de la Secretaria Jurídica Distrital.
 

Adopta e implementa la Política de Prevención del Daño Antijurídico de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte- SCRD, y ordena su divulgación e inclusión en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.